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Por Diego Schurman
 No se pusieron de acuerdo en
todo. Pero sí en una cosa: la necesidad de un paso al costado de
Domingo Cavallo para retomar las negociaciones con el Gobierno. Así
lo plantaron los gobernadores del PJ luego de un nuevo llamado a la unidad
nacional realizado por Fernando de la Rúa. Sin embargo, quedó
en claro que ni siquiera con la renuncia del ministro de Economía
-y del resto del gabinete–, el Gobierno tendría asegurado
el respaldo del PJ, que cada vez con mayor fuerza pone en duda la continuidad
del Presidente.
En público, los gobernadores no dejaron de mostrar su disposición
a “colaborar” con De la Rúa. Pero por lo bajo fueron
categóricos al afirmar que esto no se traducirá en un cogobierno.
“¿Nosotros integrarnos al gabinete? ¿Nosotros bajo
las órdenes de De la Rúa?”, se preguntaba un mandatario
provincial que pidió reserva de su nombre.
Las versiones de una renovación total del gabinete se repartían
anoche en cada esquina. Por eso el PJ trabajaba contrarreloj la postura
que llevará al Gobierno hoy, cuando los convoque formalmente a
una cumbre. Si bien la mayoría de los mandatarios se encontraba
en sus distritos, coincidieron en que la salida de Cavallo era esencial
para discutir.
En rigor de verdad, la embestida se inició ayer en el Congreso,
donde los diputados justicialistas, con la anuencia de los mandatarios
provinciales, recortaron no sólo los superpoderes otorgados a Cavallo
a principios de año sino también su proyecto de bancarización
(ver página 13).
Algunos gobernadores, a diferencias de otros, tomaron decidida distancia
a la idea de sumarse el Gobierno –que fue planteada a varios legisladores–
más que por diferencias ideológicas por razones “prácticas”:
estimaban que a la reclamada salida de Cavallo, le sucederá la
del propio De la Rúa.
Carlos Ruckauf fue puesto en la mira por el Gobierno, que fuera de micrófono
lo responsabilizó por los saqueos producidos en la provincia de
Buenos Aires. Lo acusaron de “dejar hacer” para que se multipliquen
por los medios el descontento popular. Y vieron su mano detrás
de las declaraciones de Gustavo Beliz pidiendo la renuncia del Presidente,
un reclamo al que son devotos los sindicalistas Hugo Moyano y Luis Barrionuevo
y al que también se sumó ayer el titular de la CGT oficial,
Rodolfo Daer.
Fue por eso que el gobernador bonaerense se reunió de urgencia
con varios intendentes del distrito. Entre ellos se encontraba Mariano
West, de Moreno, uno de los epicentros de los saqueos. West encabezó
una marcha que fue abortada a pocas cuadras de Plaza de Mayo (ver páginas
8 y 9).
La preocupación fue el denominador común de los mandatarios
provinciales. Carlos Reutemann convocó a formar un Comité
de Crisis. El gobernador santafesino sufrió en carne propia la
bronca popular. Por horas un grupo de manifestantes se acercaron a su
casa de Guadalupe, ubicada cerca de algunos supermercados, a reclamar
alimentos.
El cordobés José Manuel de la Sota, tras su paso por la
sede de Cáritas, mantuvo incesantes contactos telefónicos
con De la Rúa y sus pares del PJ. Su provincia fue otra de las
que registró saqueos.
De todos los gobernadores, Ruckauf fue el primero en mostrar su acuerdo
con el llamado a un estado de sitio. Entre los suyos no dejó de
mostrar preocupación por nuevos desbordes en su distrito. Eduardo
Duhalde, quien le transmitió el deseo de De la Rúa de “acoplar”
a los mandatarios al Gobierno, también defendió la medida
oficial ante lo que definió un estado de “caos” y “anarquía”.
En este caso, la voz disidente fue la de Adolfo Rodríguez Saá.
El gobernador puntano se opuso a que su provincia fuera incluida en el
estado de sitio. “Esa medida se puede declarar donde está
alterado el orden. En San Luis reina paz. Voy a ordenar en el Senado que
mi provincia se excluya”, señaló a Página/12
uno de los principales referentes del Frente Federal, donde se agrupan
los mandatarios de las 11 provincias “chicas” del PJ.
De todas formas, si es por la restricción a las reuniones y los
movimientos de las personas, quedó demostrado anoche en las principales
metrópolis que el estado de sitio por ahora es una expresión
de deseos. Hace años, por no decir décadas, que no se producen
semejantes concentraciones espontáneas.
Lo curioso fue la respuesta que encontró a media tarde el presidente
provisional del Senado, el justicialista Ramón Puerta, cuando le
preguntó a De la Rúa si pensaba viajar hoy a Uruguay, como
tenía planeado.
–Si se complica, no. Pero creo que esto se va a arreglar –le
contestó el Presidente con un exceso de optimismo espasmódico.
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Menem, por su lado
Carlos Menem dio su apoyo explícito al estado de sitio
dispuesto por el Gobierno a través de un documento en el
que exige “la adopción de medidas” para superar
“el caos, la anarquía y la conmoción interior”.
