El ministro de Salud, Héctor Lombardo, no pudo precisar ayer en qué momento el PAMI estará en condiciones de saldar sus deudas con los prestadores y, por el contrario, hizo una afirmación que no permite augurar el mejor de los futuros para la obra social: “Todo depende de la recaudación y de los ahorros por la reestructuración en marcha”. Y el panorama es todavía menos alentador a partir de la interna desatada en la cúpula misma del PAMI. Mientras el interventor Raúl Pistorio aseguró que la crisis “no generó abandonos de personas y se resolvieron las emergencias”, su segundo, Eduardo Trivisono, lo criticó públicamente por la forma en que “encaró su gestión” y admitió que se “perdió” un chico, en referencia a la muerte de Sergio Martínez Yofre por falta de atención.
Lombardo habló mucho, recurrió a frases como “se va a solucionar el problema del PAMI y en el año 2002 vamos a tener un PAMI con déficit cero” o “no murió y lo vamos a salvar”. Pero nada dijo en concreto acerca del modo de solucionar los problemas que a diario enfrentan los miles de beneficiarios que vieron cortadas sus prestaciones y sus palabras remitieron en todos los casos a un futuro por otra parte incierto. Valga, por caso, su afirmación en el sentido de que “primero hay que mejorar la recaudación. Para eso están los nuevos planes de competitividad, y el éxito que se logre va a mejorar la situación económica. Por otro lado, están las acciones de reestructuración (de la obra social) que se están llevando adelante”.
Una cosa, en cambio, sí dejó en claro Lombardo y fue su desacuerdo con la ley aprobada por el Congreso que establece una partida extra de 160 millones para la obra social. “Se aprobó una ley sin saber de dónde se va a sacar la plata”, se quejó primero y después remarcó que “no podemos sacar recursos de otro lado para mandar al PAMI”.
La opinión de Lombardo acerca del auxilio financiero que el Parlamento aprobó para el PAMI puso de manifiesto sus diferencias con Pistorio. Al contrario que el ministro, el interventor consideró que “lo que hace el Congreso es tratar de paliar el déficit coyuntural” y especuló que con una inyección de 160 millones de pesos, “equivalente a un mes prestacional, se puede destrabar el conflicto con los prestadores y empezar el 2002 con nuevas pautas”.
Pistorio no tiene, de todos modos, tantos problemas con Lombardo –quien lo puso al frente del PAMI– como con su segundo. “Mi enfoque no acuerda con el doctor Pistorio en cómo encaró la gestión”, señaló Trivisono y admitió que por el corte de las prestaciones médicas y sociales “lamentablemente perdimos un chico y así podemos perder más gente”. De ese modo, se convirtió en el primer funcionario en reconocer que Martínez Yofre –un chico riojano de 11 años con problemas neurológicos– falleció por falta de atención, cosa que aún ayer Lombardo siguió negando con el argumento de que “no era afiliado de la obra social”.
Trivisono –quien desde años reporta a Lombardo, pero sintoniza del grupo Sushi– deslindó su responsabilidad personal en la muerte del chico porque “correspondía que como subinterventor, pudiese haber tenido decisiones y firma para inicialar resoluciones. Sin embargo, Pistorio se encargó directamente de dejarme sin ningún tipo de atribuciones”.
El funcionario sostuvo que “lo que habría que hacer es sentarse con todos los actores, renegociar la deuda, consolidarla y salir para adelante” porque la obra social “no debe ser privatizada” y confió en que “salvar al PAMI es posible” a partir de su “normalización” y el cambio de “el modelo prestacional”. En ese sentido, explicó que con las 70 mil camas que hay en hospitales públicos se podría hacer “un sistema de respuestas rápidas” a través de un teléfono 0800 e implementar un modelo de atención domiciliaria, denominado “El geriatra en casa”.
Frente a las declaraciones de su segundo, Pistorio lo desmintió y afirmó que “no hubo abandono de personas y se resolvieron la emergencias”. También dijo que la situación por la que atraviesa el PAMI “ha generado una corriente de trabajo en diferentes ámbitos para ver cómo salir de la crisis”.

