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Por Mónica
Gutiérrez
Desde
Córdoba
 La orden de captura contra la
cúpula del gremio de Luz y Fuerza y el allanamiento que la Justicia
realizó ayer en la sede sindical terminaron por enardecer a los
empleados de la empresa de energía de Córdoba (Epec) que
se oponen a la privatización. El afán del gobierno provincial
por neutralizar las protestas que los trabajadores realizarán el
lunes y el martes llevó a la Justicia a activar sorpresivamente
una causa por irregularidades en la farmacia del gremio y en ese marco
ordenó las detenciones de Lorenzo Racero, Santiago Clavijo, Juan
Medina y Jorge Molina Herrera. Antes, y por sus declaraciones en un acto
público, buscaban a Juan Leyría, quien todavía no
se presentó a los Tribunales. La orden de detención incluía
el lugar de destino: la cárcel de Bouwer, en las afueras de la
ciudad, para que los compañeros de los dirigentes no protesten
frente a las sedes céntricas de la policía.
El martes se recibirán las ofertas privadas y se abrirá
el sobre del primer candidato. El acercamiento de los plazos previstos
para la privatización de la Epec reactivó las protestas
de los lucifuercistas y también el intento oficial por desactivarlas.
Fuentes de la fiscalía de Gustavo Sandoval –el funcionario
judicial que lleva todas las causas que le importan al gobierno–
aseguraron a este diario que hubo una orden de encontrar en las causas
pendientes donde estaba involucrada Luz y Fuerza, motivos para detener
a los dirigentes y señalaron a Domingo Carbonetti, fiscal de Estado
de De la Sota, como el operador oficial. A tal punto, que en la fiscalía
de Sandoval se trabajó de madrugada para poder dar respuestas.
Y el viernes las encontraron: desempolvaron una denuncia de octubre de
1999 donde el ex presidente de la obra social del gremio acusaba a los
dirigentes de “vaciar” la farmacia sindical.
Horas antes, Juan Leyría, secretario adjunto del sindicato, había
afirmado públicamente que “antes de entregar la empresa, vamos
a quemarla”; lo que le valió la imputación de “coacción
calificada” por parte del mismo fiscal y una orden de captura que
aún no se concretó, a pesar de los numerosos procedimientos
que hizo la policía provincial.
La farmacia y otras dependencias fueron objeto de allanamiento en las
primeras horas de ayer hasta que, al mediodía, la Justicia llegó
a la sede central de Luz y Fuerza con la misma orden. Una improvisada
asamblea de empleados y la presencia del abogado del gremio, Miguel Ortiz
Pellegrini, impidieron que se completara el procedimiento en las oficinas
cerradas con llave. Ortiz Pellegrini se comprometió con el fiscal
Sandoval a entregarle la documentación relacionada con la causa
en las próximas horas. De los cinco dirigentes buscados, sólo
Molina Herrera pudo ser detenido el viernes a la noche, mientras Racero,
Clavijo, Medina y Leyría permanecían prófugos.
El operativo desplegado para detener a los dirigentes era muy importante
hasta las últimas horas de anoche y abarcaba toda la provincia.
“El gobierno quiere impedir la movilización y ahora consiguió
todo lo contrario. Nos van a tener que meter en cana a todos para evitarlo”,
declaró Carlos Suárez, el dirigente que quedó al
frente del sindicato. Los empleados están de paro hasta las 24
de hoy y mañana por la tarde se movilizarán con el apoyo
de la Federación Universitaria (FUC), la CTA y docentes universitarios,
entre otras organizaciones que anunciaron su adhesión. La protesta
alcanzará su máxima expresión el martes, cuando se
abran las ofertas.
Por decreto y a último momento, el gobernador decidió que
el estado cordobés conservará el 20 por ciento de las acciones
de la EPEC y que aceptará que el canon anticipado se pague con
certificados de cancelación de deuda hasta en un 70 por ciento
de su valor. En el mejor de los casos,ingresarán a las arcas provinciales
100 millones de pesos y otros 240 en bonos.
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OPINION
Por Santiago Clavijo *
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De la Sota: no nos
deje sin EPEC
Las últimas medidas adoptadas por el gobierno provincial
marcan el empecinamiento y las dificultades por las que atraviesa
el proceso de privatización de la EPEC.
Los allanamientos a domicilios de dirigentes de Luz y Fuerza, el
libramiento de órdenes de capturas, la presión sobre
los fiscales para que “armen” causas penales contra quienes
se oponen a las privatizaciones en Córdoba, según
lo manifestado por el diario La Voz del Interior, no van a servir
para que la situación económica cambie, y es esta
última la responsable de que la privatización de EPEC
no sea posible.
Más allá de cualquier debate, a favor o en contra
de la privatización, lo cierto es que la realidad del actual
momento económico indica que no existe una privatización
en condiciones mínimamente favorable para la provincia de
Córdoba; por el contrario, ha quedado en claro que sólo
participarán empresas extranjeras si lo que se ofrece es
un regalo.
Es esta situación la que obligó al gobierno provincial
a modificar vía decreto las condiciones establecidas en los
pliegos de licitación, nada más y nada menos que en
lo referente al porcentaje de venta de la EPEC (ahora se vende sólo
el 80 por ciento), y a la aceptación del pago del canon adelantado
con títulos de la deuda provincial (hasta un 70 por ciento).
Y todo esto a sólo días de la apertura de los sobres
que contienen las ofertas.
¿No es esto desconocer los derechos de empresas que resolvieron
no participar por las condiciones que ahora son modificadas?, ¿cómo
sabe el gobierno que de esa manera sí habrá interesados?,
¿acordó con ellos la modificación a los pliegos?,
¿dónde quedan los principios declamados de respeto
a la competencia, la transparencia y la imparcialidad de los procesos
licitatorios?
¿El gobernador De la Sota está dispuesto a regalar
la empresa provincial o a estrellarla, antes que cambiar el rumbo?
¿Algún fiscal actuará de oficio para saber
si existieron violación a los deberes de funcionario público
con estas modificaciones a los pliegos?, ¿investigarán
si no se viola la Ley de Defensa de la Competencia?, ¿el
Poder Judicial ordenará la suspensión del proceso
licitatorio hasta tanto se aclaren estos puntos?
No somos delincuentes, no somos estafadores, por la sustracción
de fondos de la Farmacia Sindical desde la obra social están
imputados desde el mes de mayo tres directivos de la obra social.
Paradójicamente, la imputación la realizó el
propio Fiscal Sandoval a raíz de una denuncia presentada
por mí. El fiscal sabe quién es quién.
La privatización de EPEC no existe, y es el empecinamiento
del gobierno provincial por forzar una privatización que
no es posible, lo que está haciendo colapsar no sólo
a EPEC, sino también a las instituciones y a la convivencia
democrática en nuestra provincia.
Doctor De la Sota, la autoridad no se demuestra encarcelando y “poniéndose
firme” con dirigentes sindicales o ciudadanos comunes, sino
plantándose frente a los poderosos en la búsqueda
de alternativas que no contemplen al ajuste y a la privatización
como la única solución a los problemas de la provincia
y el país.
* Dirigente de Luz y Fuerza-Córdoba
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