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FUE POSTERGADO EL ASCENSO DE OCHO OFICIALES
Con las jinetas en remojo

La Comisión de Acuerdos del Senado aprobó el ascenso del grueso de los oficiales propuestos por las Fuerzas Armadas. Postergaron la decisión sobre los cuestionados por el CELS y por Bravo y Bordenave.

Los ascensos ponen en vilo a los militares cada año porque pueden implicar el fin de sus carreras.

Por A. M.

Por ahora no pasaron, pero no está dicha la última palabra. La Comisión de Acuerdos del Senado aprobó los ascensos de todos los militares propuestos a excepción de los nombres cuestionados por legisladores del ARI y por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Sin embargo, los pliegos de los vicecomodoros Salvador Ozan y Oscar Rubén Jerez están “en revisión” y serán analizados el miércoles próximo en la reunión de la comisión. De todos modos, los casi trescientos ascensos deben ser aprobados en el recinto de la Cámara alta.
La diputada del ARI Marcela Bordenave y el senador electo de la misma agrupación Alfredo Bravo denunciaron a Jerez ante la Justicia federal por presunta violación de la Ley de Defensa, que prohíbe a los miembros de las Fuerzas Armadas realizar tareas de inteligencia a nivel interior. En 1993, cuando el entonces mayor Jerez se desempeñaba como jefe regional de Inteligencia Litoral, ordenó investigar aspectos personales y profesionales de tres personas. Página/12 pudo saber que en las próximas horas se producirían novedades en la investigación abierta en el juzgado a cargo de Rodolfo Canicoba Corral. Y esos elementos pueden ser de importancia para sumar a las pruebas que ya presentó Bordenave ante la comisión, a pesar de que su presidente, el justicialista Horacio Zalazar, ya desestimó la acusación contra Jerez.
Los legisladores del ARI también cuestionaron a Ozan porque habría cometido el mismo delito que Jerez, pero en un caso revelado por este diario en el que los espiados fueron diez periodistas y la agrupación Mujeres Agropecuarias en Lucha. Ozan fue procesado por el juez Gabriel Cavallo, cuando reemplazó a Norberto Oyarbide. Pero esa causa podría estar a punto de ser cerrada por el repuesto Oyarbide dado que el fiscal Miguel Osorio realizó un planteo de prescripción. Esa definición será la clave de la actitud que tomen los senadores en cuanto a su ascenso.
En la reunión de ayer los senadores decidieron poner en revisión también los casos de otros seis militares cuya promoción fue “desaconsejada” por el CELS. Se trata de tres tenientes acusados de violaciones a los derechos humanos, uno de ellos con actuación en la ESMA, un oficial del Ejército que intervino en el alzamiento carapintada de 1987, y el subdirector de la Fábrica Militar de Río Tercero que estaría implicado en el caso de la venta ilegal de pólvora. También está cuestionado por ese organismo el jefe del prensa del Estado Mayor Conjunto que confirmó la no entrega de la ESMA para que funcione el Museo de la Memoria.
A partir del fallido ascenso de los marinos Antonio Pernías y Juan Carlos Rolón, que admitieron en el Senado haber utilizado la tortura, los pliegos son revisados por la subsecretaría de Derechos Humanos. Esa dependencia acercó a la comisión legajos de la Conadep que evidencian antecedentes vinculados a la represión ilegal de casi una decena de militares. A pesar del hermetismo de los funcionarios de la subsecretaría, serían los mismos que cuestionó el CELS.
El año pasado, los oficiales del Ejército intentaron tomar la iniciativa para no encontrarse con sorpresas cuando los pliegos llegaran al Senado: presentaron recursos de hábeas data ante el CELS y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). En ese acto pusieron en evidencia, por lo menos, su torpeza puesto que el abogado patrocinante fue el neonazi Juan Torres Bande. El jefe del Ejército se vio obligado a pedirle disculpas a la DAIA. Este año no apelaron al mismo procedimiento.