MATILDE MENENDEZ REAPARECIO EN UN ACTO PUBLICO
“Acá la nota de color soy yo”

Por Irina Hauser

“Estoy supernerviosa”, confesó con una gran sonrisa ante un auditorio de doctores, doctoras, prestadores médicos y militantes peronistas. Matilde Svatetz de Menéndez eligió uno de los días más críticos del PAMI para ir por su revancha y volver al mundo de los micrófonos y las tarimas de la política, un arte que no desplegaba a sus anchas desde que en 1994 se tuvo que ir de la obra social de los jubilados asediada por denuncias de corrupción. La excusa para la reaparición de la ex funcionaria, devenida rubia y con melena lacia, fue la presentación del Instituto de Capacitación Dr. Ramón Carrillo –el mismo nombre de su vieja agrupación partidaria– del Sindicato de Médicos Argentinos (SUMAR).
Alguna vez soñó con ser candidata a vicepresidenta en la fórmula que llevó a Carlos Menem a la reelección. En la semana posterior a la liberación del ex presidente, aprovechó el contexto y se pudo materializar su regreso público de la mano del dirigente sindical de la sanidad, Carlos West Ocampo –alineado con Rodolfo Daer–, quien finalmente no acudió al evento. Al ex presidente Matilde no le pierde el rastro: no faltó a verlo a Don Torcuato, y cada vez que puede intenta hacer planes con él.
Rodeada de hombres del sindicato, la psiquiatra ex interventora del PAMI se mostró como “la” anfitriona del acto. “Cómo le va doctor”, “cómo le va doctora”, saludaba mientras intentaba sostenerse en unas empinadas sandalias blancas que terminaban acordonadas en los tobillos. Sus compañeros de la mesa de oradores abarcaron en breves discursos las malas condiciones en que trabajan los médicos argentinos, la falta de convenios colectivos de trabajo, la pobreza, la clonación, las Torres Gemelas, los contratos basura, y por fin la importancia de la capacitación de los trabajadores de la salud, tema del nuevo instituto.
Matilde, con tailleur azul, estaba ubicada justito a la altura de un frondoso arreglo floral. Entre el público circulaba una revista con el título “Mala praxis: la industria del siglo” que una mujer con blusa de seda verde rechazó diciendo “no gracias, soy una de las tantas coladas del partido”. Cuando le tocó hablar, la ex funcionaria –que será secretaria de docencia– se puso de pie y comenzó a repartir agradecimientos a la mujer de Carrillo, al decano de Medicina de la UCA, consejeros de la UBA, los prestadores, y los todavía fieles del PAMI. “Los médicos tenemos que estar organizados y capacitados”, dijo entre frases similares y alguna cita de Eva Perón. “El secreto de la calidad es el amor”, remató después de que le leyeron mensajes de aliento de la diputada ultramenemista Lelia Chaya y de Lorenzo Miguel, entre otros.
–¿Por qué vuelve al ruedo aquí y ahora? –le preguntó Página/12.
–Esto no es volver a la política sino trabajar como médica –llegó a contestar Menéndez cuando el sindicalista Miguel Sagués la interrumpió al grito de “yo la ayudo a responder, lo que pasa es que para nosotros el aporte de ella como ex funcionaria es muy importante”.
“Acá la nota de color soy yo”, refutó ella. Y dijo que le basta con “ser congresal del PJ sin planes específicos” y dedicarse a “lo profesional y gremial”.
Menéndez renunció al PAMI cuando dueños de clínicas psiquiátricas fueron filmados pagando una coima para la obra social de los jubilados, y sumó causas por adelantos de dinero a prestadores, entre otras barbaridades. Si quedaba algún resquicio para investigar, la Corte Suprema ya se encargó de amenazar a todo juez que pretenda hurgar en las conductas de funcionarios.

