EL DOLAR, EN EL PLAN DE LA UIA
Piso sí, techo no

Por Julio Nudler

“La coyuntura es de una complejidad tal que exige soluciones de emergencia, que no son deseables como políticas de largo plazo”, se atajan los autores de un plan atribuido a la Unión Industrial Argentina, que circula sin su membrete y plantea, entre otras cosas, devolver en 30 a 60 días la plata de las cuentas corrientes y, “a lo largo de un plazo razonable”, las cajas de ahorro y los plazos fijos, empezando por las cifras menores. Quien quiera recuperar “inmediatamente o a muy corto plazo” el dinero que se le quedó atrapado en los bancos debería aceptar que se lo devuelvan en pesos 1 a 1, aunque el dólar valga ya bastante más. Al resto les indexarían los depósitos, ajustándolos por inflación, para que no pierdan poder adquisitivo. Decretada la desdolarización, el paquete de los ex plazos fijos en dólares quedará separado de la operatoria corriente de los bancos, siendo tratados como un “stock en liquidación”. Y del mismo paquete formará parte la masa de préstamos en dólares, que también serán convertidos a pesos e indexados. No obstante, todo deudor que esté en condiciones y lo prefiera podría precancelar su obligación 1 a 1 en los primeros 90 días.
El tipo de cambio pasará a fluctuar en el mercado, eliminándose la obligación del Banco Central de vender dólares (imposible de sostener porque ya le quedan muy pocos), aunque podría hacerlo para regular la cotización. Pero el BCRA estará sí obligado a comprar todos los dólares que se le ofrezcan a un cierto precio que determinará y que actuará como piso (no sea cosa que el peso se revalúe). Como ha sido norma desde 1991, el Central sólo emitirá moneda contra la compra de divisas, con lo que mantendría la vinculación entre el circulante y las reservas. Pero se reducirían gradualmente los encajes bancarios, para inducir por ese medio una expansión del crédito.
Los exportadores –como ha vuelto a regir este mes– tendrán que liquidar su cosecha verde en el mercado argentino, y “determinadas exportaciones específicas tendrán una retención similar al porcentaje en que se devalúe el peso”. Esto significa, en términos concretos, que Repsol, Pérez Companc y otros exportadores de petróleo seguirán obteniendo sólo un peso por dólar, y se supone que la porción de recursos que se les capture servirá para auxiliar a las empresas privadas que estén endeudadas en dólares en el exterior, a las que de todos modos se les impondrá reprogramar sus compromisos. Las que no consigan que sus acreedores les refinancien “quedarán en stand by (limbo), hasta que la situación de balance de pagos permita que accedan a la compra de divisas”.
El control de cambios será estricto: “No se autorizarán remesas por la cuenta capital (repatriaciones), ni por intereses de la deuda ni por regalías”. En la práctica ello equivaldrá a extender el default al sector privado, que no podrá atender los vencimientos de las Obligaciones Negociables ni otras deudas financieras. Sólo se podrían cancelar las prefinanciaciones de exportación (créditos que reciben los exportadores para producir los bienes destinados al mercado externo) y las deudas comerciales. En cuanto a la deuda externa del Estado, se plantea obtener más de un año de gracia en el pago de intereses y una quita de capital que torne compatible la deuda con la generación de divisas por el país.
Para la UIA, “es fundamental lograr el equilibrio fiscal”, como manda la ortodoxia. El plan incluye, por tanto, reimplantar las cargas sociales, generalizar el impuesto a las Ganancias, aplicar retenciones a ciertas exportaciones y desviar hacia el Estado todos los aportes que van a las AFJP, mientras se redefine el sistema previsional. A la vez, se eliminarán totalmente los impuestos a la Renta mínima presunta, a los Intereses y a los Bienes Personales. Desaparecerán los planes de competitividad, y, así, con los “previsibles excedentes fiscales” (?) y con la reasignación de gastos habría que instrumentar “un fuerte programa de seguro de desempleo” y promover la obra pública. Otra idea, pero solo vaga, es rebajar la alícuota del IVA. Los tiempos de la apertura irrestricta terminaron. Habrá trabas, vía un sistema de permisos de importación (las recordadas DJNI), para traer “bienes no imprescindibles y/o de producción nacional”. Se replantearía el Mercosur para que haya equilibrio tanto en el comercio como en las inversiones (es decir, que no todas vayan a Brasil). El plan también establece el seguimiento del precio de insumos de uso difundido (probable alusión al acero, el aluminio y otros) cuya producción interna se encuentra oligopolizada.
Un punto crucial es la desdolarización de las tarifas. Ni éstas ni ningún contrato podrán contemplar la indexación por tipo de cambio. En adelante, las tarifas quedarán indexadas por precios combinados (mayoristas-minoristas). En cuanto a los medicamentos, “se negociará el no traslado de la devaluación a precios” (por lo visto, el lobby de los laboratorios también pesa en la UIA). Por uno o dos años se suspenderán las ejecuciones fiscales y bancarias por deudas anteriores, y lo mismo valdrá para los servicios públicos por deudas o cortes ya realizados.