 


 

LA INCREIBLE HISTORIA DE LA FAMILIA DONDA
La perversión de la represión

El año 1976 encontró a los hermanos Donda en dos bandos distintos. José María era militante de Montoneros y fue secuestrado y desaparecido. Adolfo se convirtió en oficial de la Marina y revistó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde la esposa de José María, Hilda, llegó embarazada. Cuando se enteró de que Donda, su cuñado, era jefe de torturas en la ESMA, Hilda trató de que la ayudara. El le prometió que la liberaría, pero no sólo permitió que la mataran, sino que habría entregado a la beba a otra familia Donda de Entre Ríos. A partir del informe que difundió ayer “Telenoche Investiga”, titulado “El silencio de dos hombres” y que incluye testimonios del apropiador y del entregador de Victoria (que así llamó a su hija su madre biológica), el juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó que le extrajeran sangre a Mariel Irene Donda, una chica que hoy tiene 24 años, para realizar un análisis de ADN. El magistrado investiga la posibilidad de que ella sea hija de la pareja desaparecida.
José María militaba, junto a su mujer Hilda, en la organización Montoneros. En marzo de 1976 pasaron a la clandestinidad y, para preservar a su hija Daniela, de tres años, le dieron la custodia a su abuela materna, la señora Leontina Puebla de Pérez. Los peores presagios se cumplieron y José María e Hilda, por entonces nuevamente embarazada, cayeron en manos de la Fuerza Aérea. Los atraparon en un centro comercial, según contó Leontina al equipo de “Telenoche”. Cuando llegó el momento del parto, María Hilda fue trasladada a la ESMA, donde funcionaba una maternidad clandestina. Cuando nació su hija, a la que llamó Victoria, Hilda sabía que se la iban a quitar y pensó junto con una amiga que si le hacían un agujerito en la oreja y le ponían un hilo azul, más adelante podrían reconocerla. Pero el intento no funcionó.
Cuando nació Victoria, su cuñado, oficial de la marina y jefe de los grupos de tareas de la ESMA, le prometió a Hilda que su hija quedaría en manos de la familia y que ella sería posteriormente liberada. Pero no cumplió. Hilda está desaparecida y a Victoria le sustituyeron la identidad. Leontina, quien actualmente vive en Canadá, siempre tuvo una terrible sospecha respecto de otra familia Donda que vive en Paraná. Hasta allí viajó un equipo de “Telenoche Investiga”. Dieron con el domicilio de una familia con una hija de 24 años, la misma edad que tendría hoy Victoria. Los vecinos recuerdan que la mujer de la casa no podía tener hijos hasta el día en que apareció con un bebé. Su esposo, Arturo Donda, no pudo contestar a “Telenoche” donde nació su supuesta hija. Citó como testigos del parto a dos familiares, ambos fallecidos.
El oficial de la marina Adolfo Donda (beneficiado con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y con pedido de captura internacional del juez español Baltasar Garzón) tiene hoy una empresa de seguridad que trabaja en los aeropuertos con la mayoría de las líneas aéreas y que es contratada por el Estado argentino. Por caso, tiene como clientes a Educ.Ar, el portal del gobierno argentino que conduce el hijo menor del Presidente y la Municipalidad de Mar del Plata. Donda se negó a contestar al periodista sobre el destino de su sobrina nacida en cautiverio.
Daniela, que tenía tres años cuando sus padres desaparecieron y que sabe de la existencia de una hermana, fue criada por el represor Adolfo Donda, quien le sacó la tenencia a su abuela durante el gobierno militar. El tiempo pasó, pero la verdad está cerca de conocerse. En el juzgado federal de Paraná, por orden del juez Canicoba Corral, se le extrajo ayer una muestra de sangre a Mariel Irene Donda para hacer un análisis de ADN. Cuando el estudio esté listo podrá saberse si esa chica es Victoria.

 

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