Feroz represión de una protesta
de discapacitados en Plaza de Mayo

Por Alejandra Dandan

“Quedamos de cuarta: pareció la represión de la época del jopo.” Este fue uno de los análisis que anoche se escuchaban en el Departamento Central de Policía. Durante la madrugada, cincuenta hombres de la fuerza habían montado un operativo violentísimo contra un grupo de discapacitados que dormían en Plaza de Mayo. El operativo se hizo sin orden judicial y fue un escándalo. El jefe de la Policía, Rubén Santos, atribuyó la responsabilidad al “poder político”. Off the record, fuentes cercanas a la jefatura aseguraban que la instrucción fue dada por el ministro del Interior, Ramón Mestre, a pedido de Héctor Lombardo, a cargo del Ministerio de Salud y uno de los más incómodos con la protesta. Esta hipótesis fue desmentida por los dos funcionarios.
La plaza estaba silenciosa. Frente a la Casa Rosada quedaban unos treinta integrantes del Foro para la Promoción y Defensa de los derechos de personas con discapacidad (Foro-Pro). La asociación coordinada por el padre Pablo Molero de la arquidiócesis de Buenos Aires, terminaba el primero de los dos días de protesta programados. Se juntaron allí para reclamar una deuda de 8 millones de dólares que el PAMI mantiene con esas instituciones. Pero no fue una manifestación común y eso fue lo que más molesto al Gobierno: en medio de la plaza, los discapacitados reprodujeron el escenario del cotolengo. Trasladaron hasta allí todas sus herramientas: pusieron camas, colchones, mesas de luz, armarios y heladeras: “Quisimos sacar a la luz lo que sucede a diario en nuestras instituciones”, comentaba, a la tarde, el padre Molero.
Sin duda molestaron: rápidamente las imágenes fueron tomadas por las cámaras de televisión. Mientras se difundía ese escenario, Molero y otros representantes terminaban de tramitar la instalación de una carpa que finalmente fue lo único rechazado. La fiscal Elsa Miranda, del fuero contravencional porteño, fue quien siguió todos los pasos que iba dando la concentración. Ella aceptó toda la modalidad, excepto la carpa. Cuando terminó el día, todos los posibles conflictos estaban resueltos. La fiscal abandonó el lugar y conoció todo lo ocurrido recién ayer a la mañana.
La policía entró a Plaza de Mayo a las 3.15. Eran cincuenta civiles y uniformados en carros de asalto y armados a cargo de Raúl Androzzi, el jefe la Superintendencia Metropolitana. Sobre la plaza, las dos columnas que fueron avanzando sólo encontraron las camas y las treinta personas dispuestas a llevar adelante una vigilia que finalizaba ayer a la tarde. Entre ellos estaba el padre Molero, algunos discapacitados y familiares: “Nos dieron con todo: era una relación de 6 a uno para que te des una idea”, dice ahora Daniel Lipani del Foro-Pro.
La decisión de sacarlos estaba tomada. En la plaza sólo dejaron las muletas y las sillas de los discapacitados.
El secretario de Seguridad y jefe político de la fuerza, Enrique Mathov, no se encontraba en el país. Sus voceros aseguraron que estaba en Uruguay cuando los hombres de Santos recibían la orden. En su lugar, dentro del ministerio no quedó nadie. El único funcionario que quedaba con poder necesario para movilizar a las tropas, era Mestre. “El ministro nunca se comunicó con Santos ni con Lombardo por este tema”, dijeron anoche sus voceros que en cambio aseguran que la policía puede intervenir de oficio en estos casos. “Este tipo de campamento no puede hacerse en plazas como éstas y la policía no necesita ninguna orden para intervenir”, dijeron.
Sin embargo, la defensora del Pueblo, Alicia Oliveira, asegura que sin orden judicial este tipo de operativos no puede llevarse adelante. Por eso, desde la Defensoría del Pueblo, ayer le enviaron un oficio al jefe de Policía pidiendo el nombre de la persona o del organismo desde donde había partido la orden.
Los discapacitados mientras tanto seguían sin saber quién había ordenado sacarlos de la plaza. A la tarde, el subjefe de la Policía, Osvaldo Cannizzaro, los convocó para pedirles disculpas. Mientras tanto, Héctor Lombardo aseguraba que lamentaba los hechos y mientras también se alejaba del entorno de presuntos responsables, aseguraba que investigaría el origen del operativo.
En este terreno cada vez más conspirativo, el Foro buscó algún canal oficial para presentar el petitorio. El padre Molero se entrevistó con funcionarios de la jefatura de ministros para proponerles un plan de pagos para que el PAMI pudiera saldar la deuda que mantiene desde agosto con las instituciones. “Pueden darnos 750.000 pesos cada tres días, y así en un mes cubrimos todo”, decía al final del día mientras organizaban además, la devolución de las camas.

