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 Desde el próximo cuatrimestre,
la Universidad de Buenos Aires dará por primera vez una carrera
de grado interdisciplinaria dictada en conjunto por cinco facultades.
En realidad, son tres nuevas carreras: las licenciaturas en Ciencia y
Tecnología de Alimentos y en Gestión de Agroalimentos, e
Ingeniería de Alimentos, que dependerán de Agronomía,
Ciencias Exactas, Veterinarias, Ingeniería y Farmacia. “La
universidad decidió tomar a los alimentos como un tema clave para
el desarrollo del país. Vamos a dar enseñanza de grado y
de posgrado, a realizar investigación y a dar asistencia técnica”,
dijo la secretaria de Asuntos Académicos, Alicia Camilloni.
Las flamantes carreras serán las primeras “de segundo ciclo”
que dictará la UBA: podrán cursarlas estudiantes que antes
hayan aprobado los primeros dos o tres años (según los casos)
de las diferentes carreras de las facultades integradas en el proyecto
y también de Medicina y Odontología. “Esto implica
una apertura de las facultades al reconocimiento de los estudios cursados
en otras facultades. Así, se abre la perspectiva de crear otras
carreras y áreas compartidas. Y va a permitir una mayor circulación
de los alumnos y mayor flexibilidad de los estudios”, explicó
Camilloni. “Estamos volviendo a integrar a la universidad”,
dijo el decano de Ingeniería, Carlos Raffo.
En realidad, el Departamento de Alimentos (que reúne a las dos
licenciaturas y a la ingeniería) llega con un año de demora.
Como informó este diario el año pasado, el lanzamiento del
área estaba previsto para agosto del 2000, pero las diferencias
entre las facultades postergaron el acuerdo. Ayer, los decanos que participaron
celebraron el acuerdo: “Es una vieja deuda que la universidad tenía
con la Ciudad y el Conurbano”, apuntó Aníbal Franco,
de Veterinarias. “Es la primera vez que hacemos un departamento compartido
entre facultades desde la década del ‘60, cuando la dictadura
cerró el Departamento de Industria”, recordó Pablo
Jacovkis, de Exactas.
Cada una de las nuevas carreras, se abocará a un área específica.
La licenciatura en Gestión de Agroalimentos (con una duración
total de 4 años y medio) formará profesionales orientados
al gerenciamiento de la tecnología de la producción alimentaria.
Mientras, la licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos
(cinco años) se centrará en la implementación de
ciencias básicas y aplicadas al diseño, elaboración,
preservación, control de calidad y comercialización. Por
su lado, Ingeniería de Alimentos (cinco años) formará
graduados para diseñar, montar, operar y optimizar una planta de
procesamiento de alimentos. “El problema de los alimentos es fundamental
para el país –dijo el decano de Agronomía, Fernando
Vilella–. No sólo por la alimentación de sus habitantes,
sino también por la viabilidad económica de su producción.
Por ejemplo, la exportación de productos con fuerte valor agregado
podría generar miles de puestos de trabajo.”
Las tres carreras incluirán en su plan de estudios una práctica
profesional de seis meses, inserta en medio de la cursada. “Al ser
mediante un sistema sandwich, el alumno va a volver a la universidad a
terminar sus estudios teniendo una visión desde adentro del mundo
empresarial. Esto va a facilitar la inserción laboral”, detalló
Regina Wikinski, decana de Farmacia. Los estudiantes interesados en inscribirse
pueden hacerlo desde hoy y hasta el 31 de julio: los formularios están
disponibles en Internet: www.uba.ar. Las clases empiezan en agosto.
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Para
el tiempo libre... (si queda)
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Memoria. Hoy, a las 19, empieza un curso sobre el Holocausto,
dictado por la Fundación Memoria del Holocausto. En Montevideo
919, 4811-3588.
Historia. La UTDT organiza las jornadas “De Mayo a Pavón”.
El lunes y martes próximos, a las 9, en Miñones 2177,
4784-0080.
Becas. La Comisión Nacional de Energía Atómica
inscribe hasta el lunes a estudiantes interesados en sus becas. En
Av. Gral. Paz 1499, 4574-7279. |
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OPINION
Por Adolfo Reichemberg *
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En este nuevo debate sobre el presupuesto universitario, los actores
deben esmerarse en poner un poco de franqueza en el análisis
de los problemas de fondo relacionados con la distribución
de los recursos. Si no es así, seguirán quedando sin
respuesta las inequidades del actual sistema de distribución,
que determina que algunas universidades tengan magros presupuestos
y otras, apenas ameriten como principal razón de su existencia
la conveniencia política que motorizó su creación.
El Consejo Interuniversitario Nacional envió un proyecto
al Ministerio de Educación con criterios de reparto tales
como cantidad de alumnos y de docentes, producción científica,
entre otros, pero sólo aplicable a los incrementos presupuestarios
y no a la totalidad del presupuesto asignado, con lo que se confirma
la existencia de un pacto que permite no modificar el status quo
imperante. Si no se discute el modelo de integración del
sistema educativo superior, ordenando y promoviendo la oferta académica
sobre una base definida de políticas educativas de cara al
país que queremos en el mediano plazo, estaremos presenciando
más de lo mismo. Si no admitimos como necesidades primarias
repensar el sistema, reestructurando las plantas docentes y no docentes
aunque ello implique un análisis crítico de las instituciones
que deben permanecer en el sistema, cantidad de agentes y personal
que el mismo puede absorber para utilizar eficientemente los escasos
recursos, estaremos perdiendo una oportunidad histórica.
Por último, una vez recreado un sistema más sano,
podremos avanzar hacia ideas creativas de financiamiento (no la
típica exacción al bolsillo de los castigados contribuyentes),
tales como una ampliación de las actividades comprendidas
en la Ley de Mecenazgo que permita a las empresas deducciones especiales
por aportes directos a entidades de educación superior, o
módicos cargos administrativos que se relacionen con el rendimiento
académico de los alumnos. En esta dirección, la propia
UBA contempla desde hace más de dos décadas cargos
simbólicos por reprobar o por dejar ausente las materias,
que podrían ser un punto de partida para el recupero de los
recursos invertidos sustentando el principio de equidad y premiando
el desempeño académico. Si ponemos nuestros mejores
esfuerzos en pensar y una dosis de honestidad intelectual, enriqueceremos
el debate y, más allá de tratar que una Comisión
de Notables ad hoc convalide la creación de un impuesto específico,
conseguiremos que la educación en las universidades nacionales
siga siendo gratuita. Es una oportunidad que sin duda nos merecemos.
* Consejero directivo y secretario de Hacienda de la Facultad
de Ciencias Económicas (UBA).
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