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Por Maximiliano
Montenegro
 Las dos mujeres fuertes del
FMI no le sueltan rienda a Cavallo. La número dos del Fondo Monetario,
la economista norteamericana Ann Krueger, no se priva de manifestar, en
público o en privado, su escepticismo sobre Argentina. Según
pudo confirmar Página/12, el lunes pasado, durante un seminario
reservado en el Banco Mundial, la funcionaria dejó en claro que
la política económica argentina en los últimos meses
había sido peor que la de Turquía, otro país que
sufrió una gran crisis a fines del año pasado. En tanto,
insistió con la idea de que, tarde o temprano, el país deberá
adoptar un sistema de tipo de cambio flotante, abandonando la paridad
fija 1 peso igual a 1 dólar. En la misma reunión, Teresa
Ter Minassian descalificó los planes de competitividad de Cavallo
y se mostró incrédula sobre la posibilidad que cumpla con
los recortes previstos en el Presupuesto 2002. Ayer, en un seminario abierto
al público, también en Washington, lejos de dar algún
crédito a la política de Cavallo, Krueger contó la
verdad de por qué el FMI le había otorgado un nuevo préstamo
por 8000 millones en agosto. “La comunidad internacional realizó
una segunda ronda de apoyo en agosto como un gesto desesperado, pero dado
que la alternativa era con seguridad el caos, lo tuvimos que hacer”,
se justificó. Eso, después de comparar la recesión
argentina con la depresión de los años 30 y tras pronosticar
que el desempleo seguiría subiendo.
Hace apenas dos meses, Ann Krueger, una economista conservadora de reconocida
trayectoria académica, ocupó el lugar que dejó vacante
Stanley Fisher, quien en la última década se encargó
de mantener a Argentina en un lugar privilegiado en la agenda del FMI.
Ese breve lapso le bastó a la funcionaria promovida por la administración
Bush para demostrar que no es de las que, en Washington, apuestan por
la Convertibilidad.
Ayer, durante una reunión de la Asociación Nacional de Economistas
(National Economists Club), la subdirectora-gerente anunció que
el organismo estudia un nuevo marco jurídico internacional que
contemple la posibilidad de que un país pueda declararse en convocatoria
de acreedores, como sucede con las empresas amparadas por las leyes de
quiebra. El tema es relevante para Argentina, porque Cavallo está
tratando de esquivar demandas legales de los acreedores que no entren
al canje, eludiendo hasta ahora una declaración de cesación
de pagos formal (ver aparte).
En esa misma conferencia, Krueger explicó a sus colegas por qué
el Fondo había otorgado en agosto nuevos préstamos por 8000
millones de dólares a Argentina, los que no hicieron más
que prolongar la agonía. Lejos de resaltar las virtudes del programa
propuesto por el gobierno argentino, la economista optó por calificar,
ante sus colegas, la actitud del FMI como un “gesto desesperado”;
pero lo justificó en que “la alternativa era con seguridad
el caos”. Antes, había dicho que la profundidad de la caída
del PBI en Argentina le recordaba a la gran depresión de los años
30 y acotó que la tasa de desocupación seguirá subiendo.
El lunes pasado, durante un exclusivo seminario en el edificio del Banco
Mundial sobre la calle 19, Krueger no había sido menos pesimista
al referirse a la Argentina. “Lat meets the markets” (Latinoamérica
se encuentra con los mercados), fue el título de la reunión,
que juntó a funcionarios de los organismos internacionales (como
la propia Krueger y Teresa Ter Minassian, la ex jefa de las misiones en
Argentina); al subsecretario del Tesoro, John Taylor; a analistas de los
principales bancos de inversión, como Alberto Ades, de Goldman
Sachs, y Michael Gavin, de Warburg; y a directores de fondos de inversión
internacionales, como Mohamed El-Erian, de PIMCO (Pacific Investment Management
Company). Dicho sea de paso: éste último fue funcionario
del FMI durante 15 años, hoy administra un fondo de inversión
de más de 230.000 millones de dólares, y lidera un club
de acreedores extranjeros que amenazan con demandar al Estado argentino
ante los tribunales de Nueva York si Cavallo no se sienta a negociar con
ellos las condiciones de la quiebra. Durante ese brainstorming, vedado
a la prensa, Krueger se encolumnó con los funcionarios de Washington
que consideran que la Convertibilidad con tipo de cambio fijo está
agotada. Ayer, el Ministerio de Economía desmintió mediante
un comunicado que la funcionaria le haya dicho a Cavallo en privado que
Argentina debía dejar flotar el peso como, según pudo confirmar
este diario, el propio ministro contó el domingo en Olivos a empresarios
y sindicalistas llamados a formar una mesa de concertación. Sea
como fuere, entre sus colegas de Washington, Krueger no se preocupa por
ocultar sus opiniones. Más aún, cuentan que calificó
a la política económica de Turquía con una “B-”.
