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Por José
Natanson
 El Gobierno y los diputados
radicales se embarcaron en una confusa disputa sobre el
alcance real de la ley que habían votado en la madrugada de ayer.
El jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, explicó que “el piso
a partir del cual se descuentan los haberes es de 500” y que “se
va elevar rápidamente cuando ingresen esos nuevos impuestos a las
arcas del Estado”. Es decir, que la suba del piso está supeditada
a una mejora de la recaudación. Para los legisladores radicales,
en cambio, el artículo es clarito: el Poder Ejecutivo debe “garantizar”
–sí o sí– que el recorte se concrete recién
a partir de los 1000 pesos. Una disputa que revela la precariedad del
entendimiento radicalismo-Gobierno y que recién se aclarará
en los próximos meses, cuando Domingo Cavallo haga cálculos
y decida si le alcanza a no: porque (y de eso nadie duda), la política
de déficit cero ya tiene media sanción de Diputados, esta
semana será tratada por el Senado y se ha convertido en la razón
de ser del Gobierno.
Sesión
El viernes por la noche, los diputados radicales se aprestaban a votar
el proyecto consensuado con el Gobierno. Incluye una serie de modificaciones
que permitirían estirar el piso del recorte a los mil pesos: la
restitución de los aportes patronales a las empresas privatizadas
de servicios, la marcha atrás con la rebaja del impuesto a las
naftas, la no devolución de la rebaja de ganancias, y la extensión
del ajuste al Legislativo y la Justicia.
Pero resulta que mientras se sucedían los oradores llegaron al
Congreso las declaraciones de la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich,
y el secretario de Hacienda, Jorge Baldrich, que coincidían en
que lo que se estaba a punto de votar no garantizaba de ninguna manera
que el piso se llevaría a mil.
Indignados, los diputados decidieron contraatacar. A último momento
cambiaron la redacción del artículo 12. Textualmente: “El
Poder Ejecutivo garantizará con los mayores recursos y ahorros
recuperados en las disposiciones de la presente ley las retribuciones
periódicas por cualquier concepto, incluyendo sueldos, haberes,
adicionales, asignaciones familiares, haberes de jubilados, retirados
y pensionados para todos los que percibían hasta 1000 pesos mensuales,
antes de las reducciones”.
Ayer, los diputados y los funcionarios discreparon durante todo el día
en la interpretación del artículo, en un estado de confusión
potenciado por el hecho de que –debido a la huelga de los empleados
legislativos– la sesión se desarrolló sin taquígrafos.
Interpretación 1
La posición del Gobierno es clara. Como la iniciativa consagra
la política del déficit cero como la lógica madre
del funcionamiento del Estado, una elevación en el piso del recorte
está atada a una mejora en la recaudación. Aunque se incluyen
reformas impositivas que implicarían recursos extras para el Fisco,
si no se consiguen no podrá concretarse la elevación de
la base inicial del ajuste.
“El piso a partir del cual se descuentan los haberes es de 500 pesos
para jubilados y para salarios. Se va elevar cuando ingresen esos nuevos
impuestos a las arcas del Estado”. Recién así se podría
“reponer los niveles de salarios hasta los 1000 pesos”. El secretario
Legal y Administrativo de Economía, Alfredo Castañón,
fue aún más claro. “Recién cuando la recaudación
mejore, tendrán prioridad los trabajadores y jubilados que ganen
menos de 1000 pesos”.
Por la noche, el jefe de Gabinete ratificó su postura. En un mensaje
por cadena oficial (ver recuadro), Colombo explicó que “con
las medidas tomadas y el aporte de los diputados radicales hemos logrado
ya excluir el85 por ciento de los jubilados”, lo que equivale a un
piso de 500. El funcionario agregó: “vamos por más
en la medida mejore la recaudación”.
En el Gobierno enumeraban ayer las ventajas de la media sanción:
consagra legislativamente –y le da una base jurídica más
sólida– al impopular recorte; implica una señal a los
mercados, que –confían en la Rosada– reaccionarán
favorablemente con el nuevo status institucional del recorte; y le da
una presentación más democrática.
Como balance, cerca de De la Rúa hacían una lectura positiva
de la semana. “La estrategia fue acertada: primero nos pusimos duros
y después aceptamos negociar. Estábamos en una posición
de mucha debilidad y por eso marcamos bien claro que el límite
del déficit cero era innegociable. Si el domingo pasado De la Rúa
no hubiera salido a subrayar el objetivo del plan no hubiéramos
conseguido nada”, evaluaba ayer un ministro.
