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Por Cledis Candelaresi
 La crisis institucional que
sacude al gobierno de Adolfo Rodríguez Saá complicó
la discusión de grandes temas económicos, no menos urgentes
que la conformación de un gabinete definitivo. El abortado proyecto
del argentino y la emisión adicional de lecop parece haber eclipsado
el diseño de un nuevo proyecto de Presupuesto para el 2002, que
el renunciante titular de la cartera laboral, Oraldo Britos, prometió
se presentaría hoy. Sin embargo, los legisladores oficialistas
ya saben que uno de los principales escollos para pulir esa iniciativa
será determinar cómo hacer un ajuste adicional al que había
previsto el ex ministro Domingo Cavallo, ya que la hipótesis de
recaudación sobre la que trabaja el peronismo es de casi 3000 millones
menos. Para enfrentar esa situación dramática, los parlamentarios
del PJ analizan hasta la posibilidad de pagar la PBU, contenida en las
jubilaciones públicas y privadas, con un nuevo bono de la deuda.
La agenda económica está encabezada por la necesidad de
solucionar el problema de liquidez, que pone a la economía al borde
de la cesación de pagos interna. Ayer los principales referentes
económicos del PJ se abocaron a discutir cómo colocar una
lápida sobre la tercer moneda y retormar la idea de incrementar
en poco más de 3000 millones la emisión de las lecops, que
gozan de buena aceptación en el interior y cuyo aumento no necesita
ser avalado por una ley.
En el duhaldismo no hay dudas. El propio Eduardo Duhalde, tanto como el
diputado Jorge Remes Lenicov, se manifestaron públicamente partidarios
de imprimir más bonos antes que impulsar una nueva moneda, condenada
a depreciarse a la velocidad de la luz. De ese modo, este segmento del
justicialismo reflotó la idea que había sido considerada
por economistas y legisladores del partido poco antes de que el primer
cacerolazo expulsara a Fernando de la Rúa de la Rosada.
La semana anterior al estallido social, el PJ intentó definir su
estrategia parlamentaria, unificando criterios acerca de los temas económicos
fundamentales. Fue en esa reunión del miércoles 12 de diciembre,
que diputados, senadores y técnicos por entonces de la oposición
coincidieron en la necesidad de que se amplíe la emisión
de aquellas letras. Rodolfo Frigeri, uno de los asistentes, no amagó
siquiera oponerse a esta alternativa que, sorpresivamente abandonaría
días después para abrazar desde la secretaría de
Hacienda la propuesta del argentino. Resuelto un plan monetario todavía
en discusión, los legisladores oficialistas deben abocarse urgentemente
al debate del presupuesto, que funcionarios de Economía ya empezaron
a bosquejar junto a algunos legisladores del PJ, sobre una hipótesis
de recaudación mucho menos optimista aún que la contenida
en la última iniciativa girada al Congreso por Cavallo. En ésta
se estimaban ingresos por poco más de 39 mil millones que, según
las estimaciones del PJ, difícilmente lleguen a 36,5 mil millones,
lo que obligaría a hacer un esfuerzo adicional para contener el
déficit.
La iniciativa cavallista contemplaba 4.500 millones de pesos en “economías
a lograr durante el ejercicio anual”, dejando en manos del jefe de
gabinete definir cuándo y de dónde se conseguiría
aquel ahorro. Si la gestión saadista persistiera con el déficit
cero, habría que recortar 2500 millones de pesos más para
que las cuentas medianamente cierren.
Según especulan los técnicos oficialistas, parte de ese
ahorro resultaría de no pagar a los acreedores externos un solo
dólar durante el año próximo, en el mejor de los
casos, después de “negociar” con ellos esa gracia, más
una quita sobre intereses y capital. En el justicialismo no hay un criterio
unificado acerca de qué hacer con el tramo local de la deuda, pero
sí especulaciones sobre las posibles ventajas de reducir del 7
al 5 por ciento el interés renegociado por la gestión anterior:
esta baja significaría un ahorro de 1000 millones de pesos anuales
para el erario. Los legisladores justicialistas saben que el otro gran
agujeropresupuestario es el sistema previsional, que insume la mitad de
los recursos y ahora está jaqueado por el derrumbe de la recaudación.
Aunque a sabiendas de que la medida puede resultar antipática,
senadores oficialistas como el sanjuanino José Luis Gioja impulsan
la idea de pagar con un bono los 200 pesos de la Prestación Básica
Universal, que el Estado paga a los beneficiarios del reparto como a los
de la capitalización.
La idea está ganando consenso en ambas bancadas del oficialismo,
no por simpática sino como un recurso desesperado para poder pagar
jubilaciones aun sin tener fondos. La recaudación de diciembre
habría retrocedido un 26 por ciento, clausurando el 2001 con un
déficit cercano a los 10 mil millones, y no hay nada en el horizonte
que haga presumir que ese declive esté por terminar. Así
las cosas, cualquier proyección sobre los recursos del año
próximo parece exageradamente optimista.
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Rebelión de
funcionarios
La decisión de imponer un tope de 3000 pesos brutos mensuales
para las remuneraciones de los funcionarios políticos promovió
un estado de indisciplina general en la administración pública
central. En esa categoría también fueron incluidos
los directores generales y los jefes departamentales, contingente
de siete mil funcionarios, en su mayoría con largos años
de carrera en la gestión pública o seleccionados por
concurso, que en virtud de aquella rebaja ganan ahora menos que
algunos de sus subordinados, excluidos de la poda. Semejante despropósito
generó un virtual estado de insurrección entre los
afectados, que se niegan a firmar los expedientes que habitualmente
rubricaban con el aliento de un sueldo que duplicaba al que quedó
después de los recortes. Todo por muy poco: con aquella poda
salarial, la Nación ahorraría alrededor de 140 millones
de pesos al año, cifra casi exigua en relación con
los grandes números del presupuesto. No hay un cálculo
sobre cuánto perderá.
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