|
Por Irina Hauser
 “Lo lamentamos si se siente
preso en su propio país”, comentaban con saña los empleados
de uno de los juzgados que investigan a Domingo Cavallo. El ex ministro
acababa de pedir un permiso especial para irse “a descansar”
a Estados Unidos o Europa a los tres jueces que la semana pasada le prohibieron
viajar al exterior. Ayer mismo el juez Jorge Ballestero rechazó
la solicitud. Mientras todo indicaba que igual respuesta darían
los magistrados Rodolfo Canicoba Corral y Julio Speroni, un colaborador
del ex funcionario anunció que “desistirá en sus pedidos
a la Justicia y se quedará en Argentina”.
Desde que Cavallo renunció el miércoles de la semana pasada,
circularon todo tipo de versiones sobre su paradero. Una de ellas decía
que había huido en el avión Tango 03 rumbo a Uruguay. Después
se supo que había viajado a San Martín de los Andes con
Sonia y sus hijos, donde fue declarado persona no grata por los pobladores,
que le exigieron que abandonara la Patagonia. A pesar de todo, finalmente
pasó la Navidad en alguna estancia del sur. “Ahora está
en Buenos Aires, estuve con él hace un rato”, dijo ayer a
Página/12 uno de sus allegados.
En plan de erradicar rumores sobre una posible fuga, Cavallo pidió
a la Justicia, a través del abogado Eduardo Oderigo, que le permita
“ausentarse en forma temporal del país, aproximadamente hasta
fines de enero”. Según señaló Oderigo en sus
escritos, “desea poder viajar –junto a sus familiares–
a un ámbito que le permita descansar y en el que no tema por su
seguridad y la de los suyos, todo lo cual parece muy difícil de
conseguir en el país, en las actuales condiciones”.
Las presentaciones también mencionan los escraches y cacerolazos
que se hicieron frente al edificio donde vive la familia Cavallo, en avenida
Libertador y Ortiz de Ocampo: “No sólo lo afectan a él,
sino a su mujer e hijos, quienes para acompañarlo deben estar prácticamente
recluidos en su domicilio”. Intentan, además, convencer a
los jueces de que si lo citan el ex ministro estaría “de inmediato
de regreso para comparecer”.
Los jueces Ballestero y Canicoba Corral –del fuero federal–
y Speroni –de penal económico– prohibieron días
atrás que Cavallo saliera del país. Ballestero fue el primero
en rechazar su pedido de ayer, con el argumento formal de que Oderigo
no había asumido como abogado suyo en ninguno de los expedientes
que tramitan en su juzgado. El magistrado instruye dos causas, que delegó
en las fiscalías de Eduardo Freiler y de Gerardo Di Masi. En una
se investiga la responsabilidad penal del ex titular de Economía
en el “megacanje”, caso en el que también se le prohibió
salir del país al ex secretario de Finanzas Daniel Marx. En la
otra causa se analiza la legalidad del decreto que restringió el
retiro de dinero en efectivo y la posibilidad de que Cavallo haya incurrido
en abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes, entre otros delitos.
La causa que instruye Canicoba Corral data de 1995 y alude al presunto
otorgamiento irregular de fondos reservados por parte de Cavallo, cuando
era ministro de Economía del menemismo, a favor de la Secretaría
de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico,
que comandaba Alberto Lestelle. En relación a este tema, el fiscal
Freiler pidió que ambos fueran indagados como sospechosos.
El ex titular de Economía está imputado por posible contrabando
agravado de material bélico a Croacia, un delito no excarcelable,
en la pesquisa que sustancia el juez Speroni, la misma en la que Carlos
Menem fue beneficiado con falta de mérito pocos días antes
de que la Corte Suprema determinara su liberación. La fiscal que
interviene, Alicia Sustaita, pidió que Cavallo amplíe su
declaración indagatoria.
