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Por Felipe Yapur
 “La causa por sobornos
en el Senado está pronta a ser cerrada.” La frase la pronunció
el fiscal Eduardo Freiler durante el encuentro que junto a su colega,
Federico Delgado, mantuvieron con los integrantes de la comisión
investigadora sobre lavado de dinero. “No podemos entender cómo
un juez puede decir que el soborno existió y no puede encontrar
a los responsables”, dijeron casi a dúo en obvia referencia
al juez que entendió en la causa, Gabriel Cavallo, y que el martes
fue ascendido a camarista por el Senado con el voto de varios los legisladores
que están involucrados en la causa.
Si bien los funcionarios reconocieron que “todavía hay prueba
por reunir”, también expresaron su temor por el probable cierre
definitivo de la causa antes de fin de año. De ser así,
la mayoría del grupo de senadores sospechados se verían
beneficiados justo en el momento que abandonan sus bancas, pero sobre
todo sus fueros.
Freiler y Delgado aseguraron que aún resta realizar al menos 25
pruebas antes de que el nuevo juez que entiende en la causa, Rodolfo Canicoba
Corral, tome alguna determinación. Los funcionarios destacaron,
por ejemplo, que faltaría realizar una investigación exhaustiva
del patrimonio de los senadores sospechados, de sus colaboradores y de
otras personas vinculadas a la causa y de las cuentas secretas que tiene
la Side –la repartición desde donde habrían salido
los fondos para las coimas– en el Banco Nación.
Los fiscales llegaron a la comisión por pedido de la diputada y
senadora electa por Santa Cruz, Cristina Kirchner, quien hace una semana
solicitó la incorporación del caso de los sobornos en el
Senado en el futuro informe final de la comisión antilavado. Con
el consentimiento del Procurador General, Nicolás Becerra, los
funcionarios se sentaron frente a la casi totalidad de miembros del cuerpo
que preside Elisa Carrió.
Una vez que el encuentro finalizó, Carrió adelantó
que en el informe final sobre lavado de dinero, que se presentará
el próximo 9 de noviembre, se buscará también identificar
la “responsabilidad institucional” que existió en los
sobornos.
La titular de la comisión antilavado apuntó hacia lo más
alto del gobierno –el presidente De la Rúa– al calificar
como “una verdadera confesión política” el “ascenso
de Alberto Flamarique a secretario de la Presidencia” seis meses
después de la aprobación de la ley.
El escándalo provocó una verdadera crisis en el gobierno
aliancista que salpicó al propio presidente Fernando de la Rúa,
y que derivó en un cisma en la Alianza cuando su entonces vicepresidente,
Carlos “Chacho” Alvarez renunció al cargo un día
después de que Flamarique –uno de los funcionarios sospechados
de haber participado en el caso– abandonara el Ministerio de Trabajo
para convertirse en un estrecho colaborador presidencial.
Todo comenzó cuando el titular de la CGT rebelde, Hugo Moyano,
dijo el 29 de marzo del año pasado en el Senado que el propio Flamarique
le había asegurado que los senadores no iban a ser un obstáculo
en la sanción de la polémica norma: “Para ellos tengo
la Banelco”, asegura el sindicalista que le dijo el ex funcionario,
quien por otra parte siempre lo desmintió.
Tres meses más tarde, y ya con la ley aprobada, el senador Antonio
Cafiero presentó una cuestión de privilegio para que se
investigue la veracidad de las versiones periodísticas que había
al respecto: “Tengo certezas pero no pruebas”, aseguró
el veterano legislador. El propio Alvarez, durante una reunión
de labor parlamentaria del 16 de agosto, hizo leer fragmentos de un anónimo
donde se describe con pelos y señales la presunta ruta de la coima.
El escándalo ya no se pudo frenar.
La causa recayó en el ex juez Carlos Liporaci que en muy poco tiempo
pasó de anunciar que había pruebas de la comisión
del delito a dictar la falta de mérito de los senadores sospechados.
