Por Diego Schurman

Rubén Cano no pasa por su mejor momento. El superintendente de Servicios de Salud volvió a quedar en la mira de la Justicia: uno de los gerentes de ese organismo, Hugo Serafín Méndez, fue denunciado por presunta defraudación a la administración pública. El funcionario está sospechado de haber entregado un subsidio de 300 mil pesos a la obra social del personal de la industria del vestido (Ospiv) que no fue utilizado para el fin asignado.
La denuncia la presentaron hace una semana Eduardo Guarna y Stella Maris Ballester ante el Juzgado Federal Nº 11 de Claudio Bonadío. Los abogados son patrocinantes de Susana Alicia Mauri, delegada gremial y obstetricia del Sanatorio De Cusatis.
En el escrito, se asegura que en junio de 2000 la Superintendencia del Servicio de Salud entregó un subsidio de 300 mil pesos a Ospiv para el pago de indemnizaciones. Y que a mayo de este año sólo se habían abonado en ese concepto 74.878,57 pesos. “La diferencia de 225.121,43 no pudo ser recontada debido a que ésta no se hallaba en las arcas de la obra social, ni tampoco se pudo determinar dónde se encontraba depositada la misma”, dice la demanda.
–La propia Sindicatura General de la Nación hizo una auditoría y no detectó dónde estaba el dinero –agregó Guarna a Página/12.
Es más, la Sigen investiga el destino de más de 700 mil pesos y no sólo de los 300 mil denunciados en esta causa.
El Sanatorio De Cusatis, al que pertenecía la denunciante Mauri, fue cerrado el 30 de diciembre de 2000. El personal afectado reclamó el pago de remuneraciones adeudadas, lo que provocó el conflicto laboral. Una parte del personal fue suspendido y otro directamente despedido.
Las sospechas de la existencia de un proceso de vaciamiento de la obra social, que se encuentra en concurso preventivo, se multiplican día a día. Además de Méndez, la denuncia alcanza al secretario general del gremio, Romildo Ranu y “todo aquel coautor, cómplice o encubridor” del delito. Guarna no descarta extenderlo al resto del cuerpo directivo de la obra social y también de la Superintendencia de Servicios de Salud. “Cuando se amplíe la denuncia vamos a puntualizar nombre por nombre”, se reservó el dato el abogado.
Uno de los apellidos que seguramente se agregará a la lista de sospechosos es el de Cano. El titular de la Superintendencia de Salud –un organismo descentralizado que depende del Ministerio de Salud– ya tuvo días movidos la semana pasada cuando lo involucraron en una maniobra irregular en el sistema de los monotributistas.
Existe una denuncia que tiene a Cano como imputado por haber girado dinero a la obra social de Fedecámaras por servicios aparentemente nunca prestados. En la causa, que se está llevando adelante en el juzgado de Gabriel Cavallo, también figuran el denunciante Rubén Manusovich, presidente de Fedecámaras; Ronald Rodríguez, el actual interventor de la obra social de Fedecámaras; Juan Carlos Marteletti, titular de la obra social de Obras Sanitarias; y Rubén Pereyra, el secretario general de Obras Sanitarias. Estos dos últimos también figuran en otra causa –en el juzgado de Jorge Urso– en la que se investiga si cobraron dos veces por prestaciones realizadas al Servicio Penitenciario Federal.

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