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Por Laura Vales
 La ministra de Trabajo, Patricia
Bullrich, salió a meter presión contra las organizaciones
de desocupados y difundió un informe sobre supuestas irregularidades
en la implementación de los planes de empleo. La denuncia abarca
a doce organismos y se circunscribe a dos tipos de infracciones: la ausencia
de los beneficiarios en su trabajo (en 40 casos) y la imposibilidad de
ubicar el lugar de realización del proyecto (en cinco oportunidades).
Bullrich anticipó que las organizaciones en falta “dejarán
de recibir planes”. Por la tarde, algunos de los cuestionados desmintieron
los datos de la auditoría. El sindicato de docentes Suteba de Quilmes
fue uno de ellos: acusado de que en tres de sus proyectos no había
gente trabajando, los maestros aclararon que los emprendimientos en cuestión
habían sido dados de baja en julio por el mismo Ministerio, por
lo que mal podían los auditores encontrar a nadie.
La estrategia con que Bullrich apunta a deslegitimar los reclamos de los
piqueteros, que el martes entrarán en la tercera y última
semana de su plan de lucha, avanza sobre un terreno sensible para la opinión
pública, hastiada de los manejos clientelares con los fondos destinados
al auxilio social.
En una conferencia de prensa en la que se presentó el resultado
de los controles, la ministra enfocó sus críticas en el
sistema de planillas con que algunas de las organizaciones de desocupados
califican a sus integrantes. El mecanismo implica que quien participa
de las protestas tiene prioridad para acceder a un plan por encima de
quien no reclama. El criterio es defendido por los piqueteros con el argumento
central de que los planes son conquistas conseguidas con los cortes, que
perderán cuando dejen de hacerlos. Bullrich, que consideró
“ilegal” este sistema, dijo que en 15 días se impondrán
“nuevos requisitos” a las organizaciones encargadas de ejecutarlos.
Desde algunos sectores del propio gobierno, sin embargo, se escucharon
cuestionamientos. Básicamente, que el trabajo es “muy sesgado,
ya que sólo analizó sólo el 4 por ciento de los planes
que entrega el Ministerio, que abarcan a 100 mil beneficiarios”.
Las auditorías contabilizan “irregularidades y/o infracciones”
en 45 proyectos. Los datos fueron recogidos por 485 inspectores que recorrieron
el país entre el martes y miércoles pasado y detectaron
casos de ausentismo y de proyectos “no localizables”.
Los delegados señalaron incumplimientos a la municipalidad de Santa
Fe, y en las provincias de Misiones y Tucumán. Al repasar el listado,
la ministra subrayó especialmente las impugnaciones contra el Movimiento
Teresa Rodríguez, la organización de desocupados que protagonizó
episodios de violencia en la primer semana de los piquetes. Anticipó
que al MTR “se le quitarán los planes de empleo y no podrá
volver a registrarse para acceder a esos beneficios”.
Desde el conurbano, el sindicato docente Suteba de Quilmes y Berazategui
(que recibió tres impugnaciones) salió a sentar posición.
“En los tres casos, se trata de mentiras”, aseguró ayer
Lidia Braceras, titular de la filial.
Braceras detalló que “dos de los proyectos dejaron de funcionar
el 31 de julio debido a que el propio Ministerio no renovó los
contratos; por eso los inspectores, que pasaron el 8 de agosto, no encontraron
a nadie”. Uno era un guardarropas comunitario bautizado “Las
Hormiguitas”, donde se cosía y arreglaba ropa para los vecinos;
otro, un comedor llamado “Biscocho con leche”.
La “irregularidad” denunciada tuvo como centro otro comedor
(“El Provincial”), donde los inspectores no encontraron a nadie
trabajando. Suteba asegura que se trata de una cocina “creada específicamente
para la noche, ya que su función es complementar la alimentación
que los chicos del barrio reciben al mediodía en la escuela. Los
inspectores pasaron alas diez de la mañana; si hubieran revisado
la documentación del proyecto habrían descubierto por qué
a esa hora no había nadie”.
Ayer, el titular del radicalismo, Raúl Alfonsín, y el ministro
de Desarrollo Social, Juan Pablo Cafiero, tomaron distancia del sector
“duro” del gobierno y rescataron la legitimidad de la protesta
de los desocupados.
El titular del radicalismo consideró que esas jornadas significaron
una “manifestación legítima” de los sectores más
postergados. “Hicieron un reclamo que necesitamos todos. Todos tenemos
que estar en contacto con la realidad para saber la desesperación
que tiene alguna gente”, advirtió Alfonsín.
El ministro de Desarrollo Social, Juan Pablo Cafiero reconoció
por su parte que los piquetes “representan a la desocupación”.
El funcionario consideró que “en el reclamo que uno escucha
en la calle, en los medios o cuando me ha tocado a mí directamente
entablar un diálogo con la cabeza de la protesta, lo que se están
pidiendo es fuentes de trabajo estables, que reemplacen este mapa de desocupación
que es el que genera esta situación de pobreza”.
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De la Rúa sin
protestas
El presidente Fernando de la Rúa descartó la posibilidad
de introducir cambios en el gabinete en el marco de la convocatoria
a un gobierno de unidad nacional realizada por el jefe de la UCR,
Raúl Alfonsín. El Presidente dijo que su llamado a
la unidad “no se refiere a un gabinete, sino a una actitud,
cada uno en su posición y en su responsabilidad” y que
eso ya se había demostrado “en los acuerdos con los
gobernadores y desde el apoyo del Congreso a la ley del déficit
cero”. Además, De la Rúa –en una conferencia
de prensa ofrecida anoche en Aeroparque luego de una visita a Catamarca–
pidió a los dirigentes que le acerquen “propuestas y
no sólo protestas, porque tenemos que avanzar hacia adelante”.
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Un acto con el “Perro”
El gremialista Carlos “Perro” Santillán desmintió
que hubiera perdido la conducción del sindicato de municipales
de la capital jujeña. El líder de la Corriente Clasista
y Combativa participó ayer junto a los dirigentes piqueteros
Luis D`Elia y Juan Carlos Alderete de un acto convocado con la consigna
“Unidad nacional, contra el ajuste y la represión”.
Alderete reclamó el desprocesamiento de los militantes sociales
y dijo que “el caso más emblemático del acoso
judicial es el que tiene Santillán”, a quien calificó
de “rehén” del gobierno nacional. El “Perro”
sostuvo que, a pesar de su complicada situación judicial,
va a “seguir luchando, más allá de que me sigan
procesando y deteniendo, al igual que otros dirigentes de todo el
país, que son atacados en el aspecto represivo gubernamental
y judicial”.
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