Por Laura Vales

“Marchamos contra la irracionalidad de que mueran 100 chicos por día en un país que va a tener una cosecha record de cereales.” De espaldas a la Casa Rosada, sobre un palco que parecía a punto de ceder bajo el peso del centenar de marchantes del Frente Nacional Contra la Pobreza, Víctor De Gennaro definió así el espíritu de los que ayer volvieron de recorrer el interior. “Marchamos –dijo– contra la irracionalidad de que haya dos millones y medio de desocupados en un país donde todo está por hacerse. Marchamos contra la irracionalidad de los que dicen que para curar la recesión hay que tomar medidas más recesivas.”
El Frenapo cerró de esta manera, con su acto en la Plaza de Mayo, once días de caravanas que cubrieron más de 25 mil kilómetros, desde Jujuy a Tierra del Fuego. Las delegaciones estuvieron integradas por dirigentes de un abanico de sectores: de los gremios de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), de los desocupados, de los productores rurales, de los dueños de pymes y de representantes de organismos de derechos humanos.
Su objetivo central fue convocar a la consulta popular del 10 de diciembre, cuando se votará por la creación de un seguro de empleo y formación de 380 pesos para los jefes de familia desocupados y una asignación universal de 60 pesos por hijo. De alguna manera, la concentración de ayer concluyó una etapa en el trabajo del Frente, que estuvo fuertemente centrada en difundir su propuesta y explicar sus fundamentos.
El escenario donde ayer por la tarde se volvieron a reunir los delegados de las siete columnas que recorrieron el país se levantó junto a la Pirámide de Mayo, sin mucha pompa, con el único adorno de una enorme bandera argentina en la que se leía “Ningún hogar pobre en la Argentina”. Pero a las cuatro de la tarde, cuando todos los que habían marchado en cada caravana comenzaron a subir a esa tribuna, la escenografía cambió de color.
El palco se llenó de chalecos amarillos de la CTA, de los distintivos verdes de los estatales, de gorros con las iniciales de la Corriente Clasista y Combativa, sector que no forma parte del Frenapo pero que adhirió al acto. Estaban los pañuelos blancos de la Madres y sombreros de lana de oveja llegados desde la puna; en el mar de cabezas se podía encontrar incluso un casco de minero. Por encima, banderas argentinas y decenas de cañas de azúcar con cintas celestes y blancas, que los tucumanos dieron a los caminantes en su paso por la provincia como símbolo de la crisis que atraviesa el sector.
Luis D’Elía y Juan Carlos Alderete, en representación de los desocupados, se ubicaron en la primera fila, junto al titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, y al economista Claudio Lozano y a la secretaria general de Ctera Marta Maffei. A un costado se vio a Adolfo Pérez Esquivel, a las Madres de la Línea Fundadora y a un grupo de legisladores de la oposición, como Marcela Bordenave y Alicia Castro. También estuvo la aliancista María América González.
Alguien ató rápidamente una pequeña pancarta de Tierra del Fuego y más abajo otras manos acomodaron una de “Córdoba contra la privatización de Epec”. Un grupo llegado desde sur levantó también sobre el palco su cartel con un mapa de la Patagonia.
Con esa tribuna de fondo, y hacia una plaza con docentes, judiciales, estatales, piqueteros y algunos partidos de izquierda, hablaron seis oradores. D’Elía y Alderete volvieron a hacerlo a dúo, en representación de la Asamblea Nacional piquetera que el jueves y viernes mantuvo nuevos cortes de ruta. Alderete ratificó que habrá piquetes frente a las casas de “todos aquellos legisladores nacionales que quieran aprobar el presupuesto para el 2002 que convalida el ajuste, deja a la educación sin financiamiento, recorta los planes de empleo y los sueldos de los estatales”. “Todavía tenemos en la cárcel a un centenar de compañeros, hayen el país más de tres mil procesados, la Gendarmería continúa en General Mosconi”, enumeró a su turno D’Elía, que pidió por la libertad de Emilio Alí y de Raúl Castells.
D’Elía viajó en la columna norte, hasta La Quiaca, y compartió en Jujuy un acto con el Perro Santillán. Ayer consideró que lo más valioso de su viaje fue “la convicción de que se puede coordinar un frente de oposición al ajuste con una representación amplia”. Los piqueteros hicieron en ese sentido un llamado a que “todas las organizaciones populares trabajen para articular” un único plan de lucha.
“En este viaje, todas las caravanas llevaron en sí a los 30 mil desaparecidos”, dijo Nora de Cortiñas, que viajó con la columna Sur, cuando le tocó hablar. Y pidió que el 10 de diciembre “se vote en todos los lugares donde se pueda poner una urna, para que la democracia se llene de contenido”.
Eduardo Buzzi, de la Federación Agraria, se refirió a la situación de los productores rurales. “Los que estuvieron en Chajarí saben que con esta política económica los productores tuvieron que tirar sus naranjas y mandarinas. Los que estuvieron en Cuyo saben que pasó lo mismo con los olivares y que se dejan pudrir las cebollas bajo tierra. En este país de los alimentos, en este país del pan y de la carne se nos están muriendo chicos por causas evitables, muchas vinculadas a la desnutrición.”
Amancay Ardura, de la Corriente Clasista y Combativa, alertó que en la provincia de Buenos Aires “se vienen nuevos despidos” y planteó que se está diseñando un país “sólo para cinco millones de personas”.
De Gennaro cerró la lista, poco después de las cinco de la tarde. “No fuimos al interior a descubrir la pobreza, porque todos los días en esta Capital entran 100 mil personas a vivir y a comer de la basura; el 72 por ciento de ellos son chicos” señaló. “No fuimos a descubrir la desocupación, porque la desocupación está en nuestras casas, en un hermano, en un hijo o en un padre. Fuimos como orgullosas expresiones resistentes en esta lucha de la última década contra el modelo neoliberal. Lo hicimos para a traer a esta plaza el grito de angustia o de bronca del interior, pero también la fuerza de haber visto y conocido a los miles y miles que resisten y que construyen la esperanza.”

