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En los últimos
cinco años hubo más muertes en accidentes aéreos
en nuestro país que en los anteriores 50 años. En
los accidentes del Casa-235 de InterAustral, en las altas cumbres
de Córdoba el 9 de agosto de 1995; del DC-9 de Austral en
Fray Bentos, Uruguay, el 10 de octubre de 1997; y del Boeing-737
de LAPA en Buenos Aires el 31 de agosto de 1999, perdieron la vida
nueve compañeros de trabajo y 131 pasajeros. Estos accidentes
fueron evitables y mostraron las fallas latentes de los sistemas
de seguridad de las empresas, así como la falta de control
de las autoridades, limitados por la falta de recursos. Bajo la
mirada indiferente del actual Gobierno y las restricciones presupuestarias,
la crisis de la seguridad está en aumento. Es necesario en
forma urgente revertir esta situación y para ello hay dos
requisitos básicos: una política aerocomercial que
tenga en cuenta sobre todo la seguridad y recursos para atender
las inversiones y gastos del sistema y que no lleve a las empresas
aéreas al borde de su desaparición como ocurre actualmente.
El Estado tiene la tarea indelegable de velar por la seguridad en
el transporte público y no lo hace. Recientemente la situación
ha empeorado a raíz del Decreto 698/01 del Poder Ejecutivo
que rebaja los recursos aplicables a la seguridad, desregula los
tiempos máximos de actividad y mínimos de servicio
de los tripulantes de vuelo, anula el certificado de aptitud y el
entrenamiento psicofísico de los tripulantes de cabina. En
1997, la privatización de los aeropuertos se realizó
con el declamado objetivo de mejorar la seguridad aérea y
aeroportuaria. Los recursos del canon de aeropuerto están
destinados a atender estos aspectos. Sin embargo, el Gobierno, al
igual que el anterior de Menem, no le cobra el canon al concesionario,
poniendo en serio riesgo la vida de los trabajadores y usuarios
de la aviación. Los sindicatos aeronáuticos, los legisladores
de la Comisión de Transportes y los Familiares de Víctimas
de los accidentes de Austral y LAPA, así como los usuarios
reclaman al Estado que asuma su responsabilidad y se ocupe de la
seguridad. El actual Presidente se comprometió a ello frente
a los restos del avión de LAPA, aun cuando sigue en deuda
en cuanto al dictado de una política aerocomercial basada
en la seguridad. En cuanto a los recursos, el canon que comprometió
Aeropuertos Argentina 2000 SA y tasas e impuestos que pagamos los
usuarios y contribuyentes deben ser aplicados sin demoras a las
obras y equipamiento del sistema. Nuestro compromiso con la vida
es irrenunciable, los trabajadores aeronáuticos y quienes
hoy sufren por sus muertos requieren que el Estado asuma su responsabilidad.
* Diputada nacional y secretaria general de Aeronavegantes.
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