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Por Adriana Meyer
 La Justicia determinó
que habría elementos suficientes para llamar a indagatoria al presidente
de Fedecámaras, Rubén Manusovich. Sin embargo, esto no ocurrirá
hasta que se agote la investigación sobre el resto de los imputados.
A partir de una orden del juez federal Gabriel Cavallo fueron allanadas
las oficinas de la obra social de los trabajadores de obras sanitarias
(Osfentos), cuyas autoridades estarían implicadas –al igual
que Manusovich– en un negociado con el dinero que aportan los monotributistas
para su cobertura de salud. Una cámara oculta ordenada por el juzgado
mostró al titular de Osfentos, Juan Carlos Marteletti, explicándole
a Manusovich que “hay que recaudar un millón de pesos para
(Rubén) Cano”, es decir el superintendente de Salud.
En julio de 1999, Fedecámaras, la entidad que nuclea a pequeños
y medianos empresarios, pidió la inscripción de una obra
social propia, pero como no podía dar cobertura en el interior
acordó hacerlo a través del sindicato de Obras Sanitarias.
Entre abril y diciembre del año pasado a unos 100 mil monotributistas
les descontaron 20 pesos mensuales. La AFIP ordenó a la Superintendencia
de Salud que lo deposite a cuenta de 45 mil personas que pasaron a ser
afiliados “a dedo”. Ninguno de ellos recibió prestación
alguna a cambio de ese descuento. El dinero recaudado sumó 5,5
millones de pesos y fue depositado en el Banco Nación. La obra
social de los sanitarios habría cobrado 3,5 millones de esa cuenta
por una prestación que no brindó. El resto fue retirado
por el presidente de Fedecámaras a través de un cheque certificado.
Manusovich acusó a Cano y al secretario general de los sanitarios,
Rubén Pereyra, de presionarlo para quedarse con esos 5 millones.
A su vez, los tres lo acusaron a él de pretender apropiarse del
dinero de Fedecámaras. Cavallo unificó ambas causas y todos
pasaron a ser imputados de presunta defraudación a la administración
pública.
Funcionarios judiciales secuestraron en Osfentos el contrato suscripto
el 31 de marzo de 2000 por el cual esa obra social recibía de Fedecámaras
el 90 por ciento de lo recaudado por las afiliaciones. También
se llevaron 116 legajos de los afiliados a los que Osfentos dice haber
prestado atención médica. Los investigadores llamarán
a declarar a las personas a las que pertenecen esos legajo y a los prestadores
de Osfentos para determinar si esas prestaciones existieron. Buscan establecer
las responsabilidades de Pereyra y Marteletti, y recién después
los citarían a declarar junto con Manusovich. Una testigo que trabaja
en la oficina donde supuestamente Fedecámaras tenía la obra
social aseguró que no conoce a Manusovich y que en ese lugar no
funciona nada relacionado a la entidad que preside. En los próximos
días serán interrogados funcionarios de la AFIP que deberán
explicar la designación de 100 mil monotributistas como beneficiarios
de esta virtual obra social. Cano, su jefe el ministro de salud Héctor
Lombardo y hasta el presidente Fernando de la Rúa fueron mencionados
en una cámara oculta. Pero para la Justicia no es prueba suficiente,
salvo que algún imputado repita esos nombres ante el juez.
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