Quienes rodean a Cavallo en estos días dicen que “no tiene
intención de escaparse y está absolutamente a disposición
de los jueces”. No es lo que creen algunos de los fiscales, como
Freiler, que sostuvo que dejarlo viajar a Estados Unidos o a algún
país europeo, como pidió, “implicaría el riesgo
de que pretenda eludir la Justicia”.
EL
VIERNES, PARA PEDIRLES LA RENUNCIA
Cacerolazo contra la Corte
Los cascotes todavía
estaban en las calles, los gases no se habían evaporado y las radios
porteñas no paraban de recibir llamados de oyentes señalando
“ahora vamos a pedir la renuncia de la Corte Suprema”. La Asociación
de Abogados Laboralistas hizo realidad la consigna y convocó a
profesionales, intelectuales y organizaciones no gubernamentales a batir
cacerolas el próximo viernes a las 13 horas frente a las escalinatas
del Palacio de Justicia. “La iniciativa continuará todos los
últimos viernes de cada mes, hasta que se vayan”, dijo a Página/12
Luis Ramírez, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas,
una de las entidades que integran la junta promotora del juicio político
a la Corte.
Hace 20 días, cuando el ex presidente Carlos Menem fue beneficiado
por un equívoco fallo del máximo tribunal que al resolver
su situación procesal consideró que no había elementos
para sostener que hubo una asociación ilícita en la venta
ilegal de armas, se conformó una junta promotora del juicio político
a los supremos. La junta está integrada por las asociaciones de
abogados laboralistas, de abogados de Buenos Aires, de abogados previsionalistas,
la asociación americana de juristas y la asociación latinoamericana
de abogados laboralistas.
“Si bien la idea de pedir el juicio político tomó cuerpo
luego de que la Corte Suprema liberara a Menem, no olvidamos los fallos
que este tribunal tuvo durante los últimos 12 años. Han
demostrado una total subordinación a un modelo económico.
Incluso apartándose de la Constitución Nacional”, sintetizó
Ramírez a este diario.
Con algunas variaciones en su composición, la Corte no dejó
de acompañar las principales definiciones de Menem y Fernando de
la Rúa. Para posibilitar la privatización de Aerolíneas
Argentinas la Corte habilitó el “per saltum”, forma jurídica
de un recurso extraordinario por el que revisó el fallo de un tribunal
inferior que había trabado la maniobra. Por supuesto, la Corte
le dio la razón al gobierno menemista y el resto es historia conocida.
De aquel momento a éste se sucedieron una denuncia por sobreprecio
en la compra de dos inmuebles que originalmente estaban destinados a la
justicia laboral y que terminaron siendo para los tribunales del fuero
civil, y una denuncia por la sustracción de una sentencia. Por
este último suceso, Domingo Cavallo acusó de corruptos a
los cortesanos.
El ex ministro, uno de los dueños de la criatura como se definía
a sí mismo, tendría tiempo para volver sobre sus pasos y
desandar sus dichos. El gobierno de Menem volvió a insistir con
el “per saltum” para privatizar los aeropuertos. Antes de eso
tuvo lugar la ampliación de los miembros de la Corte, medida hija
del Pacto de Olivos, por la que el radicalismo tuvo sus lugares sin que
el menemismo perdiera su hegemonía. También hubo serias
dudas sobre la ecuanimidad y transparencia de la Corte en el denominado
“rebalanceo telefónico”. Todo tamizado con algunas sospechas
menores y otros tantos fallos favorables para funcionarios del gobierno
de Menem. Los favores continuarían durante el gobierno de De la
Rúa, ya que la Corte respaldó cada uno de los recortes salariales
dispuestos por el gobierno aliancista.
“Sin el cambio de la Justicia no hay ningún cambio posible”,
sintetizó Ramírez. Los convocantes al cacerolazo son conscientes
de que corren nuevos días. “No se puede esperar que transcurran
los tiempos procesales. Luego de los hechos de la semana pasado todo está
apurándose”, concluyó el titular de la Asociación
de Abogados Laboralistas.
|
