Por Cristian Alarcón

Sólo en 1999 y 2000 fueron “al menos” sesenta los niños y adolescentes –bajo la tutela del Estado gobernado por Carlos Ruckauf– que murieron acribillados por las balas de la Bonaerense. Así lo denunció ayer la Suprema Corte de Justicia provincial en una resolución firmada por todos sus ministros. En ella dan cuenta de que muchos de esos chicos asesinados habían “expuesto con anterioridad amenazas y/o tratos lesivos” por parte de personal de las comisarías bajo cuya misma jurisdicción terminaron muriendo. Esa información fue interpretada ayer por varias fuentes judiciales consultadas por Página/12 como la comprobación institucional de que la Policía Bonaerense ejecuta a menores y simula que mueren en tiroteos. A tal punto es dura la resolución que Irma Lima, la presidenta del Consejo del Menor, opinó que “esto podría tratarse de 60 casos Bru o de un escuadrón de la muerte”. La figura de los escuadrones reaparece después de que este diario publicara varias investigaciones sobre cómo fueron fusilados dos chicos de 14 y 16 años en Don Torcuato, en el mes de marzo, por un presunto escuadrón integrado por integrantes de la maldita policía. El documento elevado por la Corte es un fuerte llamado de atención a las políticas de Seguridad del gobierno. Sin embargo, el ministro Ramón Verón apeló ayer a la soberbia para responder al reclamo de la Justicia: es “casi un deporte de los menores denunciar apremios ilegales”, dijo.
Si hay alguna certeza con la que se sale de una villa miseria después de hablar con los chicos que sobreviven robando paupérrimos botines es que es imposible saber si se volverá a verlos, más cuando recibieron amenazas. Así ocurrió en el caso de Gastón “Monito” Galván y de Miguel “Piti” Burgos, cuyos amigos le dijeron a este cronista en su propio funeral que estaban en una lista negra y que no serían ellos los últimos (ver aparte). Así ocurrió también con el ladrón Víctor Manuel “Frente” Vital, que a los 17 años había llegado a ser el chico más popular de la Villa San Francisco, en San Fernando. La policía se la había jurado, dicen decenas de testigos. Y como la mayoría, había sido golpeado en comisarías. En un intento de robo lo persiguieron por los pasillos de la villa hasta un rancho en el que se escondió junto a su compañero, bajo una mesa. Gritó: “¡No disparen! ¡Nos entregamos!”, pero el cabo Héctor Sosa disparó cuatro tiros con su reglamentaria. Las pericias demostraron que el “Frente” tenía cuatro orificios de bala porque una de ellas antes de entrar en pómulo, le cruzó la mano con la que intentó cubrirse del fuego.
Esa misma manera de morir, cubriéndose la cara con un escudo inútil, es la que ayer una alta fuente de la Corte le describió a Página/12 como la misma en que terminaron las vidas de varios adolescentes de la lista. En un comunicado de la SCJB se recordó ayer lo que en las recientes jornadas sobre “Servicio de Justicia, Niñez y Derechos Humanos”, el presidente de la Corte, Elías Laborde, dijo: “La niñez se ve obligada a caminar al borde del precipicio, a incurrir en delitos, a robar, a caer en drogas y adicciones”. Y se preguntó: “¿Qué hacemos con ese chico? ¿Le enseñamos lo que le falta para que se perfeccione? ¿Los lanzamos a la calle y lo terminamos matando?”. Esas declaraciones precedían el informe que ya estaba en manos de los jueces Juan Carlos Hitters –presidente entrante de la Corte–, Eduardo Petiggiani, Juan Manuel Salas, Eduardo de Lázari, Ernesto Ghione, Alberto Pisano, Héctor Negri y Guillermo San Martín. Todos ellos, más el procurador general Matías De la Cruz, firman el acuerdo elevado al Ejecutivo que fue elaborado en base al Registro de Denuncias y apremios y malos tratos físicos o psíquicos en perjuicio de menores tutelados. Esto –que los menores que cuentan en las estadísticas de la corte sean tutelados– hace más flagrante la posibilidad de que los hayan fusilado agentes del aparato de seguridad del Estado, ya que es el Estado el que, o por la ausencia de familia y contención o porque el chico está acusado de un delito, es responsable de su integridad.
Ante la contundencia de la resolución, la interventora del Consejo del Menor hizo una apuesta fuerte al decir que “si esto se comprueba estamos en 60 casos Bru o en un modus operandi más que perverso que es el de los escuadrones de la muerte. La policía es un cuerpo corporativo y con muchas mentes perversas adentro”. Y enseguida defendió: “La policía actúa con poco profesionalismo, asustada y con espíritu de venganza por la muerte de los compañeros”. Lima le dijo a este diario que no logró hablar con Verón, pero en ese punto sus dichos coincidieron. El ministro se enojó otra vez con la Corte y respondió descalificando las denuncias de los menores. “Para ellos es un deporte”, dijo. “Yo también me podría preguntar por la infinidad de policías muertos en manos de menores.”
En la Corte sus declaraciones cayeron con el peso de los cadáveres. “El ministro es el que debería dar explicaciones”, dijo una fuente sobre el pedido de Verón de que la Corte dé precisiones sobre las denuncias. Anoche este diario no pudo confirmar los enésimos rumores sobre el alejamiento de Verón, y el nombre de un sucesor ya elegido. Pero el humor del máximo órgano de justicia se oscureció también hacia sus propias filas. Por un lado decidieron pedir a los jueces de menores que informen “al instante” a la Corte cada vez que un menor muera en un presunto enfrentamiento. Por otro, el procurador redactaría un “instructivo” para los fiscales que no investigan con suficiente dedicación las causas por apremios o presuntos fusilamientos.