Interpretación 2
“No hay dobles interpretaciones. El artículo dice
que el Estado debe garantizar que el piso son mil pesos”, aseguró
Jesús Rodríguez. “Si alguien discute el piso no lo
hace desde una base técnica sino política”, señaló
Eduardo Santín a Página/12. “Los recursos le van a
sobrar, que se quede tranquilo el jefe de Gabinete”, completó
el senador Leopoldo Moreau. Por lo bajo, los diputados radicales hacían
diferentes lecturas sobre la actitud del Gobierno de salir a subrayar
que el piso es de 500 y no de 1000. “La argumentación no se
sostiene desde ningún punto de vista. Jurídicamente, la
ley es clara porque dice que el Estado garantiza que el recorte arranca
en mil. Financieramente los recursos extras que se obtienen son unos 1000
millones: alcanzan y sobran para elevar del piso. Políticamente,
quedó demostrado que los mercados quieren un apoyo fuerte al recorte”,
detallaba un importante legislador radical.
Para un importante diputado, el problema es que el proyecto votado en
diputados afecta al capital concentrado por primera vez desde 1989. “Aunque
es una medida modesta, demostramos que se pueden restituir los aportes
patronales a las grandes empresas de servicios y los supermercados. El
viernes ya se sabía que se iba a votar esta modificación
y los mercados no reaccionaron mal. Quedó claro que no cae el mundo
si nos metemos con estas empresas”, explicaba. Y agregaba: “En
el Gobierno, sobre todo en el equipo económico, todavía
tienen miedo. Por eso salieron a sobreactuar el tema del límite,
para dar una señal fuerte a los mercados”.
El futuro
“Cuando vean que el panorama se aclara van a concretar el
recorte a partir de los mil”, era la explicación tranquilizadora
que daba ayer un diputado radical. En la Rosada, sin embargo, no se animaban
a hacer pronósticos. “Todo depende de la recaudación:
algunas medidas, como la no devolución de ganancias, significan
recursos de manera automática, pero hay otras que no. Por ejemplo,
la suba del impuesto a las naftas, que depende del consumo”, explicaba
anoche un importante funcionario.
Más allá de la (optimista) versión de los diputados
radicales, y de la (cauta) perspectiva oficial, lo cierto es que hay en
todo esto un silencioso cambio de rumbo. Quince días atrás,
cuando se anunció la política de déficit cero, todo
indicaba que el eje era un drástico recorte del gasto público.
La idea fue confirmada el domingo pasado: en un discurso cargado de gestos
de autoridad, el Presidente subrayó una docena de veces la palabra
“ahorro”, aunque el piso ya había subido a 300 pesos.
Finalmente, los diputados radicales introdujeron una serie de reformas
impositivas que les permitieron elevar el piso. Se trata, en realidad,
de un cambio en la lógica del plan: lo que comenzó como
duro recorte del gasto público, se fue transformando en algo más
parecido a un impuestazo.
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El discurso de Colombo
 “El gobierno nacional,
a través del presidente De la Rúa y su ministro de
Economía, Domingo Cavallo, decidió tomar el toro por
las astas y proponer una solución de fondo al problema: el
Plan déficit cero.”
“El fin de semana
pasado presentamos el plan a los gobernadores y todos firmamos un
acuerdo nacional por la independencia, a través del cual
las provincias se comprometen también a empezar a vivir con
lo que tienen hasta llegar al déficit cero.”
“En esas jornadas
decidimos que el ahorro se haría en todos los niveles de
gasto del Estado pero que sería más fuerte en los
sectores públicos de más ingresos y en los funcionarios
políticos, a los que les estamos pidiendo un ahorro que es
por lo menos el doble de lo que hará el resto, y que, en
cambio, protegeríamos a los sectores más bajos en
las jubilaciones.”
“Con la aprobación
y el cumplimiento de estas leyes la Argentina derrota definitivamente
la posibilidad de caer en cesación de pagos, se asegura la
estabilidad económica y financiera, se generan las condiciones
para el crecimiento sostenido.”
“Vamos a bajar gastos
reduciendo burocracias, gastos superfluos, evasión, atacando
los focos de corrupción y las malas administraciones, para
poder volcar esos recursos a mejorar jubilaciones.”
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OPINION
Por Julio Nudler
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El pánico cuesta
caro
Qué hacemos: bajamos el piso o subimos el recorte? Esta
disyuntiva puede expresar la pelea que enfrentará en cualquier
momento a Domingo Cavallo con el sector aliancista que ha terminado
suscribiendo su Déficit Cero como salvavidas. Como la cuestión
no termina de estar aclarada, si un mes a Hacienda no le alcanza
la plata, el Gobierno deberá elegir entre bajar el listón
a partir del cual se le afeitan los ingresos a jubilados y cuellos
blancos estatales, y despojar de un porcentaje mayor a quienes perciban
más de equis (¿mil?) pesos. O bien decidir algún
cóctel entre estas dos amargas drogas.
