Por Laura Vales

Los disparos de los francotiradores y la represión a los piqueteros de General Mosconi, en el norte de Salta, continuaron ayer durante todo el día. Después del violento desalojo de la ruta 34, la Gendarmería apostó en el lugar a 950 efectivos. “La ruta está habilitada y custodiada”, fue el mensaje oficial. Pero los manifestantes volvieron a concentrarse una y otra vez en la entrada de la ciudad y hubo escaramuzas y corridas constantes. De un lado se lanzaron gases lacrimógenos y del otro piedras. Un poco más lejos, desde el monte, los tiros de los encapuchados. Poco después de las seis y media de la tarde el aire ya era irrespirable por los gases. Incluso en la ciudad, muchos vecinos sintieron el ardor en los ojos con sólo asomarse a la vereda. En una de las tantas batallas del día, una arboleda cercana a la refinería de Repsol, donde hay tanques con 5 millones de litros de petróleo, se prendió fuego. La Gendarmería intentó apagarlo, pero cuando se acercaban al lugar fueron atacados con piedras.
Mientras las llamas se acercaban a los tanques de combustible, el jefe de los bomberos voluntarios, Félix Mercado, de 63 años, permanecía preso por orden del juez federal Abel Cornejo. La abogada Mara Puntano dijo a Página/12 que el delito cometido por el comandante de los bomberos consistió en hacer sonar la alarma del cuartel, el domingo, cuando empezaron los enfrentamientos.
Hubo otros detenidos, en total 27. El juez Cornejo libró otras 38 órdenes de captura. Además del jefe de bomberos, “dos camilleros del hospital local, Jorge Fernández y Sergio Espinoza, cuyo rol en los disturbios fue levantar a los heridos” quedaron tras las rejas, según detalló Puntano. Dieciocho detenidos fueron trasladados a la capital salteña anoche, entre los que había 6 menores. La abogada denunció que todos fueron golpeados por las fuerzas de seguridad.
La composición de la protesta es heterogénea. Muchos son albañiles que mantenían el corte sobre la ruta 34 desde el 30 de mayo, para pedir que se les pagara 2,50 pesos por cada hora de trabajo y no 1,50 como hasta ahora. También están los desocupados de las empresas privatizadas, ex trabajadores petroleros, y sus familias.
Hasta el lugar de los enfrentamientos no llegó ningún emisario nacional o provincial para abrir un diálogo con los manifestantes y era bastante claro que la estrategia del gobierno es terminar con el conflicto mediante la fuerza. El juez Abel Cornejo, que dio la orden de desalojo, permaneció en la ciudad de Salta. El titular de la Gendarmería, Hugo Miranda, decidió trasladarse a esa ciudad.
Desde el gobierno nacional el secretario de Seguridad Enrique Mathov dijo que en Salta “hay personas entrenadas” y que “no cualquiera es un francotirador”. El gobernador Juan Carlos Romero habló de “un plan de acción política que empezó con los cortes de ruta y que utiliza la legítima necesidad de la gente”.
Romero incluso llegó a vincular el conflicto con el narcotráfico. “Esta es una zona de frontera y el problema aumenta porque los grupos violentos tiene una retaguardia con el país vecino, con escape y aportes de dinero”, apuntó. “Hasta puede ocurrir que el narcotráfico financie a grupos violentos, como pasa en Colombia. Me decían que esa idea es descabellada, Pero no es casualidad que en la frontera se generen incidentes de este tipo”. En consonancia con estas declaraciones oficiales, allegados a su gobierno difundían sus “sospechas” sobre la presencia en la zona de instructores de las FARC colombianas.
La presencia de los francotiradores mantiene en vilo tanto a los funcionarios como a los pobladores de General Mosconi y Tartagal, donde la gente se resiste a creer que sean desocupados o ex trabajadores de las empresas privatizadas. Ayer los encapuchados siguieron la táctica de moverse permanentemente y hacer disparos esporádicos pero continuos, siempre desde diferentes zonas del monte. La impresión es que tienen muchamunición y armas largas. Hoy las fuerzas de seguridad usarán helicópteros para ubicarlos.
El jefe de la Gendarmería se reunió con el juez Cornejo y ofreció junto a él una conferencia de prensa en la que consideró que los francotiradores “se escudan entre el grupo mayor de piqueteros”. En la misma línea, el Cornejo apuntó que “es un grupo muy bien organizado de personas armadas que actúan entremezclándose con la gente y aprovechando el reclamo de las 200 personas”. Al margen de las declaraciones, nadie pareció preparado para informar oficialmente sobre la procedencia de los tiradores.
Mientras tanto, se conoció que entre los civiles heridos hay dos ex gendarmes (Sergio Araoz y Juan Carlos Figueroa), que habrían participado de los piquetes. El dato aumentó los recelos y la desconfianza de los manifestantes sobre el rol de la fuerza de seguridad.
El fuego seguía ardiendo anoche a 50 metros de los tanques de combustible y se esperaba la llegada de una autobomba desde Orán, a 150 kilómetros. Los piqueteros recordaron que Mosconi no tiene autobomba y que el punto es uno de los reclamos repetidos en los cortes desde 1997. El personal de seguridad de la empresa Refinol intentó llevar tranquilidad a la zona y explicó que los tanques tienen un sistema de seguridad y enfriamiento automático que evitaría su explosión.
En la ruta desalojada la Gendarmería y la policía provincial mantienen pelotones de 20 efectivos cada uno. En los accesos a General Mosconi y Tartagal hay fuertes controles. En la segunda de estas ciudades se vio poca gente en las calles y un fuerte patrullaje de la policía provincial. Nuevos efectivos de Gendarmería llegaron a la zona de conflicto desde el aeropuerto de Jujuy, provenientes de Córdoba y de San Antonio de los Cobres y otro contingente de refuerzo fue enviado desde Rosario de Santa Fe.
Las dos víctimas de la represión del domingo serán enterradas hoy en el cementerio local, ubicado frente a la ruta 34, muy cerca de donde se produjeron los disturbios. Los familiares creen que los disparos no salieron del lado de los piqueteros, sino del de los uniformados.
El Colegio de Abogados de Salta enviará hoy una delegación a la zona del conflicto para “garantizar los derechos humanos” de los pobladores, informaron en esa entidad.
Los manifestantes reclaman de manera insistente que algún emisario de los gobiernos provincial y nacional se presenten en el lugar. Pero anoche no había señales en ese sentido. El gobernador Romero aseguró a última hora que “la paz” en General Mosconi y Tartagal “la debe reestablecer la justicia” y, a diferencia de Mestre (ver nota aparte), descartó un eventual estado de sitio.

