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Por Felipe Yapur
 El proyecto de juicio político
a Fernando de la Rúa ya está escrito. Forma parte de la
agenda que el bloque de diputados del PJ discutirá la próxima
semana. Fue redactado por Carlos Soria, quien lo puso a consideración
el miércoles pasado cuando diputados y senadores se reunieron en
la provincia de Buenos Aires. El legislador duhaldista, y de buenas relaciones
con el ruckaufismo, aseguró que su presentación responde
a una iniciativa absolutamente personal. En la bancada, en tanto, generó
posiciones dispares. Los diputados recién ingresados se mostraron
más entusiasmados con el proyecto. Los más antiguos, en
cambio, pidieron cautela.
“Es una idea que me pertenece a mí solo”, dijo Soria
a este diario para luego justificar su proyecto: “Todo lo que hizo
De la Rúa desde que asumió hasta la fecha demuestra palmariamente
que se desempeñó mal, por lo tanto cabe el juicio”.
Los fundamentos son una recopilación de recortes periodísticos
agrupados para demostrar “contradicciones” e “idas y vueltas”
en la acción de Gobierno.
Por ahora, el proyecto permanece en el escritorio del legislador. La bancada
postergó su tratamiento hasta la semana que viene. De darle el
visto bueno, el proyecto ingresará en Asuntos Constitucionales.
La comisión que a partir de la próxima semana será
presidida justamente por Soria. Ese dato demuestra que Soria es un legislador
con predicamento, no un kamikaze, lo que otorga mayor gravedad a su proyecto.
Quizá por eso y aunque todavía no tiene estado parlamentario,
el proyecto ya generó reacciones dentro del mismísimo gobierno
central. El primero en reaccionar fue el secretario general de la Presidencia,
Nicolás Gallo, quien le aseguró a Página/12 que el
proyecto “demuestra el grado de irresponsabilidad de cierta parte
de la dirigencia política que le hace mucho daño al conjunto.
Soria, que fue funcionario y que tuvo responsabilidad en el Ejecutivo,
debería hacer un esfuerzo y ser más responsable con sus
palabras porque esto ataca seriamente a lo que esperan en el exterior
de nosotros”.
Ahora bien, y según el diputado, no hay nadie detrás de
su iniciativa. De hecho, ayer, fuentes cercanas al senador Eduardo Duhalde
y estrechos colaboradores de Carlos Ruckauf, aseguraron a Página/12
que nada tienen que ver con el proyecto. Tanto la actitud del legislador,
como del duhaldismo y el rucaukfismo, es similar a la que tuvo no hace
mucho tiempo el diputado cordobés Eduardo Di Cola, cuando presentó
un proyecto de reforma de la Ley de Acefalía. En su momento, el
propio José Manuel De la Sota rechazó tal posibilidad y
hasta negó que tuviera su visto bueno. Sin embargo, durante la
semana pasada, retomó el tema durante las reuniones con el resto
de los gobernadores justicialistas.
El bonaerense presentó su proyecto el miércoles pasado,
cuando integrantes de ambas cámaras se reunieron en una quinta
de la localidad de Ingeniero Maschwitz. Los argumentos del proyecto generaron
posiciones divididas. Aquellos que asumieron el 10 de diciembre, sin importar
el alineamiento que tengan, expresaron con más firmeza la idea
de concretar el proyecto. Se entusiasmaron y exigieron no perder tiempo.
Mucho más cautelosos fueron los tienen años en el Parlamento.
“Que De la Rúa hizo las cosas mal, nadie lo duda. El criterio
es no darle argumentos a la Alianza de que les queremos aplicar la ley
de Acefalía”, confió a este diario un diputado bonaerense.
Pero más allá de la reacción que generó en
la reunión de Maschwitz, varios legisladores coincidieron en señalar
que un proyecto de este estilo da cuenta de uno de los acuerdos alcanzados
en dicho encuentro. Estos señalan que la bancada tiene la pretensión
de presentarse como una “alternativa parlamentaria” hacia afuera.
En tanto que hacia el interior del partido, la idea es “manejarse
con autodeterminación hasta que el justicialismo no tenga una conducción
unificada”, según reflexionó unlegislador con predicamento
dentro de la bancada que conduce el cordobés Humberto Roggero.
PREPARA
DENUNCIA POR “TRAICION A LA PATRIA”
Carrió intima al Presidente
Los diputados del ARI Elisa
Carrió y Mario Cafiero intimaron ayer al presidente Fernando de
la Rúa a revocar los decretos de renegociación de la deuda
bajo la advertencia de denunciarlo por “traición a la Patria”.
Rápidamente, el Gobierno salió a rechazar la imputación,
o más bien, a acusar a los legisladores. El vocero Juan Pablo Baylac
se quejó de que Carrió y Cafiero tuvieron “una actitud
irresponsable” con el único objetivo de “salir en TV”.
“Quizá la doctora Carrió, como fue jueza (sic) del
proceso militar, cree que todo se resuelve con denuncias e investigaciones
penales”, agregó.
Carrió y Cafiero hicieron su presentación en la mesa de
entradas de la Casa Rosada poco después del mediodía. “Vamos
a intimar al Presidente para que rectifique el decreto que cierra los
acuerdos sobre la renegociación de la deuda. Si no lo rectifica,
vamos a denunciarlo por el delito de traición a la Patria”,
dijo Carrió en declaraciones a la prensa. La diputada sostuvo que
con el decreto firmado por el jefe del Estado “se garantiza con la
recaudación impositiva el pago por 32 años de la deuda externa
y si no se cumple el estado pierde todo. Esto implica casi el reaseguro
para la quiebra para que los acreedores cobren primero de todos”.
En su escrito los diputados por el ARI advirtieron que De la Rúa
y el ministro de Economía, Domingo Cavallo, iban a ser denunciados
por “traición a la patria”, por “poner la fortuna
y el honor de los argentinos a disposición del poder económico”
del extranjero.
Poco después de que Carrió y Cafiero se retiraran de la
Casa de Gobierno, Baylac habló en el Salón de los Bustos
para repudiar la actitud de los legisladores, a quienes acusó de
perseguir con esta presentación “minutos de popularidad mediática”.
“Tengo la sensación de que el ARI se encamina a asociarse
a (Carlos) Ruckauf y (al titular de la CGT rebelde Hugo) Moyano, porque
la actitud que han asumido es parecida a la que expresa el gobernador
de Buenos Aires y el dirigente sindical”, afirmó Baylac. Y
luego chicaneó a Carrió mencionando que había sido
jueza durante la dictadura (en realidad fue funcionaria del Poder Judicial
en el Chaco). En una extensa réplica a los diputados del ARI, el
vocero sostuvo que “en estos tiempos no se trata de ir a Tribunales
para denunciar fantasmas, se trata de converger a las decisiones políticas
que saquen al pueblo argentino de sus problemas”.
Baylac incluso se explayó en críticas a las gestiones legislativas
de los diputados que hicieron la presentación contra el Presidente
y el ministro de Economía. Así, calificó de “estrepitosa”
la comisión investigadora sobre lavado de dinero que presidía
la chaqueña, que dijo que “tenía por finalidad hacer
responsable a un banquero de la Argentina de determinados delitos. Lo
cierto es que el banquero (por Raúl Moneta) sigue libre y tranquilo,
no hay ningún cargo, pero sí Carrió y Cafiero se
preocupan por el presidente de la Nación”, agregó.
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