Más allá de esas tribulaciones, de difícil
resolución política en medio de una campaña
electoral, en Economía se consuelan pensando que la crisis
atroz de estos últimos tiempos hizo su trabajo sucio, y en
cierto modo augura un futuro mejor. No sólo porque la Alianza,
o los restos de su naufragio, más los gobernadores justicialistas
acabaron firmando un ajuste fulminante, sino también porque
el valor de los activos –incluidos los inmuebles– se hizo
papilla. Esto, creen, puede generar cierto apetito inversor, al
sumarse a aquellas heterodoxias cavallistas que han sido los planes
de competitividad y el factor de empalme (suba del dólar
comercial).
Haciendo cuentas hacia el futuro, si es hoy posible dibujarlas,
los cordobeses de Economía también se esperanzan en
que el ajuste, incluso después de haber pasado por la criba
aliancista, conservará en los próximos doce meses
un 70 por ciento de caída en el gasto público contra
un 30 por ciento de mayor presión tributaria, todo aplicado
a una hipotética tenaza de 5000 millones de pesos. Con lo
cual la ortodoxia liberal no saldrá tan lastimada del trance.
A los fines prácticos, esta semana debería calmar
en alguna medida la tensión en los mercados financieros y,
con suerte, frenar la caída tendencial de depósitos.
Con las actuales tasas, el costo (lucro cesante) de retirar la plata
del banco es muy notorio, proporcional al tentador nivel de las
tasas. El único seguro gratuito consiste en pasarse de pesos
a dólares si lo que realmente se teme es una devaluación.
Más allá de este enroque, la cobertura duele. Por
ende, más vale no exagerar el pánico.
Esto mismo significa que en la Argentina de estos tiempos, mientras
se discute el efecto regresivo del recorte de jubilaciones y sueldos
públicos, los poseedores de capital financiero, en casi cualquiera
de sus formas, se llevan una tremenda tajada del ingreso colectivo,
consiguientemente perdida por quienes trabajan y producen.
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“Creamos
recursos muy superiores
a lo que cuesta subir el piso a mil”
Para el diputado radical Eduardo
Santín, de papel clave en la discusión
del Déficit Cero, al esquema aprobado en Diputados, que suma impuestos
y afloja notablemente el ajuste para jubilados y empleados públicos,
le sobran fondos y puede aplicarse ya mismo.
Diputado
radical Eduardo Santín, especia-lista en temas económicos y fiscales.
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Por Julio Nudler
–¿Cómo pueden
asegurar que con los aumentos impositivos que votaron es factible subir
a mil pesos el piso de sueldos públicos y jubilaciones a partir
del cual se aplicará el recorte? –le preguntó Página/12
al diputado radical Eduardo Santín.
–Porque todos los impuestos contemplados en este acuerdo son de fácil
cobrabilidad para la AFIP. No hay ningún tributo nuevo. Lo que
cambian son las alícuotas. Es lo que ocurre con el Impuesto a las
Transacciones Financieras (ITF), que sube al 0,6 por mil, añadiéndose
la eliminación de exenciones, y con Contribuciones Patronales,
que suben cuatro puntos para las empresas de servicios con más
de 40 trabajadores. En cuanto a Ganancias, no hay nada nuevo que percibir,
y en gran medida consiste en no devolver lo que ya se recaudó.
De modo que aquí no pueden caber dudas sobre la existencia de los
recursos.
–Pero la recaudación global tiene otras fuentes más,
como el IVA o Internos, que por el cóctel de depresión y
tembladeral financiero pueden haberse secado más de lo que ustedes
imaginan...
–El margen de seguridad que tomamos es muy amplio. El costo, en términos
de menor ahorro de gasto, de subir el piso del recorte de 500 a 1000 pesos
es de 208 millones de pesos respecto de los jubilados, y de 100 millones
para los empleados públicos. Esto suma algo más de 300 millones.
Frente a esta suma, generamos recursos por cerca de 800 millones.
–¿De qué manera?
–Anulando la reducción en el impuesto a los Combustibles sobre
las naftas se generan 210 millones. El aumento en Contribuciones Patronales
rendirá unos 300 millones, y, por último, al no retrotraerse
la suba en Ganancias que había aplicado (José Luis) Machinea
el fisco tendrá 280 millones más. Si para solventar 300
millones creamos ingresos por más de 700, nunca puede haber un
problema de escasez en los recursos. No entiendo que nadie pueda sentirse
preocupado. Si alguien plantea esta discusión no lo hace sobre
una base técnica sino política.
–Pero el decreto de Fernando de la Rúa fijaba el límite
en 300 pesos...