Al referirse a la calidad de las políticas llevadas adelante por
Cavallo fue todavía más dura: “prefiero guardarme la
calificación”, dijo, ante las sonrisas de los presentes.
El ex secretario de Programación Económica Federico Sturzenegger
fue el delegado de Cavallo en ese encuentro, donde explicó los
alcances de los recortes de gasto proyectados por su jefe para el Presupuesto
2002, con el fin de lograr déficit cero. Pero la otra mujer de
alto rango en el FMI, la italiana Ter Minassian, se encargó de
desbaratar la exposición del vate de Economía. Teresa –como
se la recuerda en la Casa Rosada– puso en duda que tales ajustes
pudieran aplicarse. Pero, por sobre todo, destacó que dicha política
era contradictoria con los planes de competitividad de Cavallo, a los
que tildó de aumento del gasto encubierto. La próxima vez,
¿deberá el ministro enviar a Sonia a negociar a Washington?
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Para quiebras de Estados
El FMI estudia promover un nuevo ordenamiento jurídico
internacional que contemple los procesos de quiebras para Estados,
a los que el peso de los servicios de la deuda externa les resulte
insostenible. El plan será discutido en diciembre por el
directorio del organismo y cuenta con el respaldo de Estados Unidos
y Gran Bretaña, según anunció la subdirectora
gerente del FMI, Anne Krueger. Sin embargo, su aplicación
tomará tiempo, de manera que “no ayudará ahora
a la Argentina”, adelantó la funcionaria. Krueger dijo
que el objetivo “es evitar la situación que enfrenta
ahora la Argentina”, y estimó que “la deuda argentina
podría tener ahora más valor si hubiera estado en
vigencia un sistema de quiebra”. La idea es encontrar alguna
fórmula jurídica que sirva para que un país,
al igual que una empresa, pueda entrar legalmente en convocatoria
de acreedores, ante la imposibilidad de afrontar los vencimientos
de capital o interés de la deuda. Y que esto no implique,
como ocurre ahora, una cesación de pagos traumática,
que pueda derivar en eventuales juicios de los acreedores ante los
estrados de Nueva York. En la actualidad, la Justicia de Nueva York,
que rige la emisión de los bonos de la mayoría de
los países emergentes, ante demanda de acreedores rebeldes
hasta podría embargar los bienes y cuentas del Estado en
cuestión en el exterior para garantizar el cobro de la deuda,
haciendo naufragar la reestructuración de la deuda y agravando
la crisis económica. Krueger dijo que confía en que
un sistema internacional de quiebras alentará a lo países
y a sus acreedores a buscar una solución a sus problemas,
sin acudir al FMI u otras instituciones. Pero admitió que
habrá que crear algún tipo de sistema judicial independiente
para dictaminar en las disputas entre deudores y acreedores. Cuando
el sistema se ponga en marcha, habrá una congelación
de la deuda, pero por tiempo limitado, a fin de asegurar que el
deudor negocia de “buena fe”, mientras que una extensión
del plazo requerirá la aprobación del FMI. Cualquier
financiación adicional del FMI estará limitada a reponer
reservas y a pagar los servicios e importaciones esenciales, pero
no habrá asistencia para pagar a los acreedores.
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INFORME
AL FMI SOBRE ACUERDOS CON LAS PROVINCIAS
El interior preocupa afuera
La misión del FMI encabezada
por Tomás Raichmann recibió ayer un “minucioso informe”
sobre el acuerdo firmado en las últimas semanas por el gobierno
nacional con las provincias. Los detalles fueron aportados por el secretario
de Relación con las Provincias, Hugo Garnero, en un encuentro en
el Palacio de Hacienda ayer a las cinco de la tarde. Los técnicos
del organismo internacional le reclamaron al Gobierno la urgente implementación
de un nuevo régimen de coparticipación y manifestaron su
preocupación por la marcha del canje con los estados provinciales.
