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Investigan si el sector privado
financió las coimas del Senado

La causa está estancada. Para activarla, la Cámara le ordenará al juez que ponga en marcha medidas para averiguar si las coimas salieron de bolsillos privados. De Santibañes y Nosiglia están en la mira.

Fernando de Santibañes, amigo presidencial, financista, ex jefe
de los servicios de inteligencia.

Por Adriana Meyer

La Justicia investigará si el sector privado pagó los sobornos a senadores para la sanción de la Reforma Laboral. Tras el receso invernal, la Sala I de la Cámara Federal ratificaría la falta de mérito de los senadores imputados en el caso y en esa resolución trazará el camino para que el juez Gabriel Cavallo ordene medidas tendientes a establecer si el dinero de las coimas salió de bolsillos no públicos. Mientras tanto, la causa sigue sumando pruebas tales como las declaraciones de los empleados del Hotel Elevage. Esos testimonios confirmaron encuentros entre el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, el ex jefe de la SIDE Fernando de Santibañes y el dirigente radical Enrique Nosiglia. También fue interrogada una ex secretaria de Flamarique.
Uno de ellos había declarado que entre fines de 1999 y principios de 2000 los vio “con mayor frecuencia, como clientes del restaurante o tomando café”. Este testigo describió que en el décimo piso del hotel hay un salón más reservado. “Escuché sobre los senadores pero no los conozco fisonómicamente, y cuando más se charló sobre la presencia de estos funcionarios fue entre fines de 1999 y principios de 2000”, declaró el empleado. Todos los testimonios coinciden en que “Nosiglia frecuenta con regularidad el hotel y allí mantiene diversas reuniones, almuerzos o desayunos de trabajo”. Otro trabajador del Elevage aseguró que vio al ex presidente Raúl Alfonsín, al jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra y al ex ministro del Interior Federico Storani. La ministra de Trabajo Patricia Bullrich es otra de las funcionarias que fue reconocida, participando de almuerzos con Nosiglia y otros políticos. Pero en ese período era secretaria de Política Penitenciaria y Asuntos Penitenciarios de la Nación, de modo que no tenía nada que ver con la negociación de la reforma salvo por su pertenencia al entorno de De Santibañes.
En una artículo periodístico publicado en enero, el senador justicialista Alberto Tell había expresado: “A nosotros no nos invitaron ni a la casa de (Enrique) Nosiglia, ni al hotel Elevage, ni a las conversaciones con Flamarique”. El representante legal del hotel, Alejandro de Robertis, afirmó haber visto a los imputados en ese establecimiento.
Una de las ex secretarias de Flamarique declaró en mayo que su ex jefe fue visitado en distintas oportunidades por el abogado de la CGT Lucio Garzón Maceda, junto a Rodolfo Daer, Juan Manuel Palacios, Gerardo Martínez, Armando Cavallieri y que hablaba con Hugo Moyano. También refirió entrevistas con los senadores Alberto Tell, José Genoud y Alcides López. Según la testigo, con Augusto Alasino mantuvo conversaciones telefónicas, al igual que con De Santibañes. Y afirmó que entre enero y mayo de 2000 Flamarique recibió en su despacho a De Santibañes en dos oportunidades.
Hasta ahora todos los esfuerzos de los investigadores estuvieron orientados hacia el sector público y distintas reparticiones del gobierno nacional, con especial énfasis en la SIDE. Pero ahora, a partir de la orientación que darán los camaristas Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani, podrían reflotar una teoría que circuló al principio del caso: que los sobornos habrían sido pagados por empresas directamente beneficiadas por las modificaciones en la legislación laboral o por una “vaquita” o colecta entre los empresarios más poderosos del país. En aquel momento, un representante de ese sector había salido al cruce de la versión con el argumento de que la reforma no terminaba de satisfacerlos.
A pedido de los fiscales, Cavallo solicitó a su par Jorge Urso la causa que investiga un millonario contrato firmado entre el consultor internacional Dick Morris y la SIDE. A fines del año pasado, Urso secuestró en la sede de la central de inteligencia el original de ese contrato, que estaba en la caja fuerte del despacho que había ocupado Fernando de Santibañes.
Por su parte, los fiscales recibieron una nota firmada por Juan Villa, director de asuntos jurídicos de la SIDE, en la que el funcionario rechaza darles información argumentando que no fue informado del carácter “complementario” de la investigación que llevan adelante. Y se dirigió al juez para que le indique los “pasos a seguir”. Freiler y Delgado tienen delegada la realización de algunas medidas en el caso y por lo tanto tienen facultades para requerir información.

 


 

EL FISCAL RUSCONI SIGUE EXPLICANDO SU RENUNCIA
“Ningún apoyo a las investigaciones”

“Hay una falta de compromiso del sistema judicial y de la estructura estatal en la persecución de las defraudaciones tributarias”, dijo ayer Maximiliano Rusconi al explicar por qué presentó su renuncia el lunes a su cargo de fiscal general y titular de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (Ufitco), como adelantó Página/12. Durante su gestión, Rusconi hizo 65 denuncias que comprendieron una evasión fiscal de 350 millones de dólares, “una cifra equivalente –señaló– al 50 por ciento de lo que se pretendió recaudar con el impuesto docente”.
“No había ningún tipo de apoyo sólido a las investigaciones que estábamos llevando adelante”, sostuvo Rusconi al hablar por radio. “Cuando surgió la Ufitco, había un compromiso absoluto de todas las esferas, por lo menos declarado en el discurso, de investigar sobre todo las grandes evasiones. Cuando llegamos a la AFIP el discurso instalado era justamente que los grandes no evaden, porque estaban sometidos a un conjunto de controles que hacían casi imposible que los grandes grupos evadieran (...) sin embargo, las grandes evasiones que hemos detectado son, sobre todo, de grandes evasores, de grandes grupos económicos”, añadió. Rusconi, que asumió como fiscal general en 1997, presentó una carta al procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, en la que dice que una “evaluación realista” lo conduce a pensar que “no podré hacer más de lo que hice”. “El modo más eficiente para que el organismo (en referencia a la Ufitco) muera es no darle oxígeno”, añadió. Su futuro reemplazante deberá concursar para el cargo, pero transitoriamente podría suplantarlo el fiscal oral Luis Cevasco.
Entre algunos de los temas que investigó Rusconi figuran el vaciamiento de Aerolíneas Argentinas, el posible enriquecimiento ilícito del ex titular del BCRA, Pedro Pou, el dinero negro de la SIDE, las presuntas maniobras evasoras de Víctor Alderete, los negocios del Banco Mercurio, el posible blanqueo de dinero a través de la adquisición de canales de TV por parte de grupos empresarios ligados a Raúl Moneta, Daniel Vila, Constancio Vigil, José Luis Manzano, entre otros.

 

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