|
Por Adriana Meyer
 Final. Se terminó lo
que se daba para la causa de la venta de armas en manos de la Justicia
federal en lo penal. Tras seis años de investigación, Jorge
Urso perdió el expediente con el que cosechó la gloria de
ser mencionado en los futuros libros de historia como el juez que metió
preso por primera vez a un ex presidente argentino. El magistrado y el
fiscal federal Carlos Stornelli fueron apartados del proceso principal
por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, y no podrán asumir
la causa por las explosiones en la Fábrica Militar de Río
Tercero (ver aparte). Urso sólo retendrá el sumario por
enriquecimiento ilícito de Menem, Yoma y otros ex funcionarios
y familiares. “Se completó el más perfecto y sincronizado
plan de destrucción del expediente”, fue la tajante opinión
que recogió Página/12 de fuentes judiciales.
Ayer, la Cámara de Casación Penal le arrebató la
causa madre a Urso al decidir que la tramitación de todos los sumarios
criminales abiertos por el envío ilegal de armas al exterior queden
a cargo del juez en lo penal económico Julio Speroni, que indagó
a Carlos Menem y Emir Yoma pero les dictó la falta de mérito.
Los jueces Pedro David, Raúl Madueño y Juan Fégoli,
de la sala II de Casación, manifestaron en forma unánime
que Urso y Speroni investigan idénticos hechos, por lo que “continuar
con instrucciones paralelas” podría constituir una “violación
a la prohibición del ‘non bis in idem’”, que consiste
en aplicar a un acusado múltiples sanciones por el mismo delito.
Los camaristas siguieron la línea de razonamiento del fiscal ante
Casación Raúl Plée y concluyeron que “atento
lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia respecto de la figura de
asociación ilícita, el delito más grave investigado
en estas causas es el contrabando agravado, por tratarse de armas, municiones
o materiales considerados de guerra”. Y es Speroni y no Urso quien
tramita las investigaciones por contrabando. La Corte dejó sin
efecto los cargos por asociación ilícita que el juez le
había endilgado al ex presidente Menem y a su ex asesor Emir Yoma,
en un fallo en el que reprochó la supuesta “arbitrariedad”
y “ligereza” del magistrado a la hora de evaluar las responsabilidades
penales de ambos.
“Es una decisión ‘arreglada’ a derecho”, calificaron
con ironía en los pasillos de Comodoro Py. La frase, en realidad,
es estar ‘ajustado’ a derecho. “Casación tomó
una posición cómoda porque la causa quedó tullida
tras su paso por la Corte y era muy fácil hacer esto cuando sólo
quedó en pie el delito de contrabando, ya que están fuera
de carrera la asociación ilícita y la falsedad ideológica”,
escuchó este diario.
El caso por la venta de armas fue investigado en forma simultánea
bajo enfoques diferentes. Por un lado el fuero federal, de la mano de
Urso, analizó qué responsabilidad tuvieron distintos funcionarios
en la decisión de llevar adelante la operación a través
de los decretos que autorizaron los embarques de material bélico
a Croacia y Ecuador, mientras que la justicia en lo penal económico
se ocupó hasta ahora del contrabando de pólvora a Croacia
en 1998. Ambas causas se tocaron en varios momentos y ambos jueces decidieron
privar de la libertad con distintas acusaciones al ex ministro de Defensa
Antonio Erman González y al ex jefe del Ejército Martín
Balza.
Tras el encarcelamiento de Menem, quien fue con prisión domiciliaria
a la quinta de Don Torcuato hace seis meses y fue liberado el 20 de noviembre,
la sala II de la Cámara Federal porteña dispuso que la investigación
que seguía Speroni fuera remitida a Urso para incorporarla a su
investigación. Pero el juez en lo penal económico rechazó
de plano desprenderse del expediente y sostuvo que “la justicia en
lo penal económico es la única competente para continuar
entendiendo” en el tema. La misma semana la Corte hirió de
muerte la pesquisa principal, que ayer recibió el tiro de gracia
cuando Casación respaldó a Speroni. “En el federal
8 están de duelo, dicen que fueron a la basura siete años
detrabajo y ya velaron la causa”, confió un empleado judicial
que trabaja en el mismo piso.
