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 La legitimidad de la deuda externa
aún podría ser revisada. El fiscal federal Eduardo Freiler
solicitó que se promovieran acciones por daños y perjuicios
contra funcionarios que integraron los equipos económicos durante
la dictadura por el “fenomenal endeudamiento externo” que se
registró entre 1976 y 1983. Freiler efectuó esa petición
al juez federal Jorge Luis Ballestero, que tuvo a su cargo la causa por
la deuda externa, para que reclame a la Procuración del Tesoro
que inicie las “acciones civiles” contra los responsables de
la política económica de la dictadura militar. Si esto ocurriera,
el actual ministro Domingo Cavallo debería dar explicaciones en
la Justicia civil.
El 14 de julio de 2000 Ballestero cerró la causa por la legitimidad
del endeudamiento externo iniciada en 1982 por el abogado Alejandro Olmos.
El magistrado determinó que la deuda externa argentina fue producto
de mecanismos irregulares “que tendían entre otras cosas a
beneficiar y sostener empresas y negocios privados, nacionales y extranjeros,
en desmedro de sociedades y empresas del Estado”. Pero tras 18 años,
cuatro jueces, un expediente de una treintena de cuerpos el caso concluyó
sin culpables: el único imputado no procesado, el ex ministro de
Economía José Alfredo Martínez de Hoz, quedó
sobreseído definitivamente por prescripción.
Ballestero remitió entonces los antecedentes al Congreso al entender
que “excede la órbita” del Poder Judicial. El juez consideró
que las responsabilidades políticas debían ser determinadas
por los legisladores. “Si bien es cierto que se encuentra cerrada
la posibilidad de enjuiciamiento criminal de los responsables sindicados
en la sentencia, nada obsta a la promoción de las acciones civiles
por daños y perjuicios derivados de su accionar ya que el trámite
de la causa penal interrumpe el curso de la prescripción”,
afirmó Freiler. El fiscal sostuvo que “la situación
económica nacional, que ha entrado en una crisis de enorme magnitud
en la que el peso de los intereses de la deuda externa juega de modo fundamental,
torna imperioso demandar las indemnizaciones pertinentes a los funcionarios
responsables”.
Freiler y su fiscal adjunto Federico Delgado pretenden que el Procurador
del Tesoro dirija sus acciones contra los que tuvieron a su cargo una
“actuación ilegal y/o ilegítima”, a los que “se
beneficiaron de la misma” y a quienes, como el Fondo Monetario Internacional,
la facilitaron e impulsaron”. Según el fiscal, en la causa
“ha quedado evidenciada la manifiesta arbitrariedad con que se conducían
los responsables políticos y económicos de la Nación
en aquellos períodos analizados”. El representante del Ministerio
Público afirmó que, durante la investigación, se
probó que había “empresas públicas que eran
obligadas a endeudarse para obtener divisas que luego fueron volcadas
al mercado de cambio” y la “falta de control sobre la deuda
contraída por empresas del Estado”. Entre las irregularidades
por las que los responsables de la economía de aquel período
también tendrán que responder, según Freiler, está
el “compromiso de fondos públicos con el servicio de la deuda
externa a través de la instrumentación del seguro de cambio”.
En su solicitud a Ballestero, el fiscal enfatizó en la “responsabilidad
política” de los funcionarios por el “fenomenal endeudamiento
externo argentino”.
LAS
UNIVERSIDADES DEBERAN APLICAR EL RECORTE
Cada una como mejor le salga
El Ministerio de Educación
informó que “quedó establecido” que las universidades
deberán aplicar el recorte salarial para haberes superiores a los
500 pesos y que no se tocarán las partidas de funcionamiento. El
anuncio se hizo luego de que el ministro Andrés Delich y el secretario
de Educación Superior, Juan Carlos Gottifredi, se reunieran con
el Comité Ejecutivo del Consejo Universitario Nacional (CIN). Sin
embargo algunas universidades, como la de Buenos Aires y la de Córdoba,
adelantaron que este mes no concretarán el ajuste.
“Se atenderán las necesidades del sistema educativo universitario
en busca de asegurar su normal desenvolvimiento en cada una de las unidades
académicas del territorio nacional”, se aseguró en
un comunicado del ministerio. Allí también se anunció
que las autoridades nacionales y el consejo de rectores acordaron mantener
el programa de incentivos para docentes investigadores –que se abonará
mensualmente–, pagar la cuota correspondiente del programa de capacitación
de no docentes y enviar las cuotas mensuales para el pago de gastos de
funcionamiento de las universidades nacionales en un “nivel similar”
a las establecidas para el primer semestre.
A pesar de la información oficial, algunas universidades, entre
ellas la UBA y las de Córdoba y Rosario, esperarán a que
el recorte se convierta en ley para hacerlo efectivo. Los pagos se harían
sin descuentos pero “a cuenta”, es decir que en caso de que
el Congreso ratifique el ajuste se descontará lo que se haya pagado
de más en los próximos meses. En tanto, el rector de la
Universidad de La Plata, Alberto Dibbern, anunció que aplicará
el descuento del 13 por ciento sobre un piso de mil pesos. La equiparación
para los no docentes se realizará a través de becas de perfeccionamiento
de manera de compensar los descuentos para quienes sean alcanzados por
la decisión nacional de recortar asignaciones por encima de los
500 pesos. Para los docentes, se repondrán las quitas mediante
una inversión cercana a los 200 mil pesos mensuales. Mientras las
universidades terminan de decidir cómo aplicarán el recorte,
sigue vigente la decisión de la Federación Nacional de Docentes
Universitarios (Conadu) de no iniciar las clases del segundo cuatrimestre.
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