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Por Irina Hauser
 “Me temo que no todo lo
que voy a decir les va a gustar”, provoca antes de las preguntas,
mientras se calza con elegancia anteojos de vidrios amplios. Jorge Bacqué
no ostenta rastros de su paso por la Corte Suprema en el pequeño
estudio de su casa donde recibe a Página/12. Allí lo acompañan
papeles amontonados, cuadros, un viejo tocadiscos, un libro de paisajes
mexicanos y un Código Penal de tapa dura roja. “No se puede
decir que el fallo de la Corte sea arbitrario”, dice sobre la resolución
que al beneficiar a Emir Yoma permitió la liberación de
Carlos Menem. Sin embargo, matiza, está convencido de que “hubo
un exceso” del tribunal para amoldar el fallo al ex presidente. Y
añade una preocupación: “Con la teoría de la
Corte se termina la investigación sobre la venta de armas”.
Bacqué, 79 años, fue ministro del alto tribunal hasta que
Menem decidió multiplicar el número de supremos de cinco
a nueve para armar una mayoría propia. Cada tanto, cuenta, asesora
en la presentación de recursos ante la Corte. “Pero ya no
tengo muchas ganas de trabajar”, confiesa. Escapa, a cada instante,
a las definiciones abiertamente políticas. “Que el resultado
al que llegó la Corte no me guste, es otra cosa”, dice.
“Lo que hace el fallo, en principio, es una apreciación distinta
de la que hizo la Sala II de la Cámara Federal –señala–.
Pero no se puede decir que sea un fallo arbitrario o equivocado. En rigor,
sobre la figura de la asociación ilícita hay muchas opiniones
e interpretaciones, hay doctrina para un lado y doctrina para otro. Lo
que dice la Corte es que los requisitos que exige la ley para que haya
asociación ilícita no aparecen en lo que hubiese podido
hacer Yoma. Mientras que, al revés, la Cámara al confirmar
la sentencia del juez Jorge Urso dice que sí están presentes.
Cualquiera de las dos versiones puede ser aceptada.”
–Si usted fuera ahora ministro de la Corte, ¿qué hubiera
dicho en su voto sobre la situación de Yoma y Menem?
–Estaría más de acuerdo con la interpretación
de la Cámara. Su fallo, si bien restringía la libertad de
Yoma, era la confirmación de que podía seguir la investigación
en el juicio oral. Con la teoría de la Corte se termina la investigación
sobre la venta de armas. Además, cuando la Cámara confirmó
el fallo de Urso, no dictó una sentencia definitiva, era un acto
interlocutorio que tendría remedio en algún momento en el
juicio. La Corte dijo que había sentencia definitiva porque el
daño de la restricción de la libertad es irreparable, algo
que también es razonable. Pero me parece que había suficiente
razón como para que la investigación siguiese.
–¿Hubo per saltum, es decir, la Corte salteó instancias
a propósito?
–No puedo asegurar que sea así. Creo que los ministros Gustavo
Bossert y Enrique Petracchi tuvieron razón al decir que faltó
pasar por la Cámara de Casación. Pero, suponiendo que sea
per saltum ¿qué mal habría? Cuando yo era ministro,
Petracchi fue el primer partidario del per saltum. Yo me opuse. Me parecía
incluso inconstitucional porque tenía que haber sentencia definitiva
para llegar a la Corte. Pero hoy en día el per saltum es moneda
corriente, es una institución que en Estados Unidos se acepta.
Ocurre es que en Argentina es totalmente ajena al sistema.
–¿Acuerda con el criterio de que no puede haber falsedad ideológica
de decretos del Ejecutivo, como plantearon seis ministros del alto tribunal?
–Antes que nada, me llama la atención que la Corte se pronuncie
sobre la falsedad ideológica cuando la sentencia apelada no la
menciona, cosa que parece razonable porque Yoma no era funcionario. Me
parece que hubo un exceso de la Corte. Lo habrán hecho para abrirle
la puerta a Menem. Pero creo que con el argumento de la falta de tipificación
de la asociación ilícita hubiera bastado para liberar a
Menem, lo demás parece un agregado. En cuanto a la falsedad ideológica
de los decretos creo, aunque tendría que pensarlo mejor, que la
argumentación de los ministros no es un disparate. El lenguaje
de órdenes no es susceptible de ser falso overdadero. Si se entiende
que un decreto es una orden, no puede ser ni falso ni verdadero. Ahora,
si digo que los decretos no son sólo la parte dispositiva y hay
que analizarlos en contexto dado que un cargamento que tenía un
destino fue enviado a otro, podría ser diferente.
–El presidente de la Corte, Julio Nazareno, ha dicho que no hay ningún
tribunal supremo que carezca de componente político. Y algo similar
dijo Corach la semana pasada. ¿Puede abstraerse la Corte del plano
político?