El contrabando es un ilícito con penas de entre 4 y 14 años
de cárcel, lo cual obstaculizó todos los intentos de Erman
y Balza por obtener la excarcelación. En su resolución de
tres carillas, los jueces David, Madueño y Fégoli afirmaron
que la causa donde se realiza la pesquisa por tal ilícito “atrae
por conexidad a las otras donde se investigan los restantes delitos”
y por lo tanto los expedientes “deberán acumularse”.
En Comodoro Py recordaban ayer que los menemistas siempre obtuvieron buenas
noticias del fuero penal económico y especulaban con que el argumento
de la exculpación será que el Estado, y los ex funcionarios
como sus representantes, no puede contrabandearse a sí mismo.
Según Plée, el conflicto se inició en octubre cuando
la Cámara Federal porteña decidió unificar los expedientes
antes de resolver la situación procesal de Menem, que estaba preso.
En su dictamen, aclaró que el cambio de manos de los expedientes
no afecta “la circunstancia referida a la ‘ruta del dinero’,
pues la continuación de esa pesquisa corresponderá al juez
en lo penal económico”.
|
Tampoco en Córdoba
El fiscal federal Raúl Pleé dictaminó en favor
de mantener en la Justicia de Córdoba la investigación
por las explosiones registradas en 1995 en la Fábrica Militar
de Río Tercero, que provocaron siete muertos. Urso se había
arrogado la competencia del caso por considerar que los estallidos
en la planta militar pudieron ser deliberados, pero la Justicia
cordobesa se rehusó a remitirle el expediente. Las sospechas
de Urso fueron ampliamente respaldadas por la querellante Ana Gritti,
viuda de una de las víctimas, quien considera que en el siniestro
se habría destruido documentación útil a la
investigación por el tráfico de armas.
Ayer Plée compartió el criterio de los tribunales
mediterráneos. Según el fiscal, “no existe conexidad
procesal alguna” entre la investigación que se desarrolla
en Córdoba y el expediente por el tráfico de armas
a Ecuador y Croacia que Urso instruyó desde 1995. Plée
destacó que Córdoba ya elevó a juicio oral
la causa y, además, explicó que el Tribunal Oral investiga
las siete muertes que provocó la catástrofe en la
planta militar, por lo que rige en su favor el principio del “delito
más grave”. Ahora la sala II de Casación debería
dar su palabra en el asunto. Pero, en realidad, el conflicto entre
el juez y los tribunales cordobeses parece haberse tornado abstracto
ya que el magistrado porteño deberá declinar su competencia
en las investigaciones por la venta ilegal de armas, en favor de
Speroni.
El juez federal de Río Cuarto, Luis Martínez, elevó
la causa a juicio con la imputación de “estrago culposo”
contra tres militares y dos civiles, a quienes consideró
responsables de no detener la propagación del fuego en el
polvorín. El proceso oral y público aún no
tiene fecha de inicio pero mientras tanto el Tribunal Oral Federal
2 de Córdoba hizo lugar al pedido del fiscal Miguel Rizzotti
y decidió realizar una investigación suplementaria.
Esto supone una nueva reconstrucción de los hechos ocurridos
el 3 de noviembre de 1995, que además de las muertes provocaron
centenares de heridos y dejaron media ciudad destruida. El tribunal
concretará simulacros, convocará a los vecinos que
fueron testigos del suceso y puedan aportar nuevas pruebas, a la
vez que citará a expertos en la materia, de origen nacional
y extranjero.
|
|
OPINION
Por Melchor Cruchaga *
|
|
Una polémica por el
caso AMIA
En una columna de Página/12 de ayer, Raúl Kollmann
evaluó la salida de Nilda Garré de la investigación
del caso AMIA a la luz del anuncio de que el testigo C vendría
a declarar al país. El secretario de Justicia y actual titular
de la Unidad Especial de Investigaciones rechaza la evaluación
de que la renuncia de Garré fue ocasionada por un pacto político.
