El gobernador Carlos Ruckauf apuntó ayer sobre las megacomisiones de 150 millones de dólares que se pagó por el megacanje a un consorcio de 7 bancos y dijo que “corresponde a los organismos de control analizar si existieron irregularidades”. Así, se sumó a la ofensiva de un grupo de diputados justicialistas que alienta una investigación sobre el tema. Paralelamente, el juez federal Jorge Ballesteros libró ocho oficios a distintos organismos oficiales para determinar si hubo responsabilidad penal del ministro Domingo Cavallo y su segundo, el secretario de Finanzas, Daniel Marx, en el pago de esas onerosas comisiones al selecto grupo de entidades financieras que organizaron la operación.
Hasta ahora, sólo diputados del justicialismo, y en especial del menemismo, habían fogoneado la necesidad de investigar las megacomisiones pagadas por Cavallo. E incluso llegaron a esgrimir el tema como un elemento de presión para poner en una situación difícil al Gobierno tras la detención del ex presidente Menem. Sin embargo, ayer Ruckauf decidió también machacar con el tema, aunque se cuidó de aclarar que “Argentina necesitaba el megacanje”.
Por su parte, el juez Ballesteros libró oficios a la Secretaría de Finanzas, la Sindicatura General de la Nación, la Oficina Anticorrupción y la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, entre otros organismos, para investigar la denuncia promovida por el dirigente justicialista Juan Labaké. El magistrado rechazó dictar la medida cautelar que le había solicitado Labaké, para que se suspendiera la aplicación de las pautas finalmente aprobadas por el gobierno nacional para el canje de títulos de la deuda. Pero, junto con el fiscal Eduardo Freiler, se mostró más que interesado en investigar la posible comisión de delito en el pago de las comisiones.
Como viene informando Página/12, el megacanje de títulos de la deuda pública derivó en el pago de exorbitantes comisiones administrativas a los bancos privados encargados de organizarlo. Según estableció el decreto 648 firmado por el presidente Fernando de la Rúa el 16 de mayo pasado, se reconoció como “comisión de canje hasta 0,55 por ciento” sobre el monto de los nuevos bonos emitidos. Esa comisión debía, teóricamente, cubrir el costo administrativo de los bancos que actuarían supuestamente entre intermediarios entre los tenedores de títulos de la deuda argentina y el gobierno argentino. De acuerdo al mismo decreto, los 7 bancos designados para liderar la operación fueron el Credit Suisse First Boston, el JP Morgan, el Santander Central Hispano, el BBVA Francés, el HSBC, el Citigroup y el Galicia.
Teniendo en cuenta que esos bancos, más unos pocos más asociados, acercaron títulos al canje por 27.700 millones, la comisión total a repartir fue de 152 millones de dólares. Sin embargo, unos 20.000 millones fueron títulos aportados por los propios bancos que los tenían en sus carteras. Así, por sólo por esa parte de la operación, habrían cobrado una comisión administrativa de 110 millones de dólares por canjearse títulos a sí mismos. Para las operaciones en que el Estado pide prestado en el mercado local de deuda, cosa que ocurre periódicamente con la renovación de Letras del Tesoro, la comisión administrativa pagada es muy inferior al 0,55 por ciento, una tasa considerada promedio para operaciones en el mercado internacional.
Además, la bolsa de las comisiones fue distribuida entre el grupo de bancos a partir de una negociación política que poco tuvo que ver con la porción de títulos que presentaron para el canje.
Por caso, el CS First Boston, el banco de David Mulford, el amigo de Domingo Cavallo que, según confesó el ministro lo convenció de la necesidad de la operación, se llevó una comisión de casi 20 millones de dólares siendo que aportó menos del 5 por ciento de los títulos públicos canjeados.
Sin embargo, uno de los puntos más oscuros fue el “peaje” que debieron pagar los bancos oficiales que quisieron canjearle al propio gobierno nacional sus títulos públicos en cartera. Como informó este diario, el Banco Nación aportó 1800 millones en títulos, 40 por ciento más de lo que acercó el banco de Mulford. Por ese trueque, el consorcio de bancos privados quería obligar al banco oficial a canalizar los fondos a través de ellos para cobrar una comisión de 10 millones extra. Y si no fuera porque su titular, Enrique Olivera, se negó rotundamente, el Ministerio de Economía les hubiera pagado esa comisión a los bancos por “intermediar” en el Banco Nación y el gobierno argentino.
Con menos recursos legales para oponerse a esa ridícula situación contaron el Banco Ciudad y el Banco Provincia. Ambas entidades oficiales canjearon títulos de la deuda al Gobierno, pero según les advirtió por escrito el secretario de Finanzas, Daniel Marx, la mitad de la operación tuvieron que canalizarla a través de las entidades privadas. Así, los bancos se quedaron con una comisión extra de entre 2 y 3 millones de dólares, por “intermediar” entre los bancos oficiales argentinos y el Gobierno.

SUBIO EL RIESGO PAIS Y BAJARON LAS ACCIONES
El mercado está muy sensible

El Gobierno desestimó que la próxima semana vaya a canjear los bonos nominados en euros que están en circulación, por un total de 25.000 millones de dólares, y que no se incluyeron en el megacanje. “La ejecución de esta operación está incluida en el programa financiero de 2001, pero no se va a realizar la semana que viene”, señaló Julio Dreizzen, subsecretario de Financiamiento. La versión de un inminente nuevo trueque de títulos públicos influyó en la caída que ayer tuvieron los bonos, de entre 0,5 y 1 por ciento, y que hizo que el riesgo país volviera a subir, esta vez 13 puntos, para terminar en los 923.
Las acciones también operaron a la baja. El índice MerVal cerró con una caída del 1 por ciento, en línea con lo ocurrido en Wall Street, donde el Dow Jones cedió 0,7 por ciento y el Nasdaq, el 2,2. En Brasil, en tanto, el real volvió a terminar en un mínimo histórico: 2,42 unidades por dólar.
A su vez, el éxito logrado por Economía en la licitación de Letes de anteayer propició una nueva caída de la tasa interbancaria, que ayer cayó al 3,5 por ciento anual entre bancos de primera línea. No obstante, el ex viceministro de Economía Mario Vicens desechó que ese hecho desate la euforia. Al respecto, sostuvo que la colocación de Letras del Tesoro “es sólo una buena noticia, pero no suficiente como para pensar en una reactivación”. Para lograrlo, añadió, debería caer el riesgo país, algo que por ahora no está ocurriendo. “Las tasas de largo plazo no bajaron y el Gobierno debe trabajar para eso”, concluyó.
Desde el sector empresario también se pronunciaron sobre la caída de las tasas de corto plazo. El vicepresidente del grupo Socma, Jorge Aguado, opinó que ese hecho “fue absolutamente positivo” y, entusiasmado, agregó que “confiamos que para fin de año vamos a notar los efectos de la reactivación”. Thomas Hess, director de Esso, manifestó a su vez que “en el sector petrolero ya estamos viendo señales de una reactivación”. Al respecto, en el sector bancario consideran que la fuerte caída de los costos de financiamiento podría redundar en menores costos en los préstamos empresarios.

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