Por Horacio Verbitsky

Las especulaciones sobre el alejamiento prematuro del presidente Fernando De la Rúa de su cargo comenzaron en septiembre de 2000, cuando se cerró el acceso de la Argentina al mercado internacional de capitales y arreciaron al mes siguiente luego de la renuncia del vicepresidente Carlos Alvarez. La hipótesis de la crisis institucional fue concebida por un tipo audaz, el gobernador de la provincia de Buenos Aires Carlos Rückauf, abrumado por el déficit de su provincia y las dificultades para conducirla, y alentado por la ilusión de que estaría en condiciones de ganar una elección presidencial adelantada. Rückauf tenía por entonces una buena imagen pública, construida sobre una acción asistencialista en la que cada donación llevaba su firma y sobre una serie de consignas simplistas machacadas hasta el hartazgo por una descomunal inversión publicitaria. La asistencia social en manos de su mujer y la propaganda a cargo de su hijo, para que todo quedara en familia. Cuando la recesión económica entra en su cuarto año y la sequía financiera en su segundo, agravada ahora por la abstención también de los organismos financieros internacionales, ya no se trata de especulaciones ni de hipótesis, sino de planes concretos que se discuten en forma abierta. Tan abierta, que el tema ha llegado también a la sobremesa de la familia presidencial. La señora Inés Pertiné ha comenzado a indagar si es seguro que aún se desempeñará como primera dama el 2 de febrero, fecha que le interesa sobremanera. Ese día se consagrará la boda entre el heredero de la corona de Holanda y la ciudadana argentina Máxima Zorreguieta. La fiesta congregará a todas las testas coronadas y nobles de Europa y a las demás personas que aparecen en las páginas de dos publicaciones de cabecera, el Hola y la Lecturas. Los vestidos y, sobre todo, sombreros para la ocasión, ocupan un lugar destacado en la agenda del Polideportivo de Olivos.
Si bien nadie puede contestar a la inquietud de la esposa presidencial, es posible repasar el estado de la discusión en las distintas regiones de la política. En primer lugar, sólo Rückauf anhela ese desenlace. Pero a diferencia de lo que sucedía el año pasado, ahora nadie lo descarta. Hasta el Episcopado católico se permitió hablar de “renunciamientos”, un eufemismo transparente. Como es obvio, la designación del senador justicialista Ramón Puerta como cabeza del Senado y primero en la nómina de la sucesión presidencial indica que los preparativos ya están en marcha y que el peronismo no será tomado de sorpresa, como sí lo fue el radicalismo cuando el ex gobernador misionero ascendió al sillón del Hermano Eduardo (ver Puertas adentro).

Los gatos

Con el gobierno de catorce provincias, mayoría en las dos cámaras del Congreso y en la Corte Suprema de Justicia, el justicialismo cree que sólo debe decidir de qué modo y en qué plazo regresará a la Casa Rosada. El obstáculo no es la difunta Alianza por el Trabajo (18,3 por ciento de desocupación abierta en octubre), la Justicia (con la Corte Suprema como un actor político más) y la Educación (sin el incentivo docente), sino la ausencia de un liderazgo dentro del propio justicialismo. No habría que exagerar esta dificultad, de todos modos.
“Los peronistas somos como los gatos. Cuando nos oyen gritar creen que nos estamos peleando, pero en realidad nos estamos reproduciendo”, chanceaba Juan D. Perón. Claro que estas crías son mutantes y sólo pueden identificarse con aquel movimiento creado por Perón en la agudización de los instintos que les produce la cercanía del poder, o su ilusión. Al mismo tiempo, no es menor la avidez de las distintas fracciones del capital que disputan sobre la próxima etapa del proceso económico. Para recordar que eso es lo que está en juego, el ex presidente Carlos Menemreiteró el jueves su apuesta por la dolarización, que es la de los capitales extranjeros que adquirieron activos físicos en el último lustro y temen su desvalorización y consiguió colocar en el equipo económico a un funcionario de su propia administración, Miguel Kiguel, que deberá ejecutar esa política.
Las negociaciones posteriores a los comicios de octubre reprodujeron el clima de junio de 1989, cuando delegados de Menem y de Raúl Alfonsín discutían las condiciones de una entrega anticipada del poder. El radicalismo unificaba personería y cada vez que creía haber llegado a un acuerdo descubría que no había elegido bien a su interlocutor. Si cerraba con Alberto Kohan, esto no obligaba a Eduardo Bauzá. Ceder a los reclamos de José Luis Manzano sólo estimulaba el apetito del Hermano Eduardo. Desde La Rioja, Menem se reservaba la última palabra, y la cambiaba con una facilidad a la que el país aún no se había habituado. Eso sí, ninguno retrocedía de ninguna posición ya conquistada, que se convertía en piso para la próxima exigencia, al rugir de los saqueos. Por lo menos en una provincia, Santa Fe, quedó demostrado que el justicialismo los estimulaba, a través del apóstol menemista Antonio El Trucha Vanrell, mientras pedía al Ejecutivo Nacional que enviara al Ejército para contenerlos. Menem se reunía de modo abierto con la conducción castrense, pero al mismo tiempo sellaba compromisos secretos con el bando carapintada, que quedaron a la vista cuando Mohamed Alí Seineldín denunció haber sido traicionado. Su conducta no es distinta ahora.