Durante mi trayectoria como diputado nacional y ahora como secretario
de Justicia, siempre he trabajado con todos aquellos que estén
en la búsqueda de la verdad en la causa AMIA sin distinción
de colores políticos. Por ello, rechazo terminantemente que
se diga que hubo un pacto en el alejamiento de la doctora Nilda
Garré, por quien tengo aprecio y respeto, para evitar investigar.
Fue la doctora Garré quien elevó su renuncia al señor
ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, quien
al aceptarla le agradeció su desempeño. Por estas
razones, es absolutamente falso que se diga que el objetivo del
oficialismo fue desplazarla por un supuesto acuerdo con otras fuerzas
políticas.
Se omite mencionar que, con fecha 14 de noviembre del corriente
año, la Unidad Especial de Investigaciones que encabezo presentó
un escrito en la sede del Juzgado Federal Nº 9 en relación
con el testigo C. En dicho escrito se hace saber al juez el especial
interés de esta Unidad en recibir la ampliación de
los dichos del mencionado testigo, dándose expresamente los
fundamentos de esta solicitud.
Es errónea y desafortunada la imputación de que este
Gobierno no ha hecho nada. Fue el presidente Fernando de la Rúa
quien, con el objetivo de unificar al poder estatal en la búsqueda
de la verdad, creó la Unidad Especial de Investigaciones
por el atentado a la AMIA. Estamos trabajando día a día
con las distintas fuerzas de seguridad, juntando una por una las
millones de fichas de la Dirección Nacional de Migraciones
de la fecha del atentado. El juicio oral y público parecía
imposible de realización hace poco tiempo. Hoy se desarrolla
en condiciones normales, con la presencia de observadores de organismos
internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. La realización de este juicio fue posible gracias
a la infraestructura brindada al Poder Judicial por este Ministerio.
Se reacondicionó por completo la sala de audiencias, siendo
la mejor equipada de nuestro país. Se reforzó el personal
del tribunal interviniente, proveyéndolo con tecnología
de última generación, así como al Ministerio
Público. Se puso en marcha una campaña institucional
en nuestro país y en el exterior para recabar datos en la
búsqueda de la verdad. Todos y cada uno de estos datos se
procesan y analizan con un único fin: encontrar a todos los
culpables. Se han dado todos los instrumentos legales para profundizar
nuevas vías de investigación. Bajo este Gobierno se
ha sancionado la ley del arrepentido, reclamada por gran parte de
los familiares de la víctimas de los dos atentados. Además,
con fecha 21 de setiembre del corriente, el Presidente ha firmado
un decreto por el cual amplía las facultades del titular
de la Unidad Especial de Investigaciones a fin de proteger a todos
los testigos que declaren en la Unidad Especial. Nos encontramos
analizando detenidamente cada una de las causas denominadas satélites,
anexas a la principal, que se encuentran radicadas en tribunales
de todo el país, especialmente en la provincia de Buenos
Aires.
Nunca en todos los años de dedicación a este tema
hemos utilizado políticamente hechos que han quitado la vida
a más de un centenar de compatriotas y daños irreparables
a sus familiares. Por estas razones, tenemos convicciones y compromiso
en la búsqueda de la verdad. Si algún mercenario quisiera
negociar impunidad, yo seré el primero en denunciarlo.
No hubo ni habrá pactos para encubrir a los asesinos y mafiosos
que participaron en los atentados ni a quienes los encubrieron.
Siempre deja un sabor amargo una consideración equivocada
de la investigación, y más cuando quien la hace es
Raúl Kollmann, ejemplo de periodista comprometido. Pero esta
vez se equivocó.
* Secretario de Justicia.
|
|