Según lo acordado previamente con el FMI, el proyecto sobre el
nuevo régimen de coparticipación debía llegar al
Congreso antes del 30 de este mes. Pero ayer los funcionarios de Economía
le explicaron a los técnicos del Fondo que “si bien se han
logrado acuerdo con 20 provincias, todavía no hay un nuevo marco
legal”. “Ellos (los técnicos del FMI) reconocieron que
existe cierto progreso con esos acuerdos, pero siguen reclamando un proyecto
de ley”, señaló una fuente de Economía.
Además, los técnicos del FMI habrían planteado sus
dudas sobre la viabilidad fiscal de las provincias a la luz de que la
refinanciación de sus deudas no se hará de manera lineal
al 7 por ciento, ya que los bancos han expresado su pretensión
de cobrar una tasa del 12 por ciento a partir del primer año del
canje.
Conforme a las proyecciones del Centro de Estudios Bonaerenses, el déficit
consolidado del conjunto de las provincias crecería este año
un 59 por ciento en relación al acumulado en 2000. De acuerdo al
trabajo del CEB, el déficit provincial total llegaría a
fin de año a 5087 millones de pesos, sin considerar como ingresos
lo que reciban mediante Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales
(Lecop), contra 3209 millones correspondientes al desequilibrio del año
anterior.
Los ingresos tributarios provinciales disminuirían, de acuerdo
a estas proyecciones, en poco más del 5 por ciento este año,
mientras que los que recibe por coparticipación se verían
reducidos en un 4 por ciento. En el primer concepto el conjunto de las
provincias recibiría este año unos 10.300 millones de pesos,
y por coparticipación unos 15.700 millones. Con estas cifras, más
otros ingresos por 4500 millones y gastos totales por 32.600 millones
e intereses de la deuda por aproximadamente 3000 millones, se arribaría
a los casi 5100 millones de déficit total.
Sólo en el segundo semestre, los vencimientos por intereses de
las provincias superan los 2500 millones. El stock de deuda provincial,
según el CEB, aumentó en el tercer trimestre de este año
de 22.600 millones a más de 24.850 millones.
La
concertación, para la otra semana
La Unión Industrial Argentina
solicitó ayer al Gobierno extender en una semana el plazo de la
convocatoria a la mesa de concertación de propuestas para salir
de la crisis. La central fabril argumentó el pedido en la conveniencia
de “analizar con exactitud las distintas medidas que van a integrar
el temario y los recursos necesarios para asegurar su cumplimiento”.
Según trascendió ayer en fuentes oficiales, la Jefatura
de Gabinete aceptará hoy el pedido y anunciará la prórroga
hasta el jueves de la semana próxima.
La sede nacional de Caritas Argentina fue escenario ayer de otro encuentro
orientado a elaborar propuestas y encontrar caminos para salir de la actual
situación. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas,
el Foro del Sector Social, la Asociación Cristiana de Dirigentes
de Empresa, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la UIA
y la comisión nacional de Cáritas convergieron en la reunión
de la que participó el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo. Cáritas
se ofreció como “ámbito facilitador para continuar
el diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil, el sector
privado y estatal (con el) objetivo de encontrar acuerdos sustanciales
que permitan salir de la actual crisis social”, según expresó
la entidad eclesiástica.
Por su parte, la UIA reiteró su apoyo a la convocatoria oficial
en la nota enviada al presidente de la Nación en la que solicitó
la mencionada prórroga. “No dudamos de la utilidad de avanzar
en acuerdos entre los distintos sectores que hacen al funcionamiento de
la economía nacional”, señala. “Convencidos que
el análisis de las medidas debe realizarse con el máximo
grado de detalle, sobre todo en momentos que se realiza una gestión
tan importante como es el canje de deuda para el tramo local, es que creemos
pertinente la postergación de esta primera reunión de concertación”,
expresa la nota firmada por José Ignacio de Mendiguren.
Precisamente, la falta de una agenda precisa había sido uno de
los argumentos esgrimidos por sectores sindicales para cuestionar la convocatoria.
De Mendiguren pretende erigirse en uno de los artífices del acercamiento
entre sectores y, en tal sentido, “operó” sobre Colombo
para que le otorgara el tiempo necesario para poder ampliar el abanico
de participantes. Anoche, el titular del Banco Nación, Enrique
Olivera, confirmó que ya está resuelto otorgar la prórroga
solicitada.
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