LA ALTERNATIVA ALFONSINISTA
Cambio flotante

Un sector del alfonsinismo, junto al radicalismo bonaerense que conduce Leopoldo Moreau, trabaja desde hace meses en una propuesta alternativa al esquema neoliberal que, en las últimas semanas, fue puesta a consideración del duhaldismo en la búsqueda de una salida de consenso. En la propuesta de los radicales anticavallistas participaron los economistas que ocuparon lugares claves en el área durante el gobierno alfonsinista: el ex ministro Juan Vital Sourrouille, el ex secretario de Hacienda Mario Brodersohn y el ex jefe de asesores de ese equipo económico, y hoy director en el Banco Provincia, Roberto Frenkel.
La propuesta, que ayer intentó acordarse a toda velocidad con el mencionado sector del justicialismo, consistiría básicamente en los siguientes aspectos:
Con matices, ambos sectores acordaron en la necesidad de adoptar un nuevo régimen monetario, con flotación del tipo de cambio, junto a una moratoria de dos años en el pago de la deuda pública. El abandono formal de la convertibilidad y su reemplazo por un tipo de cambio flotante se acompañaría con una “pesificación” de activos y pasivos del sistema financiero. Esto significa que quienes estén endeudados en dólares pasarán automáticamente a estarlo en pesos.
Como la flotación del tipo de cambio generaría una segura devaluación de los precios internos, los economistas suponen una revaluación de las reservas actuales del Banco Central que permitiría la expansión de la capacidad crediticia del sistema financiero.
Desde el alfonsinismo también creen que deberán encontrarse mecanismos que transfieran los mayores ingresos relativos que recibirán los exportadores como consecuencia del dólar más alto. A esto se refieren los economistas del sector cuando hablan de “la discriminación cambiaria entre las empresas productoras de bienes transables y las no transables”. En la mira están las exportadoras de petróleo y gas.
Por otra parte, del lado de las “no transables” están las prestatarias de servicios públicos privatizadas, a las que se planea “desdolarizarles las tarifas”.
La refinanciación del endeudamiento externo debería pasar ante todo por una moratoria de intereses de uno a dos años. Lo ahorrado en este rubro permitiría un significativo alivio fiscal, parte del cual podría destinarse a la reactivación. Sobre esta base, el siguiente paso consistiría en renegociar la asistencia internacional con el FMI, pues precisamente fue el organismo internacional quien en los últimos meses instó a la Argentina a entrar en default y abandonar el cambio fijo.

QUIEN PAGARA EL GASTO SOCIAL
Bolsillos poderosos

Por Cledis Candelaresi

Al igual que el saliente, el gobierno provisional no dispondrá de recursos para atender la desesperación de los manifestantes. Hasta poco antes de que Fernando de la Rúa abandonara el poder, Seguridad Social no tenía, siquiera, los 17 millones para pagar la cuota del subsidio de desempleo que debía hacerse efectiva ayer. Salvo que una eventual moratoria unilateral en los pagos de la deuda libere algún dinero, los más necesitados tendrán que seguir esperando. En ese ínterin, el Congreso podría aprobar dos proyectos radicales que conquistaron el respaldo del PJ y podrían reforzar los ingresos en más de 2000 millones anuales: uno para gravar con Bienes Personales las sociedades off shore, el otro para alcanzar con Ganancias la remisión de utilidades.
Ni siquiera el programa para reformular el sistema de asignaciones familiares (conocidos por sus siglas de Siprof) tiene fondos asegurados, a pesar de estar prolijamente incluido en el proyecto de Presupuesto y de tener un primer guiño del Partido Justicialista. Muchos de los programas administrados por Trabajo, así como por Desarrollo Social, dependen de recursos que proveen los organismos multilaterales de crédito, bastante renuentes a desembolsar algún dólar al Estado argentino.
Los técnicos del PJ ayer imaginaban enfrentar la emergencia con un programa alimentario que concentre la mayor cantidad de recursos posibles, subsumiendo en uno solo varios programas de los que administra Desarrollo Social. También aspiraban a ampliar los alcances del subsidio de desempleo, cuyo monto mensual no sería inferior a los 200 pesos por mes. Pero los recursos para afrontar estos gastos deberían surgir de un hipotético aumento de la recaudación, hoy por el piso: Argentina está perdiendo alrededor de 900 millones de pesos mensuales por el parate económico. Esa mejora, a juicio del PJ, sobrevendrá después que se recupere la política monetaria, admitiendo la flotación del peso y la consiguiente devaluación. Y luego de que se encare la renegociación de la deuda, en términos más duros para los acreedores de los que planteaba Domingo Cavallo, e incluyendo el tramo local ya renegociado. La tasa del 7 por ciento anual es, a juicio de los justicialistas, inaceptablemente alta, del mismo modo que resulta imprescindible una gracia de dos años.
Casi al mismo tiempo, el Congreso podría tratar al menos dos proyectos, que servirían para reforzar los ingresos fiscales, aunque no de inmediato. Uno de ellos, es el que presentó el senador Carlos Maestro, para alcanzar con Bienes Personales a las sociedades por acciones radicadas en el exterior. Es muy común el recurso de constituir sociedades anónimas con sede en Uruguay para acreditar, por ejemplo, la propiedad de costosos departamentos y así eludir ese tributo.
La otra iniciativa corresponde a la radical Beatriz Nofal y postula modificar Ganancias de modo tal que se puedan gravar la remisión de utilidades al exterior y, al mismo tiempo, se premie con una alícuota reducida a las empresas que reinviertan parte de sus beneficios. Esta propuesta surgió casi al mismo tiempo que los aliancistas Darío Alessandro y Horacio Pernasetti fogoneaban la propuesta con media sanción de Diputados para subir excepcionalmente del 35 al 45 por ciento la alícuota máxima de Ganancias para personas y sociedades que tengan muy altas utilidades. Pero esta propuesta, en su momento respaldada por Economía, habría entrado en vía muerta, mientras que las de Maestro y Nofal son vistas por el robustecido justicialismo como instrumentos válidos para alimentar las ávidas arcas públicas.

