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Por Cristian Alarcón
 Por lo menos tres o cuatro
de los asesinos de las jóvenes masacradas en Cipolletti están
en libertad. Los dos hombres que el jueves fueron condenados como autor
y coautor de “secuestro reagravado seguido de muerte” son apenas
los socios menores de un triple crimen en el que quedaron fuera de la
mano de la Justicia –según los abogados de las familias–
policías y miembros del poder político que toleraron el
funcionamiento de un grupo mafioso “que consiguió armar una
terrible red de encubrimiento”. Así quedó claro con
el veredicto del tribunal oral que recorrió a lo largo de 30 audiencias
los detalles de una trama en la que las dudas continúan siendo
tantísimas más que las certezas. Tantas que en lo que se
considera un caso raro dentro de la Justicia, la misma causa que derivó
en el juicio oral finalizado esta semana continúa abierta. Las
actuaciones volverán ahora a un juzgado de primera instancia que
sigue teniendo la responsabilidad de buscar la verdad aún no revelada.
Los jueces César López Meyer, Evelina García y Juan
Rotter, a pesar de condenar a Claudio Kielmasz y a Guillermo González
Pino a cadena perpetua y a 18 años cada uno, fueron explícitos
al afirmar que resultó imposible probar que ellos mataron a las
chicas. La suerte de Paula y María Emilia González y de
Verónica Villar estuvo atada al accionar de “entre cinco y
seis sujetos” que las interceptaron el 9 de noviembre de 1997 “muy
probablemente en la calle San Luis” y “luego las llevaron a
uno o más lugares cercanos” donde “sufrieron lesiones
de carácter sexual, no necesariamente violación”. Así
se lee en la sentencia de los jueces, que además sostuvieron que
luego las ultimaron, tampoco se sabe dónde, “sin haberse podido
establecer quiénes fueron los autores materiales de cada uno de
los ultrajes, y/o lesiones, y/o disparos mortales”.
“Primero debemos dejar claro que este resultado no puede satisfacer
las expectativas ni en la familia, ni en la comunidad. Pero el tribunal
lo dejó claro, esto tiene que seguir estudiándose”,
le dijo ayer a Página/12 Fernando Dalmazo, el abogado de Juan y
Ofelia Villar, padres de Verónica. Lo que quedó pendiente
tras el juicio no es poco, ya que las pruebas analizadas demostraron que
Kielmasz y González Pino participaron del secuestro pero no alcanzaron
para asegurar quién “jaló del gatillo”, dónde
fueron llevadas las chicas para someterlas a una “especie de orgía”,
por qué las agresiones sexuales que no incluyeron la violación
sino lesiones con objetos, quién disparó el arma que finalmente
entregó a la familia el condenado Kielmasz, cómo las trasladaron
hasta la orilla del canal de riego, bajo los olivillos donde dejaron los
cuerpos.
Es por eso que para Ulises González, el padre de Paula y María
Emilia, “tiene que quedar en claro que este fue el juicio de Kielmasz
y González Pino, no el del Triple Crimen”. González
se muestra lleno de esperanzas, aun después de los tres meses de
incompleto juicio. “Hay personajes que todavía no han sido
citados a declarar por la Justicia. La causa, que se ha dado por llamar
“la causa residual”, sigue abierta y la lleva el mismo juez
Pablo Iribarren”. Entre los hechos que aún no fueron aclarados
en la investigación figuran los dichos de un concejal cipoleño.
“Hace un año declaró en la causa que un jefe de la
barra brava de Cipolletti le dijo que le intendente (Julio) Arriaga sabía
todo lo que había pasado.”
Lo cierto es que los tiempos para juzgar a Kielmasz y Pino se vencían.
El “loco”, como se lo conoce a Kielmasz, estaba preso hacía
tres años y medio y el estafador, Pino, dos años y medio.
Durante el juicio quedó clara la relación que especialmente
González Pino mantenía con la policía del lugar.
Está procesado por varias estafas consistentes en vender autos
robados y en una organización ilícita, integrada también
por José Luis Torres, ex subcomisario de la Seccional 69. Las vertientes
en que podría profundizarse la investigación son esas, las
relaciones entre los acusados y los personajes “con poder” que
podrían estar involucrados en los asesinatos. “Ahora evaluamos
ir a algunos organismos internacionales paraque analicen el caso y nos
digan si es posible buscar justicia en alguna parte”, opina Ulises
González.
OCHO
REHENES EN UNA INMOBILIARIA
Canjeados por un policía
Eran cuatro ladrones a la pesca
de un botín fácil pero el asunto se complicó. Habían
elegido como blanco una inmobiliaria de Morón. Cuando quisieron
escapar se toparon con la Bonaerense, con lo cual tomaron como rehenes
a ocho personas, entre ellos mujeres y niños. Finalmente la banda
aceptó cambiar los rehenes por un policía, con el que escaparon.
Después de liberarlo, dos de ellos fueron apresados cuando obligaban
a conducir al chofer de un micro con su propio itinerario.
El asalto fue en la inmobiliaria De Angelis, en San Martín y Avenida
Rivadavia, cerca de las 20.30. Durante unos cuarenta minutos permanecieron
encerrados en el lugar con los rehenes, hasta que un sargento de la comisaría
1ª de Morón se ofreció como intercambio. Aceptaron.
Los testigos vieron cómo lo golpeaban y le sacaban el arma y el
chaleco antibalas. Enseguida entregaron a quienes mantenían como
reaseguro.
Salieron con el policía por los fondos del local, aunque cien policías
rodeaban el sitio. Al nuevo rehén lo liberaron a los cincuenta
metros. En la persecución dos de los ladrones “perdieron”
cuando se escapaban en un colectivo de línea, cuyo chofer manejaba
a pedido de ellos. Las fuentes de la Jefatura Departamental Conurbano
Oeste dijeron que anoche continuaba la búsqueda de los dos que
escaparon.
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