EL TRABAJO, RECLAMO REPETIDO Y NO ESCUCHADO DE LOS PIQUETEROS
“Es el único medio para que nos oigan”

Por Felipe Yapur

“Es la única manera que tenemos para que escuchen nuestros reclamos de trabajo”, fue el justificativo del corte de ruta que le dio a Página/12 en mayo de 2000 uno de los piqueteros de General Mosconi, Salta. Luego de dos sospechosas muertes y una violenta represión, la negociación con los representantes del gobierno nacional y provincial concluyó con el compromiso de otorgar planes Trabajar de apenas 160 pesos. Ese día, otra piquetera presagió: “Vuelvan a fin de año que habrá otro corte”. No se equivocó. En noviembre, la misma gente y otros más volvieron a la ruta. Los planes Trabajar esa vez costaron una muerte en medio de la refriega con la Gendarmería. El domingo, el mismo reclamo costó dos vidas. Por lo que cualquier funcionario pragmático podría llegar a la conclusión de que los salteños sólo consiguen una respuesta a su falta de trabajo con muertes de por medio.
En mayo del año pasado el secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov, afirmaba que tras la privatización de YPF “no existió por parte del gobierno nacional y provincial una vía para implementar una actividad sustitutiva. Ellos debieron haber obligado a las empresas privadas a absorber parte del personal”. Si bien hasta esa fecha el discurso de “la herencia” del gobierno anterior ya estaba bastante desgastada, para el funcionario todavía servía. Transcurrido un año exacto, nada cambió en Mosconi y Tartagal. Las petroleras internacionales que se reproducen a la vera de la 34 continúan sin contratar mano de obra local, y con la extracción de petróleo y gas que, dicho sea de paso, ningún habitante de estos pueblos tiene algo que abunda por esos pagos: gas en sus casas. Es más, es preferible cruzar por Yacuiba a Bolivia y comprar allá las garrafas porque salen más baratas. Una de las consecuencias de la convertibilidad.
Es verdad que esa zona nunca fue lo próspera que debería si se tiene en cuenta las riquezas mineras. Ni YPF ni el estado de bienestar anterior hicieron mucho por ellos. Los hombres de Tartagal suelen afirmar que “creímos que YPF nunca se iba a ir”. Ahora, cuando las indemnizaciones son un simple mal recuerdo y el desempleo supera el 40 por ciento, la única alternativa para sobrevivir son los planes Trabajar, esos que cada seis meses se terminan y es necesario un corte de ruta para hacerlos volver.
Ahora bien, el gobierno nacional sólo se acuerda de la región cuando tiene que justificar la represión de Gendarmería. Para el gobierno local prácticamente no existe. Juan Carlos Romero, un ferviente defensor del detenido Carlos Menem, tiene dos muletillas cada vez que el norte de su provincia estalla: “Como gobernador asumo toda la responsabilidad” y “los piqueteros responden a una organización política que usa la violencia”. En noviembre de 2000 desde Mar del Plata, la vez anterior se encontraba de viaje por Israel, supo agregar aquella que reza “investigaré hasta las últimas consecuencias”. Sobre buscar soluciones a la pobreza de su provincia nunca dijo nada.

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