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Por Eduardo Videla
 Un aumento en el impuesto que
pagan los hipermercados instalados en territorio porteño y la extensión
de ese gravamen a las empresas telefónicas y a Aguas Argentinas
es la receta a la que apela el jefe de Gobierno porteño, Aníbal
Ibarra, para llenar el agujero que dejó la drástica caída
en la recaudación en la ciudad, que en diciembre alcanzó
al 46 por ciento respecto del mismo mes del año pasado. El proyecto
oficial, que sería tratado hoy en la Legislatura, también
prevé gravar el uso del espacio público a los prósperos
restaurantes de Las Cañitas y Palermo Hollywood que utilizan las
veredas para colocar sus mesas. Ibarra también reclama poderes
especiales para renegociar deudas y contratos y la declaración
de una emergencia social, que le permita echar mano de los fondos generados
por Autopistas Urbanas SA y Banco Ciudad, dos empresas oficiales con superávit,
para atender necesidades alimentarias, laborales y de vivienda.
“El proyecto se armó con un sentido de equidad, teniendo en
cuenta que en la ciudad no se puede hacer ajustes sobre los sueldos del
personal ni aplicar impuestos generalizados”, dijo a Página/12
el frepasista Marcelo Vensentini, titular de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda de la Legislatura, quien encabeza las negociaciones con la
oposición.
El paquete fue elaborado por Marta Albamonte, que además de ser
la subsecretaria de Hacienda –la segunda de Miguel Pesce–, es
la esposa de Raúl Fernández, jefe de Gabinete y mano derecha
de Ibarra. Con estas iniciativas, el oficialismo reemplazó el debate
sobre el Presupuesto de la ciudad, que venía desarrollándose
en la Legislatura hasta que la crisis devoró al gobierno de Fernando
de la Rúa. En medio de la incertidumbre económica, cualquier
debate sobre el tema era estéril.
La propuesta oficial se resume en los siguientes puntos:
 Una reforma a la Ley Tarifaria,
que sube la alícuota de Ingresos Brutos para los hipermercados
del 3 por ciento actual al 5 por ciento, cifra vigente en la provincia
de Buenos Aires.
Fijar una alícuota del
6 por ciento en concepto de Ingresos Brutos a las compañías
que prestan servicios de telecomunicaciones –incluida la telefonía
celular y los servicios de audiotexto–, la que suministra agua potable
por red domiciliaria y las distribuidoras de energía eléctrica.
Ambos incrementos sumarían unos 25 millones de pesos en un año.
Los gravámenes alcanzan
también a las empresas de televisión por cable y a los restaurantes
ubicados en zonas de moda, como Las Cañitas o Palermo Hollywood,
en concepto de uso del espacio público. “Si los negocios de
Avenida de Mayo y Recoleta pagan por poner las mesas en las veredas, ¿por
qué no ellos?”, argumentan en el oficialismo.
Una reforma al Código
Fiscal, que establece mecanismos para combatir la evasión fiscal
y agilizar el cobro de deudas.
Una ley de emergencia económica
que faculta al Ejecutivo a renegociar contratos –tanto en montos
como en plazos de pago–, para reducir gastos.
Crear un fondo de Emergencia
Social para canalizar recursos generados por empresas de la ciudad. Por
ejemplo, AUSA, que tiene un superávit de 70 millones anuales, o
el Banco Ciudad, cuyas ganancias ascienden a unos 5 millones. Este fondo
estaría destinado a atender necesidades alimentarias, creación
de fuentes de trabajo y planes de vivienda.
El oficialismo negociaba contra reloj con los bloques opositores el apoyo
a estas medidas. Los diputados justicialistas –la segunda minoría–
presentaron su propio proyecto, por el cual facultan a Ibarra a renegociar
contratos para incrementar cánones –por ejemplo, de las empresas
de multas fotográficas– y crear un fondo para jefes de familia
desocupados, según explicó a este diario el jefe del bloque
del PJ, Eduardo Valdés. También le ponen un límite
al endeudamiento de la ciudad y obliga a que todos los contratos con empresas
que sean prorrogados sean aprobados por la Legislatura. En cuanto al aumento
de impuestos, la oposición está dividida: el belizismo y
un sector del peronismo se oponen a esa medida, porque dicen que podría
repercutir en los precios.
El oficialismo, en tanto, sabe que ese traslado a los precios por parte
de las empresas de servicios podría ser una realidad. “Por
eso, estamos trabajando el tema con el Ente de la Ciudad: las empresas
nunca bajaron los costos cuando tuvieron reducción de aportes patronales
y otros beneficios impositivos”, argumentó Vensentini.
LA
CIUDAD SUSPENDE LOS PAGOS
Diciembre sin fondos
El gobierno porteño suspendió
el pago de deudas a proveedores y reprogramaría la liquidación
de los haberes de diciembre de sus empleados, prevista inicialmente para
los primeros días de enero, debido a la caída en la recaudación
del último mes, reconoció ayer el secretario de Ingresos
Públicos, José Luis D’Ipolito.
“La recaudación impositiva de diciembre está casi paralizada
en la Ciudad. Las proyecciones para diciembre, cuando faltan tan sólo
dos días para que termine el mes, registran una caída del
46 por ciento respecto a diciembre del año pasado”, señaló
el funcionario. D’Ipolito atribuyó esta caída a la
crisis financiera desatada a principio de mes, cuando el ex ministro de
Economía Domingo Cavallo decretó el “corralito”
de los depósitos, agravado por el feriado bancario impuesto desde
el jueves pasado por el Banco Central.
“Con ese nivel de ingresos, va a haber que reestructurar todos los
pagos: el pago a proveedores ya está suspendido y los sueldos del
personal seguramente se van a reprogramar, porque lo recaudado no alcanza
para el pago de salarios”, señaló el funcionario porteño.
D’Ipolito comentó que esta última medida “está
en análisis” debido a la imposibilidad de obtener dinero dentro
del circuito financiero y a que la Ciudad recibe una cifra relativamante
exigua a través de la coparticipación federal de impuestos.
El funcionario señaló que la principal merma se registra
en Ingresos Brutos, uno de los gravámenes que se abonan habitualmente
a través de cheques, debido a que corresponden a cargas impositivas
destinadas a empresas y profesionales. “Nosotros habíamos
previsto una caída del orden del 15 por ciento para diciembre,
en función de los indicadores de recesión de los meses de
setiembre, octubre y noviembre, pero esto supera todos los pronósticos:
en diciembre de 2000 recaudamos alrededor de 212 millones de pesos, mientras
que este año apenas llegamos a 146 millones”, acotó.
“Más allá de que pudo haber mayor recesión de
la esperada, el conflicto bancario llevó la situación a
un límite en el que los impuestos se paralizaron. Esto va a tener
implicancias graves, va a haber que tomar medidas de diferimientos de
pagos, no queda otra alternativa”, se sinceró el titular de
Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad. D’Ipolito dijo
que la recaudación porteña volvería a tener algún
tipo de lógica recién a partir de la segunda o tercera semana
de enero, “cuando vuelvan a funcionar correctamente los bancos”.
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