Por Javier Lorca

Dos meses y medio. Ese es el plazo que le quedaría a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Las autoridades académicas advirtieron que, si se aplica el ajuste presupuestario anunciado por el Gobierno, la casa de estudios sólo podrá funcionar hasta octubre próximo. “Este nuevo ajuste no es un golpe de muerte, pero sí nos hiere de mucha gravedad”, aseguró a Página/12 Alberto Dibbern, presidente de la universidad platense, donde estudian más de 80 mil alumnos. Pareja con el rechazo al recorte, la incertidumbre atraviesa al sistema universitario. “No tenemos información sobre cómo nos afectará el ajuste”, coincidieron los rectores consultados por este diario. En realidad, tampoco la hay en el Ministerio de Educación. Mientras, los docentes y empleados de las universidades nacionales no trabajaron ayer y tampoco lo harán hoy (ver aparte).
En una declaración conjunta, la presidencia de la UNLP, los decanos de las quince facultades y todo el Consejo Superior de esa casa de estudios advirtieron que “las restricciones presupuestarias y la serie inacabada de ajustes sobre la actividad estatal ponen en riesgo el servicio público educativo”. Sobre un presupuesto anual de 104 millones de pesos, la UNLP destina 90 millones, casi el 90 por ciento, al pago de sueldos; y los 14 millones restantes a gastos de funcionamiento. “Además del daño que le hace a los míseros salarios que cobran los docentes y los no docentes -dijo Dibbern–, lo más duro será el ajuste de las partidas destinadas a gastos, teniendo en cuenta que hace tres años que sufrimos un desfinanciamiento por subejecución presupuestaria. Hasta octubre podríamos funcionar, pero más adelante entraríamos en una situación insostenible.” Si bien no rechazó el objetivo de alcanzar el “déficit cero”, el titular de la universidad apuntó: “El Gobierno debe tener prioridades para cumplir ese objetivo. Y la salud, la educación y la previsión social deben ser tres pilares de la república”.
Después del rechazo al ajuste proclamado por la Universidad de Buenos Aires –como ya informó este diario–, otras casas de estudios sumaron sus protestas. Y otras las llevarán a la próxima reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que se hará el lunes.
“Estamos al borde de quedarnos sin fondos para funcionar”, advirtió también el rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Héctor Brotto. “Esa falta la estamos tratando de cubrir con producidos propios, pero como la situación económica está tan difícil para todos, nuestros ingresos también se redujeron”, agregó.
Una queja recurrente entre las autoridades universitarias quedó reflejada en las palabras del rector de la Universidad de Mar del Plata, Gustavo Daleo: “La información que tenemos sobre cómo nos afectará el ajuste es muy poca. No se sabe cómo se van a aplicar los decretos. Todos los rectores estamos en esta situación”. Desde la UTN, Brotto redundó:
“No sabemos si el ajuste se hará sobre el presupuesto o sobre los salarios. De todos modos, será un problema muy grave”.
De hecho, la propia cartera de Educación está negociando con el Ministerio de Economía el modo en que se aplicará el recorte en las universidades. Un dato concreto es que el decreto de ajuste incluye expresamente a los docentes y empleados universitarios entre los que sufrirán la poda salarial. “Lo que se está tratando de negociar con el equipo de Cavallo es que se le dé libertad a cada universidad para ajustar de acuerdo con sus cuentas. Para darles margen de maniobra”, comentó un funcionario de Educación.
Básicamente, las alternativas que tienen las tijeras son dos: o se recorta en general el presupuesto universitario; o el Poder Ejecutivo recorta en particular uno o varios de los incisos del presupuesto. Si, como indica el decreto, se ajusta el inciso 1, que es el destinado a salarios, las casas de estudios no tendrían más remedio que recortar los sueldos, ya que éstos por ley sólo pueden pagarse con esos fondos. (Eneste caso, las casas de estudios se ampararán en la autonomía y la autarquía universitarias. Y, posiblemente, el Gobierno se escudará en que las facultades extraordinarias vigentes lo autorizan a vulnerar esos principios.) En cambio, si el ajuste cae sobre el presupuesto global, sin especificar, cada institución podría resolver cómo absorberlo. De todos modos, la gran mayoría, más temprano que tarde, debería reducir los sueldos, ya que casi todas las universidades destinan más del 80 por ciento de sus recursos presupuestarios al pago de salarios.
Una tercera alternativa, híbrida de las otras, cobró fuerza en las últimas horas. Como dijo un vocero de la cartera que encabeza Andrés Delich: “Los salarios están incluidos en el decreto y va a haber que recortarlos. Después, vamos a tratar de ajustar todo lo posible los gastos internos del ministerio y algunos programas, postergar todo lo que no es indispensable, para tocar lo menos posible las partidas presupuestarias”.

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