Por Susana Viau y Victoria Ginzberg

En coincidencia con su colega, el juez federal Gabriel Cavallo, Claudio Bonadío sustentó la inconstitucionalidad e invalidez de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final al procesar y dictar el embargo de bienes a los ex miembros del grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) Juan Carlos Rolón, Jorge Carlos Radice, Jorge Eduardo Acosta y Francis Whamond; el cuidador de caballos Aldo Roberto Maver y el dictador Emilio Eduardo Massera. Bonadío consideró que, encabezados por el ex almirante, los represores de la ESMA formaron una asociación ilícita destinada a secuestrar y desapoderar de sus bienes a un grupo de desaparecidos. Página/12 reveló hace casi tres años que valiosas tierras de Chacras de Coria, propiedad del empresario Victorio Cerutti, el contador Horacio Palma y el abogado Conrado Gómez habían sido transferidas a una cadena de sociedades ficticias, en cuyo extremo estaba Misa Chico, integrada por el hermano y el hijo de Massera.
Para declarar la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final el magistrado se basó en argumentos similares a los elaborados por Cavallo al citar a declarar a Julio Simón (El Turco Julián) y Juan Antonio del Cerro (Colores) por la desaparición de la familia Poblete. Es decir, la supremacía de los pactos internacionales de derechos humanos sobre el derecho interno y el derecho de gentes consagrado en la Constitución. Bonadío consideró que las leyes eran incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También citó el artículo 29 de la Constitución que considera “infames traidores a la patria” a quienes “formulen, consientan o firmen” el otorgamiento de facultades extraordinarias al Ejecutivo o a otros poderes del Estado y establece que estos actos deben ser declarados nulos.
Esta causa se inició a raíz de las declaraciones formuladas por el ex marino Alfredo Astiz a la revista trespuntos en enero de 1998. Federico Gómez, hijo de Conrado Gómez, acusó al represor por la desaparición de su padre y pidió que el expediente fuera caratulado como “genocidio”. Su abogado, Eduardo Barcesat, reclamó la anulación de las leyes de impunidad pero su planteo fue desestimado por el juez que estaba a cargo de la causa, Gustavo Literas. Barcesat había argumentado que “el nacimiento de una ley de la nación no puede ser la consumación de un delito” y que estas normas fueron sancionadas “a punta de pistola”. A raíz de esa presentación, en mayo del año pasado la Cámara Federal aportó el primer indicio de que las llamadas leyes de impunidad podían ser invalidadas. Los jueces Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun consideraron que las normas no eran de cumplimiento obligatorio. Luego de este fallo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reclamó ante Cavallo la inconstitucionalidad de la Obediencia Debida y Punto Final, que fue proclamada en marzo por ese magistrado. Como en el caso Poblete, que se inició por la apropiación de una menor, este expediente avanzó porque existía un delito no amparado por las leyes de impunidad: el desapoderamiento de bienes. Pero ayer, Bonadío procesó a los cinco ex miembros del grupo de tareas de la ESMA por la privación ilegítima de la libertad de Gómez. “Es una batalla más contra las inmundas leyes contra las que trabajamos durante catorce años”, afirmó Barcesat luego de conocer la decisión de Bonadío.

Asesinos S.A.

En enero de 1977, los integrantes de los grupos de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada realizaron tres allanamientos casi simultáneos en Mendoza, provincia de Buenos Aires y Capital Federal. En el primero secuestraron al casi octogenario Cerutti y a su yerno, Omar Masera Pincolini; en el segundo, en la localidad de Hurlingham, al contador Palma; en el tercero, en la avenida Santa Fe, al abogado Conrado Gómez. En el departamento de Gómez montarían una ratonera en la que cayeron buena parte de los integrantes del área de finanzas de Montoneros. Los tres hombres fueron trasladados a los sótanos de la ESMA y allí comenzó el salto en calidad de lo que hasta entonces no había sido sino rapiña. Los marinos, alborozados, creían haber dado con una parte sustancial del dinero pagado por los hermanos Juan y Jorge Born en calidad de rescate. No fue así, pese a que en la caja fuerte de Gómez hallaron una elevadísima suma de su propiedad. También encontraron los títulos de propiedad de Cerro Largo, la sociedad que Cerutti había formado con Palma cuando las finanzas de sus negocios vitivinícolas empezaron a andar mal. Gómez era el asesor de Cerro Largo, que administraba veinticinco hectáreas en Chacras de Coria, la zona más residencial y cara de la provincia. Las tierras tenían una valuación que rondaba los veinte millones de dólares.
Con prolijidad, los oficiales de la ESMA se llevaron del departamento de la avenida Santa Fe todo lo que encontraron a mano, hasta el azúcar y la yerba. En ese lote entró, incluso, el Ford Farlaine de Gómez a cuyo volante el represor arrepentido Adolfo Scilingo confesaría haber visto luego al oficial Berrone. A Gómez le serían robados también los caballos de carrera que lo apasionaban y pasaron primero a manos de un inexistente Juan Héctor Ríos que, ahora se ha venido a saber, era la falsa identidad usada por el teniente Jorge Radice, encargado de los temas “financieros” del ex almirante. En una segunda instancia, la titularidad de los caballos fue a parar al cuidador Aldo Maver, un hombre conocido en el ambiente turfístico. Juan Héctor Ríos, otro individuo tan fantasmagórico como él, Federico Williams –nombre que, se ha probado, encubría al capitán Francis William Wahmond– y el mendocino Manuel Campoy, con la complicidad de los escribanos Manuel Campoy padre y Ariel Sosa Moliné fraguaron la documentación que les traspasaba la sociedad y las tierras de Chacras de Coria y rebautizaron como “Wil-ri”, la versión apocopada de Williams y Ríos. La actual jueza en lo contencioso administrativo federal Emilia Martha García fue sucesivamente síndico suplente, síndico titular y accionista minoritaria del engendro.
Wil-ri se presentó en Mendoza como inmobiliaria y con bombos y platillos celebró el inicio de un proyecto de urbanización de las tierras, cuyas calles llevaron identificaciones de puro cuño castrense: Honor, Dignidad, y así seguían. Poco tiempo más tarde, Wil-ri cedería las propiedades a Misa Chico, la sociedad que, tal como revelara este diario en febrero de 1998, formaban Carlos Massera y Eduardo Massera hijo. Por esos hechos han sido procesados y embargados ahora Juan Carlos Rolón, Jorge Perren, Francis Wahmond, Jorge “El Tigre” Acosta, Emilio Eduardo Massera y Jorge Radice, quien se dedica febrilmente a escribir, vaya a saber qué, en la base naval de Zárate, convertida en prisión de este puñado de valientes muchachos de la Armada.

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