–Para subir de 300 a 500 le damos al Poder Ejecutivo lo que él
mismo planteó como suficiente. Es decir, que el recorte abarque
también a los poderes Legislativo y Judicial, y además se
eliminen las exenciones en el ITF (cuentas corrientes).
–De cualquier forma, suponiendo que por algún cataclismo la
recaudación resultara insuficiente para respetar el nuevo piso
de mil pesos, ¿el objetivo supremo es Déficit Cero, quedando
lo demás subordinado a él?
–Sí. Lo que no puede alterarse es la supresión del
déficit.
–¿Cree que el camino que ustedes trazaron para llegar a esta
misma meta es realmente aceptado por Domingo Cavallo?
–Cavallo es pragmático, aunque esté rodeado por gurkas
como (Armando) Caro Figueroa o (Horacio Tomás) Liendo. El jueves
por la noche aceptaron, pero después empezaron con los reparos.
–La discusión se centra ahora en cómo empieza el recorte
ya mismo: si con el criterio inicial del Gobierno o con este nuevo...
–No puede haber ningún problema para aplicar ya mismo el nuevo
esquema. Respecto de los jubilados, porque los que perciben más
de 500 pesos cobran julio recién en la tercera semana de agosto,
de manera que hay tiempo para emitir las OPP (Ordenes de Pago Previsional).
Y en cuanto a los recursos, la devolución retroactiva del aumento
en Ganancias para la cuarta categoría iba a implicar una erogación
de 180 millones de pesos, que ahora desaparece, sin contar los 100 millones
en que además dejará de caer la recaudación al no
subirse los mínimos. Pero esos 180 millones ya fueron recaudados,
así que la plata está.
–Bueno, en realidad debían devolvérselos los empleadores
a su personal para después deducírselos a la AFIP. Pero,
en otro aspecto, ¿no temen que los acusen de recesivos, como le
pasó a Machinea?
–Cuando hay expectativas favorables, devolverles Ganancias a los
sectores medios, que son de alto consumo, es bárbaro porque puede
resultar muy reactivante. Pero en un momento tan depresivo como éste,
no puede descartarse que los beneficiarios de la devolución usen
la plata para comprar dólares. Preferimos no restarle poder adquisitivo
a los sectores de ingresos bajos, que tienen necesidades básicas
insatisfechas y que no pueden optar entre consumir y comprar dólares.
–Suponiendo que el esquema cierre para el segundo semestre. ¿No
están trasladando al 2002 un problema fiscal aún peor al
que de por sí presenta?
–Respecto del paquete que aprobamos, lo único que habrá
que decidir es si bajamos Ganancias. De cualquier forma, cuando discutamos
el presupuesto para 2002 sin déficit deberemos achicar 6000 millones.
Eso es lo que nos espera.
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La debilidad política
del acuerdo
El mayor reparo de los cavallistas al esquema de ajuste que debieron
acordar con los diputados es que, al quedar excluida del recorte
la franja de jubilados y de empleados públicos que cobran
entre 500 y 1000 pesos, sea necesario aplicarle a los restantes
una poda de tal magnitud que la vuelva políticamente inviable.
Además de esto, creen que los legisladores están subestimando
el brutal impacto que sufrió la recaudación impositiva
durante julio, y que se extendería inercialmente a agosto,
por lo que recién hacia setiembre existirían condiciones
para aplicar la tijera sólo por encima de los mil pesos de
haber.
En términos técnicos, toda elevación del umbral
del guadañazo –es decir, el nivel de sueldo o jubilación
a partir del cual se aplican los descuentos– reduce la base
imponible sobre la que se rasura. Por ende, definido el ahorro de
gastos a alcanzar, mayor resulta el porcentaje necesario de amputación
en los ingresos de trabajadores activos y pasivos. “La gran
debilidad de este acuerdo –indicó una fuente del equipo
económico a este diario– es que podría obligar
en algún mes a aplicar un recorte superior al 20 por ciento.”
Para Economía, a los haberes de julio y probablemente agosto
habría que cortarlos de 500 pesos para arriba, y todo excedente
de recursos que aparezca destinarlo como prioridad absoluta a reducirle
posteriormente la quita a la franja que va de los 500 a los 1000
pesos. En cuanto a objeciones de fondo, los cavallistas ven que
con el criterio que hicieron valer los diputados, la Argentina va
a quedarse con tasas impositivas demasiado altas mientras no logre
el déficit cero por medios más genuinos, como serían
reducir la evasión y eliminar el gasto público improductivo.
Sin embargo, y aunque les cueste digerir buena parte de lo acordado,
los mediterráneos confían que este consenso político
logrará que se recupere la confianza en agosto, recreándose
al menos un clima de relativa normalidad, como el vivido en junio,
cuando la recaudación, la tasa de las Letes y el call money
remedaban un país más o menos normal.
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