La postura del ex presidente quedó rubricada en un documento
del Consejo Nacional Justicialista, luego de una reunión
que ayer mantuvieron algunos de los miembros de ese cuerpo, entre
los que se contaron el presidente provisional del Senado, Ramón
Puerta, y el apoderado del partido, César Arias.
“Conscientes de la gravedad del momento, exigimos de las autoridades
nacionales la adopción de todas las medidas que, en el marco
constitucional, posibiliten la superación del caos, la anarquía
y la conmoción interior”, indica el documento.
Tras considerar que “este gobierno es incapaz de dejarse ayudar”,
Menem instó a la “urgente superación de la parálisis
gubernamental” y sentenció que “la seguridad interior
es responsabilidad fundamental del gobierno”. “En horas
dramáticas, el peronismo reitera la necesidad de alcanzar
un gran acuerdo patriótico que permita impulsar un inmediato
cambio de rumbo, a fin de garantizar la gobernabilidad del país”.
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Un misil de Beliz
El titular de Nueva Dirigencia, Gustavo Beliz, reclamó
ayer la renuncia del presidente Fernando de la Rúa y pidió
se convoque la Asamblea Legislativa que designe al sucesor provisional.
En un comunicado, el ex candidato a senador nacional –a quien
Carlos Ruckauf apoyó en la última elección–
advirtió que “el gobierno está muerto y el país
al borde de un baño de sangre” y aseguró que
“es la hora de exigir con toda responsabilidad y también
con toda firmeza la renuncia del presidente Fernando de la Rúa”.
Beliz dijo que la Argentina tiene una posibilidad que “debe
empezar por la salida de De la Rúa, un gobierno de transición
y elecciones que le permitan al pueblo plebiscitar las bases de
reconstrucción del trabajo y la dignidad de los argentinos”.
Beliz sostuvo que el país “tiene una salida institucional”
y llamó a asumirla a través del “respeto a la
Constitución nacional y a la gente”.
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OPINION
Por Miguel Bonasso
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El Gobierno es ilegítimo
El estallido social anunciado subrayó, de manera violenta,
la ilegitimidad del Gobierno. Pero en términos aritméticos
esa ilegitimidad ya había quedado clara anteayer cuando se
supo que dos millones setecientos mil argentinos habían votado
por un seguro de desempleo de 380 pesos mensuales por jefe de familia,
más una asignación de 60 por cada hijo. Esa aspiración
popular a que ningún hogar argentino perciba menos de 500
pesos por mes se opone al Presupuesto 2002, a la Ley de Déficit
Cero y a los planes de ajuste diseñados por el ahora ex ministro
Domingo Cavallo con aval del presidente Fernando de la Rúa.
Y no sólo se opone, cuenta con más votos: los sufragios
que cosechó la iniciativa del Frenapo superan a los de la
primera minoría electoral que es el Partido Justicialista.
Aunque la convocatoria fue absolutamente pacífica y legal,
el Gobierno se burló de ella a través de voceros lamentables
como el ministro de Trabajo, José Dumón. Ayer no se
burlaron, en cambio, del ataque generalizado a los supermercados
y de la bronca de los ciudadanos que estalló en Córdoba,
La Plata y las propias calles de la Capital. Se asustaron. Se indignaron.
Se atontaron más, si cabe. Amenazaron con mayor represión.
Como el general Juan Carlos Onganía y los militares que derrocaron
a su correligionario Arturo Illia en 1966, atribuyeron la explosión
social a inexistentes organizadores subversivos y decidieron atajarla
con el estado de sitio, la creciente presencia castrense y el apoyo
de personajes grandguiñolescos del establishment como Amalita
Fortabat, que se pasó una hora con De la Rúa en la
Rosada cuando el país se incendiaba.
El Gobierno ilegítimo pretende ilegalizar la protesta social,
ignorando las preguntas que se hacen los hombres de bien. ¿Por
qué los ciudadanos deben respetar la ley si la ley no los
incluye? ¿Por qué deben respetar la propiedad privada
si todos los días les meten la mano en el bolsillo? ¿Por
qué deben respetar a sus representantes si éstos no
los representan y saquean las arcas públicas? Es más,
¿por qué van a creer en el valor nutritivo de una
democracia que sólo asegura la impunidad de los granujas
que desmantelaron el Estado?
La ilegitimidad de este gobierno empezó el mismo día
en que traicionaron el pacto con el elector; creció con los
sobornos a los senadores; se perfeccionó con el golpe presidencial
que acabó con la coalición y culminó en la
transa con el menemismo para canjear la libertad del Jefe por el
apoyo en el Senado para la Ley de Déficit Cero. Hoy no les
queda ni un gramo de legitimidad. Y por eso apelan –como las
dictaduras castrenses– al estado de sitio. En una pronunciada
pendiente donde pueden sufrir un derrape aún mayor y pasar
de la ilegitimidad a la ilegalidad, al poner militares, policías
y balas, como única respuesta a la –más que justificada–
protesta social.
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