LOS PLANES DEL DUHALDISMO
Súper devaluados

Por Claudio Zlotnik y David Cufré

Dentro del peronismo, duhaldistas y menemistas son los que tienen posturas más definidas en materia económica. Es sabido que el ex presidente es el principal promotor de la dolarización, pero hasta en su entorno reconocen que esa alternativa es la que menos probabilidades de ocurrencia tiene en este momento. El duhaldismo, por tanto, asoma como el sector que lleva la voz cantante en esta discusión. La idea fuerza del ex gobernador es que la convertibilidad está muerta y que debe pasarse a un sistema de flotación cambiaria. El Banco Central intervendría para evitar una disparada del dólar. En un primer momento su cotización podría ubicarse entre 2 y 2,5 pesos, pero luego, tras un período de estabilización, el nivel de equilibrio estaría en torno de 1,40 peso.
Para encarar la salida del uno a uno, el nuevo gobierno debería explicar el programa “integral” de crecimiento al FMI, al Departamento del Tesoro de Estados Unidos y a la Unión Europea. Se buscaría reeditar la experiencia del blindaje, pero en este caso no sería para garantizar el repago de la deuda, sino para contar con recursos que permitan reactivar la economía. Se pedirían 15 mil millones de dólares, lo que duplicaría el monto de las reservas líquidas del Banco Central.
El otro aspecto clave del programa es la “pesificación”. Es decir, pasar a pesos los créditos y depósitos nominados en dólares. Detrás de esta idea comienzan a encolumnarse varios en el peronismo, como Carlos Ruckauf y los gobernadores del Bloque Federal. Carlos Reutemann, fiel a su estilo, no se define y mira cómo se acomodan las fichas, pero aceptaría los planteos de Duhalde. Algunos aspectos salientes de cómo se instrumentaría la pesificación son los siguientes:
La devolución de los depósitos se haría de manera gradual. El proceso hasta levantar las restricciones actualmente vigentes demoraría un año.
En el caso de los ahorristas que tienen depósitos en dólares, se les devolverán pesos, pero sumando a los intereses que rinda el plazo fijo el nivel de la inflación mensual. Este “premio” no estaría vigente para las cajas de ahorro, pero la definición de este tema todavía requiere largas discusiones y no hay nada cerrado.
La situación sería distinta para aquellos que cobran el sueldo por caja de ahorro, ya que se levantarían las restricciones de inmediato y podrían retirar todo el dinero.
La política de emisión del Banco Central será “prudente”, para evitar una escalada inflacionaria.
La salida de la convertibilidad y la creación del nuevo régimen cambiario se haría por ley.
Desde sectores empresarios tratan de ejercer presión sobre los dirigentes que auspician la pesificación para que se implemente un seguro de cambio, mecanismo que hizo famoso Domingo Cavallo en 1982 y que implicó la virtual estatización de la deuda. Bancos y compañías endeudas en dólares con el exterior están pidiendo que el Estado pague la diferencia entre la nueva cotización del dólar y el uno a uno de la convertibilidad. En ese caso, toda la sociedad asumiría la deuda de privados.
El esquema de flotación cambiaria, pesificación y auxilio desde el exterior se completa con la reestructuración de la deuda. El duhaldismo pretende imponer a los acreedores internacionales una quita de la deuda del 50 por ciento, y una tasa de interés de aquí en más igual a la que paga Estados Unidos más dos puntos porcentuales. En este momento, eso daría 3,75 por ciento.