Juego de corporaciones

Luego de su temporada de descanso en Don Torcuato, Menem se ha lanzado a la búsqueda del tiempo perdido, con la audacia y la ausencia de escrúpulos que lo caracterizan. El artículo 90º de la Constitución reformada en 1994 lo convierte en el mejor aliado de la señora Pertiné y su marido. Ese texto dice que si el presidente o el vicepresidente han sido reelectos (como Menem en 1995) “no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un período”, que el mismo artículo fija en cuatro años. De modo que su primer objetivo consiste en asegurar la continuidad de De la Rúa hasta 2003, cuando pueda presentar su propia candidatura.
Con plumas, garras y pico nuevos, Menem ha ofrecido extender a los militares acusados por violaciones a los derechos humanos el Pacto de Impunidad que le permitió volver a la circulación. El general Ricardo Brinzoni ha vuelto a introducir en combinaciones políticas al Ejército, no siempre con el éxito que tuvo con Menem. Dentro de su política de repolitización castrense, Brinzoni invitó a los economistas del Plan Fénix a exponer sus lineamientos ante el generalato. Los investigadores, convocados por la Universidad Nacional de Buenos Aires para elaborar un programa alternativo, rechazaron la invitación porque no reconocen al Ejército el carácter de interlocutor político que sí le asignaron Menem y la CGT de Hugo Moyano.
Brinzoni también visitó en su lugar de detención a Seineldín y reclamó que el Ejército ocupe el lugar que él cree que le corresponde en la solución de los problemas argentinos. Su hiperactivismo se explica por el avance de la causa por la masacre de Margarita Belén, producida hace 25 años en el Chaco, mientras Brinzoni era ministro de la intervención castrense en la provincia. Esta semana el juez federal de Resistencia Carlos Skidelsky se declaró competente para entender en la denuncia penal iniciada por el Centro de Estudios Legales y Sociales. Menem no sólo invita a las Fuerzas Armadas, los sindicatos y la Iglesia a sumarse a la denominada concertación, en un desaforado regreso a la anacrónica concepción corporativa. También ofrece su influencia para que el cardumen de jueces adictos en el más alto tribunal revoque la nulidad de las leyes de punto final y de obediencia debida declarada por una fiscal federal deCórdoba, dos jueces de primera instancia de la Capital y la Cámara Federal de la Capital. A Menem le tiene sin cuidado que al cabo de un par de años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declare la incompatibilidad de una decisión semejante con la Convención Americana que obliga a la Argentina, como ya hizo este año con Perú, cuya amnistía declaró nula, con fundamentos similares a los del juez Gabriel Cavallo. El aprecio de Menem por la calidad institucional no es mayor que el que tiene por el destino de los jueces que se prestaran a firmar el nuevo punto final y cargar con el bochorno, nacional e internacional. Lo que no está claro es por qué ellos deberían sacrificarse de ese modo.
La operación también sería santificada por el Episcopado católico, donde todas las líneas internas prescinden de sus diferencias cuando se trata de acudir con la cruz en rescate de la espada. El cardenal Jorge Bergoglio analizó con el ex jefe de Montoneros Fernando Vaca Narvaja cómo detener el avance de las investigaciones judiciales. Su hermano Jorge Casaretto presionó a la madre de dos detenidos desaparecidos para que omitiera la suerte desdichada que corrieron, en la placa colocada con motivo de una donación al obispado de San Isidro, que la familia efectuó con parte del dinero cobrado como indemnización. Así como Domingo Cavallo contrabandeó en el decreto de emergencia bancaria la licuación de deudas de empresas amigas por cinco mil millones de dólares, los obispos pretenden incluir en la mesa de consenso que promueven para “recuperar los valores morales” la denominada “reconciliación”. Ese objetivo solapado no podrá contar con la asistencia del delegado de Naciones Unidas, Carmelo Angulo Barturen, quien en octubre acompañó en todas sus audiencias a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Mary Robinson, quien enfatizó que las leyes de impunidad contradecían normas básicas del derecho internacional. Esta semana Human Rights Watch difundió los resultados de una investigación realizada en Buenos Aires. “Las conspiraciones de silencio e impunidad corroen la legitimidad de los gobiernos sucesores y la credibilidad de las instituciones democráticas. Muchas medidas propuestas en nombre de la reconciliación han ocultado una verdadera intención de encubrir los hechos con un manto de olvido o de impunidad. El único antídoto eficaz a largo plazo reside en los tribunales de justicia”, sostiene.