JUICIO A UNA MAESTRA EN BARILOCHE POR PROTESTAR
Cuando reclamar es delito

El próximo martes Marina Schifrin puede ser condenada por participar de una protesta social. La mujer tiene 41 años y desde hace 20 ejerce la docencia. En marzo de 1997 intervino en el corte del puente del arroyo Ñireco, en la entrada de Bariloche, donde reclamaba junto a otros docentes, padres y alumnos, contra la rebaja salarial y en favor de la escuela pública. El fiscal de la causa pidió que sea castigada con tres meses de prisión.
El jueves se realizó la audiencia oral del juicio contra Schifrin. Los doscientos manifestantes que acompañaron a la acusada esperaron en la puerta del tribunal. Sólo pudieron entrar a la sala cinco periodistas y tres familiares. Como prueba, se presentó un video aportado por un canal de televisión local en el que se ve a la docente en el corte del puente. También aparece el ex intendente peronista César Miguel, quien les aseguró a los que hacían la protesta que compartía su lucha y que dirigieran sus críticas hacia el gobierno provincial de Río Negro en manos de la UCR. La fiscalía citó a cinco testigos, pero sólo uno indentificó a la mujer. Se trata del gendarme Daniel Diverto, quien durante la protesta cumplía tareas de inteligencia.
Schifrin llegó a juicio porque a diferencia de las otras ocho personas que fueron procesadas en el expediente no aceptó pagar multas ni acogerse a la probation porque consideraba que no había cometido ningún delito. “Durante la audiencia sentí que era una vergüenza, que no era un juicio. Me parece que los reclamos no se deben judicializar, sino atender a las causas. El corte fue una decisión de una asamblea y se hizo en defensa de la escuela pública. De cualquier manera me sentí bien porque afuera había una manifestación que apoyaba y no a mí, a la lucha del conjunto”, expresó a Página/12 Schifrin, profesora de la Universidad del Comahue y miembro de la Corriente de Militantes por los Derechos Humanos y de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro. Sus compañeros de estas agrupaciones, más gente de la Central de Trabajadores Argentinos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Movimiento Socialista por los Trabajadores, la Corriente Clasista y Combativa y otros organismos nacionales y locales manifestaron su solidaridad con la maestra.
El martes, el juez Leónidas Moldes anunciará si condena a Schifrin por cortar el puente durante dos horas en protesta por el recorte salarial docente. En su alegato, el fiscal Jorge Bagur Creta destacó la “intencionalidad manifiesta de impedir el paso” y consideró probado que la maestra “incitaba al resto”. Bagur Creta entendió que Schifrin cometió el delito de interrupción o entorpecimiento de medios de transporte y aclaró que en su opinión el derecho de peticionar no puede estar por encima del que garantiza el libre tránsito. El abogado defensor, Luis Prytula, en cambio, explicó que el reclamo era por la educación y “por el hambre de los chicos” y que existen “derechos con privilegios” porque la Constitución y los Pactos Internacionales están por encima del artículo que prohíbe la interrupción del tránsito.

RECLAMO DE LOS DOCENTES BONAERENSES A RUCKAUF
Las clases, otra vez en riesgo

Los alumnos de las escuelas públicas bonaerenses perdieron casi cuatro semanas de clases, durante el reciente conflicto que enfrentó a docentes y a autoridades provinciales por el ajuste lanzado por la administración de Carlos Ruckauf, que incluyó rebajas salariales, pago en bonos y congelamiento de beneficios. En su momento, los gremios educativos suspendieron el paro por tiempo indefinido contra el ajuste en el marco de la conciliación obligatoria dictada por la cartera laboral provincial. Acordaron que para aplicar el descuento salarial no se sumaran los distintos trabajos de los profesores. Sin embargo, hasta ahora el gobierno provincial no cumplió esa promesa, ante lo cual tanto la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) como el Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) advirtieron que podrían retomar las medidas de fuerza.
“El trámite del envío a la Legislatura de las modificaciones a la Ley de Ajuste, incluyendo nuevos mecanismos de liquidación de los haberes del sector docente, no fue realizado por el gobernador, por lo que hemos resuelto convocar al consejo directivo para el lunes 24, para que determine si se pasa a una medida de acción directa”, dijo Jorge Martín, titular de la FEB. Por su parte, Hugo Yasky, secretario general del SUTEBA, afirmó que “Ruckauf no cumplió con el compromiso firmado. No vamos a permitir otra estafa contra los docentes”. Ambos gremialistas aseguraron que consensuarán el mecanismo de protesta, en el caso de que la situación no se destrabe en los próximos días.
El lunes 6 de agosto, cuando debían reiniciarse las clases después del receso invernal, todos los gremios docentes provinciales lanzaron un paro por tiempo indefinido, en rechazo al ajuste ruckaufista. La huelga duró más de tres semanas, y finalmente entre el 28 y el 29 del mes pasado los docentes levantaron la protesta.
A cambio, el gobierno bonaerense se comprometía a revisar los mecanismos de liquidación de sueldos, para que a los docentes “taxis” (que dan clases en varios colegios) no se les sumen los haberes a la hora de ejecutar la rebaja por sobre los 1200 pesos. Pero hasta ahora el Gobierno no envió ningún proyecto modificatorio a la Legislatura. Y la semana que viene será clave para saber si las aulas volverán a quedar vacías.

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