–Lo que le puedo decir es que mientras yo fui ministro nunca tomé
en consideración las cuestiones políticas, y que ningún
funcionario nunca me pidió nada. Creo, aunque no lo puedo asegurar,
que a mis colegas de entonces tampoco nadie les pidió nada. Le
doy un ejemplo, la Corte en que yo estaba declaró la constitucionalidad
de la Ley de Obediencia Debida, y yo declaré en disidencia la inconstitucionalidad.
Personalmente creo que lo que tiene que hacer un tribunal es aplicar la
ley, y dentro de ella los ministros pueden dar prioridad a sus convicciones
morales, preferencias personales o al dolor de muelas que tenga en ese
momento. Dentro de lo que la ley permite, la función del tribunal
es hacer justicia.
–La realidad es que cuando usted renunció a la Corte fue porque
se veía venir la conformación de la mayoría automática
menemista, después de la ampliación del número de
miembros del tribunal de cinco a nueve.
–Yo veía venir dos cosas: creía que Menem iba a nombrar,
efectivamente, a cinco personas de su confianza. Debía nombrar
cinco porque José Severo Caballero había renunciado. Yo
iba a poder hacer muy poco en esa Corte. Pero además, trabajar
en un tribunal colegiado es una cosa muy difícil, complicada, incómoda
y a veces hasta peligrosa. Yo pensé que no iba a estar cómodo,
no renuncié por una cuestión de egoísmo civil. Me
parece que en buena medida acerté. Por ejemplo, yo hubiera estado
en contra en temas de privatización. Obviamente mi ideología
general, que es liberal, no iba a coincidir con la de la mayoría.
Tengo un trabajo que muestra cómo cambió la jurisprudencia
de la Corte en el primer año de la nueva Corte. Pasa a ser una
Corte más conservadora y menos garantista.
–¿Qué opina del tramo del fallo favorable a Yoma y
Menem que compara la actividad de los jueces con la represión ilegal
de la dictadura?
–Me parece inadecuado, porque la Corte da una especie de instrucción
a los tribunales inferiores que no le agrega ni le quita nada a la resolución
que libera a Yoma. Si ese considerando no hubiera existido, el desprocesamiento
de Yoma hubiera estado igualmente fundado. Me parece que es muy peligroso
dar una instrucción que en el fondo lo que dice es “mire,
usted cuando se trate de funcionarios públicos, de gente relevante,
cuídese mucho”. Yoma no era funcionario. Igualmente, los tribunales
ya saben que se tienen que cuidar, pero tienen que hacerlo no solamente
cuando hay funcionarios públicos involucrados. Por otra parte,
cuando se trata de funcionarios tendrían que ser mucho más
severos que cuando son simples ciudadanos porque la responsabilidad es
mucho mayor.
–¿Qué se puede esperar de ahora en más de la
Justicia?
–Tengo confianza en que los jueces sigan actuando de acuerdo a su
conciencia y que hagan lo que les parezca correcto. Sé que algunos
lo harán y otros no, hay jueces buenos y jueces malos. Y aún
suponiendo que la mayoría sean buenos, la fama de los malos se
derrama sobre los buenos.
–¿El fallo de la Corte favorece la corrupción?
–Me parece que no. Habitualmente las sentencias judiciales o las
leyes severas ni favorecen ni perjudican a la corrupción, me parece
que la corrupción es una cosa ajena. Si ahora aumentan las sanciones
para quienes matan a policías, no por eso van a matar a menos policías.
Es una cuestión de convicciones y de educación.
–¿Los ministros Julio Nazareno y Adolfo Vázquez debieron
haberse apartado del tratamiento del expediente por su amistado con Menem?
–Jurídicamente no estaban obligados a excusarse. La ética
es una cuestión subjetiva. Si yo hubiera sido íntimo amigo
de Yoma o hubiera tenido trato frecuente con él, me hubiera excusado.
–¿Imaginó que el voto que cosecharía la mayor
parte de las adhesiones sería el que escribió el ministro
Augusto Belluscio?
–No me consta que sea el voto de Belluscio, pero si fue así
a mí me extraña. A Belluscio no lo veo como un hombre afecto
a hacer esas advertencias a los jueces, y creo que no se le hubiera escapado
que no tenía por qué mencionar la falsedad ideológica.
Es muy inteligente.
–¿La figura de asociación ilícita podrá
seguir aplicándose sin obstáculos a funcionarios de un gobierno
después de este fallo?
–Esos funcionarios, según la Corte, tendrían que ponerse
de acuerdo previamente para realizar organizadamente acciones delictivas
genéricas, no una sola acción. Hay otros tratadistas que
creen que no se requiere una generalidad tan amplia. Supongo que la asociación
ilícita será difícil de probar, de hecho la mayoría
de los delitos no se prueban, ni se castigan. No soy experto en derecho
penal, pero las dos visiones parecen razonables. Que el resultado al que
llegó la Corte no me guste, es otra cosa.
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