Torneos bonaerenses

Aquellos que, a diferencia de Menem, no harán ningún esfuerzo por evitar el desplome del gobierno, carecen de propuestas comunes para lo que vendrá luego. Eduardo Duhalde afirma que no hay condiciones sociales para convocar a una nueva elección presidencial, de modo que el mandato de De la Rúa debería ser completado por un funcionario designado por la Asamblea Legislativa, tal como plantea la vigente ley de Acefalía 20.972, promulgada el 21 de julio de 1975. Su texto establece que el Presidente Provisional del Senado (es decir Puerta) deberá convocar a la Asamblea Legislativa, que a su vez elegirá a quien completará el período. El proyecto concebido por José López Rega en los días del rodrigazo, establecía que serían elegibles los senadores, diputados y ministros del Poder Ejecutivo, lo cual lo incluía. Pero Italo Luder y Vicente Saadi frustraron su propósito al reemplazar ministro por gobernador, es decir siempre funcionarios electivos. Duhalde afirma que esta lectura de los hechos no encubre ambiciones personales, y para completar el período de De la Rúa sugiere el nombre del gobernador chaqueño y flamante presidente de la UCR, Angel Rozas, que es uno de los principales interesados en esta salida. Tanto Rückauf cuanto el gobernador de Córdoba José De la Sota se inclinan por la convocatoria a elecciones porque entienden que de otro modo el nuevo presidente carecería de la legitimidad y de la fuerza necesarias. Pero mientras De la Sota prefiere convocarlas bajo el régimen de la ley de lemas, en el que cada partido puede presentar varioscandidatos y el más votado acumula los votos de todos, Rückauf propone celebrar internas en todos los partidos 30 días después de producida la acefalía y elecciones presidenciales dos meses después. Para ello bastaría con volver a la ley 252, promulgada por Bartolomé Mitre en setiembre de 1868. Establecía que en caso de acefalía asumirían el Presidente Provisional del Senado quien, a los 30 días de instalado en el cargo, tendría que convocar a nuevas elecciones. El desinterés de Duhalde por cualquier convocatoria electoral se fundamenta en una encuesta que prefiere mantener en reserva. ¿Qué piensa de Menem? es una de las preguntas. Un alto porcentaje respondió que era un ladrón. Otra pregunta fue ¿Qué piensa de los colaboradores de Menem? Unos bandidos, respondió el mismo porcentaje. Pero un número mayor respondió que lo votaría como presidente. Este resultado es congruente con el de la encuesta nacional de Julio Aurelio que Carlos Corach difundió el viernes en el programa de Nelson Castro. Menem aparece segundo en intención de voto, entre Rückauf y Elisa Carrió.

Puertas adentro

Por H. V.