LAPIDARIO INFORME SOBRE LA GESTION ALIANCISTA
Lo llamaban la cajita de cristal

Por Cledis Candelaresi

Presumiblemente, la prominente sonrisa de Cecilia Felgueras se habrá esfumado rápidamente al conocer el último informe de la Sindicatura General de la Nación sobre la gestión PAMI durante el año 2000. Un impacto igualmente adverso debe haber generado en los otros interventores aliancistas de ese período, Horacio Rodríguez Larreta y Federico Polak, que administraron la obra social de los jubilados bajo la consigna de depurarla. El trabajo de la Sigen descubre que muchos de los vicios imputados a la gestión menemista son, en rigor, males endémicos que han subsistido hasta la actualidad. En lenguaje técnico y mesurado, pero claro y directo, el organismo de control cuestiona la elemental falta de un presupuesto, la injustificada discrecionalidad para contratar, y detalla irregularidades en licitaciones, en las que era habitual modificar requisitos minutos antes de la apertura de ofertas.
La conjugación de tantas falencias juntas, detectadas durante el ejercicio pasado, podrían explicar en gran medida la crítica situación económico financiera de la entidad, con una multimillonaria deuda exigible en el corto plazo. La falla básica del Instituto Nacional de Servicios Sociales de Jubilados y Pensionados, que propicia defectuosas gestiones, es el caos en los procedimientos administrativos, que no están sujetos a normas. Esto, advierte la Sigen, “quita transparencia a las decisiones”.
A esta debilidad, los administradores aliancistas habrían sumado gruesos errores de administración y gestión:
Falta de presupuesto. No existió para el ejercicio 2000 un presupuesto aprobado ni “estados de ejecución presupuestaria”. En otros términos no se sabe cómo se gastó ni hay parámetros para evaluar ese gasto. “Dicha carencia dificulta los controles así como el desarrollo de políticas de contención del gasto”. Más directo: “La Comisión Interventora Normalizadora no ha rendido cuenta formal de sus actos”, reza el texto.
Arbitrariedad en las contrataciones. Las decisiones de compras no están fundadas por informes técnicos que fundamenten “acerca de la relación costo beneficio ni la razonabilidad de los precios” a los que se contrata. PAMI no ha dictado su propio reglamento interno para comprar y contratar, pero tampoco respectó las normas generales sobre esta materia, que consideran “una excepcionalidad” la contratación directa.
Irregularidades en la gestión. Es el capítulo más extenso del informe, en el que se detallan, éstas entre otras faltas, los defectuosos concursos públicos convocados por Felgueras (el informe de Sigen no menciona a ningún funcionario) para la contratación de distintas prestaciones. Aquéllos se habrían realizado en base a pautas “ajenas al instituto de la licitación pública”, a saber: no se fijaron criterios para seleccionar a los oferentes, lo que hizo muy arbitraria la selección; “se modificaron datos técnicos y exigencias, horas antes de los actos de apertura, restando confiabilidad a los concursos gestionados”; para colmo de males, “en más del 75 por ciento de los concursos verificados, el Instituto solicitó a oferentes determinados, que subsanen incumplimientos de requisitos esenciales, suficientes para desestimar su oferta”.
Ineficiente control de planes. Uno de ellos es el Plan Odontológico, que insume alrededor de 5 millones de pesos mensuales.
Dudosa contratación directa de los prestadores del plan de Salud Mental. Se terminó adjudicando en forma directa el servicio “a los prestadores beneficiados por similar modalidad en la administración anterior, por intermedio de la federación Argentina de Cámaras y Asociaciones Psiquiátricas (Facap)”. La resolución 1114/00 plantea objeciones al servicio y su facturación, “no obstante éste se encuentra prorrogado sin debida justificación”.
El listado de irregularidades también incluye fallas elementales como la falta de rendición de viáticos y movilidad y un pecado tal vez más imperdonable en crítica época de servicios suspendidos por falta de recursos. “Se detectaron fondos ociosos en las sucursales del PAMI”.Casi inverosímil: no está normado el procedimiento para formular denuncias contra prestadores y empleados de la obra social de los jubilados.

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