Tras su renuncia, la causa la tomó el juez Cavallo.
Los fiscales Freiler y Delgado intentan ahora que Canicoba Corral acceda
a profundizar la investigación y así alejar la posibilidad
de que ésta termine archivándose.
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OPINION
Por Fernando Melillo*
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Por qué se enfermó
el Frepaso
El Frepaso se gestó en función de la intransigencia
ética, la renovación política y con vocación
transformadora en lo económico-social. Esta esencia convocó
en su momento a mucha gente que sintió agotada su pertenencia
a las fuerzas tradicionales en algunos casos, o la lucha marginal
y solitaria, en otros. Partiendo de estas bases, el Frente logró
en pocos años tener más presencia institucional que
cualquier otra tercera fuerza desde el retorno de la democracia.
Sin embargo ese poder, en la medida en que no sirvió en el
plano nacional para vehiculizar los objetivos originales, lo hizo
entrar en una indiscutible crisis.
Esta crisis se debe, entre otras cosas, a errores políticos
cometidos y a deficiencias en su construcción. Sin embargo,
y paradójicamente, el Frente se enfermó porque goza
de “buena salud política” ya que sus dirigentes
y militantes no son inmunes a la falta de cumplimiento político
y programático del gobierno del presidente De la Rúa
y a la evidente desaparición de la Alianza que en 1999 llegó
al gobierno nacional.
A diferencia de las fuerzas políticas tradicionales capaces
de cualquier adaptación en función de meras estrategias
de permanencia en el poder administrativo del Estado, los que somos
y fuimos militantes del Frente hemos sido parte de una fuerza que
orgullosamente muestra que no es apta para la aplicación
de cualquier política. Por eso sucede lo que sucede a nivel
nacional y no ocurre lo mismo donde el Frente gobierna y cumple
sus compromisos, como –por ejemplo– en la ciudad de Buenos
Aires.
Las últimas elecciones han puesto de manifiesto que la sociedad
es consciente de esto y que su salud política también
está a salvo. El retiro del voto al Gobierno Nacional es
un claro síntoma de que no tolera cualquier política,
menos aún la misma política que toleró durante
diez años de menemismo. El llamado “voto bronca”
es expresión de que no se banca más la hipocresía,
la falta de ideas y proyecto de aquellos que han dejado de hacer
un esfuerzo por sacar adelante el país y se han dedicado
al juego de camarillas y a la puja por el interés personal.
Años de retroceso de la Nación, de las condiciones
de vida de nuestro pueblo y de fracasos de las alternativas populares,
se explican no sólo por las “grandes virtudes”
de los sospechosos de siempre, sino también por las deficiencias
de aquellos que pensamos que “otra Argentina es posible”
y que se puede construir un país diferente.
Todos los que fueron y los que somos del Frepaso, y del Frente Grande
en particular, debemos ser –dentro de este amplio campo de
lo nacional y popular– los que hagamos la revisión más
profunda, justamente por haber sido los que habíamos generado
más expectativas y esperanzas en la sociedad.
Si queremos construir una alternativa sólida al pensamiento
único y al bloque conservador, todos los que formamos parte
de las expresiones del campo popular y progresista tenemos que asumir
que hay que reunir una muy importante masa crítica de cuadros
y dirigentes sociales, políticos y sectoriales. Que es necesario
compartir entre todos un sistema de ideas generales, pero también
de propuestas específicas, operables y prácticas.
Y que, finalmente, es vital saber conjugar todo esto con la presencia
de figuras públicas que concitan niveles de adhesión
y representatividad que permitan recrear una esperanza.
De esta crisis debe surgir una contribución a un sinceramiento
general del tablero político. Como partido que se asume popular,
el Frente sólo saldrá adelante si es capaz de recuperar
su autonomía, aprender de sus errores y perseverar en la
construcción de una verdadera alternativa para salir de la
Argentina de la “alternancia para lo mismo”.
* Diputado nacional, Frepaso.
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