¿Quién es el hombre que podría concluir el mandato presidencial de Fernando De la Rúa o encabezar la transición hasta que se designe o se elija al sucesor? Ramón Puerta no era conocido fuera de Misiones. Sin embargo, su entronización como virtual vicepresidente no fue una sorpresa para quienes siguen con algún interés los asuntos internos del justicialismo. Propietario de un importante molino yerbatero y de una finca cuyas fotografías en la revista Caras hicieron exclamar a un corresponsal estadounidense que era digna de Pablo Escobar, Puerta ha sabido tejer relaciones políticas y económicas por encima de alineamientos y enconos, que no son su especialidad.
En 1988 apoyó la candidatura presidencial de Antonio Cafiero, pero luego se reacomodó sin dificultades con el menemismo. En 1989 una denominada “Brigada de Demolición” lo intimó a renunciar a su cargo de diputado nacional y dejar el país. Un servicio del Ejército que había participado en los alzamientos de Aldo Rico (Omar Andrés Hernández) colocó trece panes de gelamón y dos de trotyl frente al domicilio de los padres de Puerta, en Apóstoles. Hernández fue detenido mientras merodeaba el molino de Puerta, en una camioneta en la que conducía un Fusil Ametrallador Liviano, FAL. Un vocero del Ejército dijo que se trató de un problema “entre yerbateros o traficantes de armas”. Puerta replicó: “Fue un atentado político”. Junto con Hernández había sido detenido Miguel Angel Glinka, sobrino y chofer de Juan Esteban Glynca, un ex interventor en la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, que pocos meses después fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por tráfico de dólares falsos.
Puerta fue elegido gobernador de Misiones en 1991. Ganó su reelección, en 1995, por mínima diferencia en comicios en los que hubo graves denuncias de fraude. Su antecesor, el caudillo tradicional Julio Humada, que controlaba la legislatura y la justicia, lo amenazó con el juicio político, por haber otorgado subsidios a Organizaciones No Gubernamentales vinculadas con Organismos Sí Gubernamentales y lo forzó a una negociación de espacios de poder. Puerta privatizó los casinos y el banco provincial, que fue adquirido por el Banco Macro, de Jorge Brito, entre cuyos directivos principales estaba el jefe de gabinete Chrystian Colombo. El Banco Macro es la contracara económica del Pacto de Olivos, que estasemana volvió a ser evocado cuando De la Rúa recibió en la casa de gobierno a Carlos Menem. La Comisión Investigadora sobre el Lavado de Dinero consideró “al menos, sospechoso” el fulminante proceso por el cual en un par de años el Macro pasó de sostenerse mediante las ventas de cartera activa y los redescuentos otorgados por el Banco Central a convertirse “en un importante banco del norte del país. La caída de depósitos lo había desahuciado, pero con la compra de los bancos provinciales de Misiones, Salta y Jujuy se recuperó rápidamente”. Inmune a la grave crisis de la economía regional, sus negocios y sus ganancias no han cesado de crecer.
En 1996 los obispos de Posadas, Alfonso Delgado y de Puerto Iguazú Joaquín Piña pasaron por encima de las diferencias entre el Opus Dei y la Compañía de Jesús para denunciar la situación provincial: “La inseguridad jurídica es el primer paso hacia la corrupción económica y la impunidad que señaló el Papa”, dijo Delgado, quien viste y habla como un hombre de negocios. “En Misiones la gente está en el camino de Chiapas”, dijo Piña. Juntos solicitaron al gobierno nacional la intervención de la justicia de la provincia. Puerta superó la crisis negociando con la UCR misionera, donde Enrique Nosiglia y Mario Lozada tienen capacidad de decisión, un loteo similar al que Menem y Raúl Alfonsín pactaron para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Brito ha actuado en los últimos meses como operador de Puerta, cuyo ascenso a la pole position en la sucesión presidencial consiguió así la simpatía de algunos fuertes bancos (HSBC, Galicia, Río y Citi, entre otros).
El 30 de setiembre de 1997 el gobierno de Puerta objetó ante la Corte Suprema la constitucionalidad de tres decretos de necesidad y urgencia por los que Menem había subsidiado a las empresas de Emir Yoma, el íntimo amigo de Brito. El recurso argumentaba que la Constitución impedía la modificación unilateral de la masa coparticipable y su reglamentación por el Poder Ejecutivo, sin una ley convenio concertada entre la Nación y las provincias. El tema no ha perdido actualidad, sino todo lo contrario. No había pasado una semana cuando Menem lo invitó a acompañarlo en su visita al Vaticano y le dijo que él podría ser el candidato a sucederlo en la presidencia. Esto bastó para que apenas tres meses después, en enero de 1998, Puerta tuviera un papel fundamental en la reunión de gobernadores que Menem convocó en Olivos para aislar a Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, que hacían campaña pregonando aversión al neoliberalismo. Puerta dijo esa noche que Menem había hecho el mejor gobierno de la historia argentina y propuso que se quitara a la provincia de Buenos Aires el Fondo del Conurbano, dado que “el hombre al que le di la plata ahora se quiere diferenciar del modelo”. Este alineamiento precipitó la ruptura de Puerta con Humada, quien respaldaba a Duhalde. Puerta frustró la intención de Humada de volver a la gobernación y lo derrotó apoyando al intendente de Posadas, el actual gobernador Carlos Rovira. Menem hizo campaña en Misiones por Rovira y por Puerta, que encabezó la lista de diputados nacionales.
En enero de 2000, el senador liberal paraguayo Francisco de Vargas denunció que el prófugo general golpista Lino Oviedo condenado por homicidio, había pasado la Navidad en Misiones. “Estuvo en la residencia del ex gobernador misionero Ramón Puerta el 23 de diciembre a las 23 horas y 15 minutos exactamente”, dijo. Agregó que esto obedecía a “los negocios que vinculan a Oviedo con Puerta y la bendición del socio mayor de Oviedo en la Argentina, que es Carlos Menem”, con quien dijo que compartían el lavado de dinero en Yacyretá. Según de Vargas, luego de desaparecer de Buenos Aires Oviedo también habría recalado en otra finca de Puerta, en Guarupá. Cuando este diario le preguntó qué negocios unirían a Oviedo y Puerta, de Vargas dijo que “son socios en los negocios de frontera, o sea, el contrabando”. El pragmatismo de Puerta no tiene límite. Su candidaturaa la presidencia del Senado no fue impulsada por Menem sino por su peor adversario en la interna justicialista, Carlos Rückauf.

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