PERICIAS EN EL CASO DE LA COMISARIA DE LOMAS
Ocho detenidos por las torturas

Sólo uno de los ocho policías que siguen detenidos, acusados de torturar a un detenido con corriente eléctrica, aceptó declarar ayer ante el fiscal Oscar Acevedo y se declaró inocente. Otros tres fueron liberados por no encontrarse en el lugar –la comisaría 7ª de Villa Centenario, Lomas de Zamora– en el momento del hecho. El fiscal busca determinar las responsabilidades de cada uno en las torturas que sufrió Javier Villanueva. Por ello, se realizarán estudios al cable que se habría utilizado, y al propio Villanueva “con el fin de corroborar la presencia de síntomas patológicos por el paso de corrientes eléctricas anormales”.
Acevedo detalló que “el análisis del cable no es determinante. Podría detectarse material biológico o no. Lo más importante será la biopsia a los dedos de Villanueva”. Lo cierto es que en la Defensoría General están seguros de que los resultados darán positivo; el siguiente paso sería determinar quiénes utilizaron el siniestro cable. El caso saltó cuando Villanueva, acusado por un robo, fue llevado a declarar y las marcas que presentaba en su cuerpo y manos llamaron la atención del fiscal. El cable apareció en un allanamiento posterior.
“Lo que el análisis va a decirnos es si hubo modificación del tejido y si ésta es producto del paso de corriente eléctrica”, explicó a este diario el fiscal. De los ocho policías que permanecen detenidos, se conocen los nombres de seis: el subcomisario Oscar Djurazek, el oficial inspector Eduardo castillo, el cabo primero Walter Fidel Franco, el cabo primero José Melchor Hidalgo y los agentes Víctor Pérez y Gustavo Pereyra.

IRMA LIMA
“No creo en la mano dura”

Por C. A.

“Verón tiene la mejor intención”, asegura en una entrevista con este diario la interventora del Consejo del Menor bonaerense, Irma Lima. Y vuelve de esa manera a defender al otro funcionario que queda en medio de la tormenta institucional que desató ayer el informe de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense. Entrevistada por este cronista a propósito de las peligrosas relaciones de los menores con la policía, hace tres semanas Lima había dicho sobre el aumento de los chicos acribillados: “No sé si se dibujan los enfrentamientos policiales, como se sabe que puede ocurrir”.
–Usted ya tenía información sobre posibles fusilamientos –le planteó este diario.
–Pero todo a nivel chimentos, no tenía denuncias concretas. Eran cosas que circulaban.
–¿Y qué debería hacerse ahora que sí está la información oficial?
–Quiero aclarar que siempre vi en Verón una intención de investigar. Ahora me llamó, porque lo estuve buscando y él estaba en la gobernación. Me dejó un mensaje en el contestador. Mañana nos reuniremos con él y con el Procurador (Matías de la Cruz) porque esto amerita que hagamos una investigación seria. He visto casos en los que la justicia cierra las causas por malos tratos y apremios muy rápidamente.
–Usted defiende a Verón pero la Corte está diciendo que ya envió 23 resoluciones sin respuesta al Ministerio de Seguridad. Y Verón declara que los chicos denuncian por deporte.
–Le voy a decir una cosa, como jueza yo a los menores míos los conocía, no a todos, pero sí a los que se llaman pesados. Personalmente como jueza me daba cuenta, hacía todas las denuncias pero sabía qué casos ameritaban investigar a fondo porque el chico estaba diciendo la verdad: pibes que han venido golpeados de la cabeza a los pies, y eso que no tengo puesta la camiseta contra la policía. Pero hay tipos que tienen el cachetazo libre, que se creen que tienen una impunidad total.
–Deben tenerla... Usted está en un gobierno que tiene un discurso así.
–Públicamente he dicho que no creo en la mano dura y no creo que solucionen ningún problema de seguridad, que es una trampa cazabobos.
–Sin embargo usted es criticada porque si bien se dice a favor de las garantías sigue en el gobierno que propuso “meter bala a los delincuentes”
–Mire, respecto a los menores no lo he escuchado. No puedo decir que de los pibes se diga eso y siempre encontré apoyo. Verón habla de rehabilitarlos, tiene la idea fija de la escuela granja, que no es tan buena, pero creo que son buenas intenciones. Pero lo que sí digo es que si comprobara que esto que denuncia la Corte es así por una bajada de línea del gobernador, agarro mis cosas y me voy.

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