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Por
Victoria Ginzberg
 El
gobierno de Fernando de la Rúa, al igual que en su momento el de
Carlos Menem, dictó un decreto en el que establece las pautas a
seguir con los pedidos de asistencia y de extradición firmados
por los jueces extranjeros que llevan adelante procesos sobre violaciones
a los derechos humanos durante la última dictadura militar. Como
el 111/98, su par 1581/2001 rechaza todo tipo de colaboración con
los tribunales que investigan los crímenes del terrorismo de Estado,
aunque este último deja la puerta abierta para que la Justicia
local intervenga en los casos que sean trabados afuera.
La subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, prefirió hacer
una lectura positiva del texto. Aseguró en un comunicado que “el
principio de territorialidad es uno de los pilares de resguardo de la
soberanía nacional y en nada impide la obligación de hacer
justicia cuando proceda”. La funcionaria destacó que el decreto
–publicado ayer pero firmado el 5 de diciembre– ordenó
que “cuando los pedidos de extradición se acompañen
de antecedentes, documentación o pruebas, se le dará intervención
al juez de turno o al fiscal”. Conti hizo públicas estas declaraciones
en un documento en el que calificó como “injusta” la
crítica del organismo internacional de derechos humanos Human Rights
Watch (HRW), que la semana pasada afirmó que la gestión
de De la Rúa “carece de una política clara de apoyo
a los enormes esfuerzos que se están haciendo para esclarecer la
verdad e impartir justicia” en el país.
Pero el investigador de HRW Sebastian Brett, quien redactó el informe
sobre la Argentina, se sorprendió porque en la reunión que
mantuvieron con el Presidente Fernando de la Rúa el martes pasado
él y José Miguel Vivanco –director de HRW para las
Américas– no se mencionó el decreto, que supuestamente
ya estaba redactado. Respecto de la norma, Brett expresó que el
organismo de derechos humanos está “preocupado porque se rechazan
de un plumazo todos los pedidos de extradición”, pero rescató
el hecho de que se contemple que los casos sean remitidos a los tribunales
argentinos “siempre que esto se ponga en práctica y se pueda
hacer justicia en el país”.
El espíritu del decreto, si se tienen en cuenta los fundamentos,
parece más cercano a las ideas castrenses que a la justicia. Sus
considerandos están dedicados a defender las políticas en
materia de derechos humanos de los gobiernos de Menem y de Raúl
Alfonsín, incluidos los indultos y las leyes de Obediencia Debida
y Punto Final. “La relación histórica demuestra que,
a partir de la recuperación de la democracia en 1983, en el marco
de la constitución nacional y las instituciones republicanas, en
ejercicio de su propia soberanía, la república argentina
actuó conforme a derecho, respecto de esos delitos”, dijeron
en los fundamentos los cuatro firmantes, el Presidente, el jefe de Gabinete
Chrystian Colombo y los ministros de Justicia, Jorge de la Rúa,
y de Relaciones Exteriores, Adalberto Rodríguez Giavarini.
En su parte resolutiva el decreto establece:
- El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
rechazará los pedidos de extradición por hechos ocurridos
en el territorio nacional o lugares sometidos a la jurisdicción
nacional.
- Las solicitudes de arresto provisorio se enviarán al juez competente
dejando constancia que el ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto actuará de acuerdo al presente decreto frente
a un eventual pedido de extradición.
- Si con el requerimiento se acompañaran antecedentes, documentación
o pruebas, los mismos se remitirán al juez de la causa o en su
defecto, al juez de turno o al ministerio Público Fiscal en carácter
de denuncia.
El escrito no sólo rechaza los pedidos de extradición, sino
también las solicitudes de colaboración. “El análisis
de los pedidos de asistencia muestra que en la mayoría de los supuestos,
éstos se formulan en relacióna hechos acaecidos en el país
y a personas que ya fueron juzgados por jueces argentinos”, se afirma
en el texto publicado ayer.
El abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y representante
de los familiares de desaparecidos alemanes, Rodolfo Yanzón, aseguró
que esta decisión “implica una invasión a las funciones
de los jueces porque indica que deben rechazar los pedidos de detención
provisoria contra los militares en procesos de extradición”.
Yanzón expresó que a través de este decreto, el Presidente
y sus ministros, “menosprecian el valor de la justicia y la democracia
al insistir en sostener las leyes de impunidad diciendo que la justicia
debe compatibilizarse con la necesidad de estabilidad institucional y
mienten cuando aseveran que los militares requeridos fueron juzgados en
Argentina, cuando fueron ellos quienes les otorgaron impunidad”.
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