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Por
Laura Vales
 El
16 de agosto Claudio B. se escondió en el probador de un hipermercado
para comer, oculto por la cortina, una bandeja de 80 gramos de jamón.
Lo hizo rápido, pensó que sin levantar sospechas; antes
de salir se guardó la última feta de fiambre en el bolsillo
y dejó en el piso el envase vacío. Una clienta que entró
al probador inmediatamente después vio el plástico y avisó
a Seguridad. Cuando el personal de vigilancia lo detuvo, Claudio B. intentó
negar los cargos. Fue inútil: en la requisa le descubrieron la
feta de fiambre. El chico marchó preso.
Para vivir en la provincia de Buenos Aires, tuvo suerte: todo lo que le
pasó es que, después de una golpiza, le abrieron una investigación
judicial (registrada en los tribunales de Lomas de Zamora) en la que se
lo imputa por el “apoderamiento ilegítimo de 80 gramos de
jamón” y resistencia a la autoridad. Claudio B. (por un pedido
expreso no se publican los nombres completos de quienes tienen sus causas
en trámite), que es cartonero y vive en Avellaneda, entrará
así a la categoría de personas con antecedentes penales.
A nadie debería sorprender si el caso llega a juicio oral y se
dicta una sentencia en su contra.
Ejemplos, de un tiempo a esta parte, no faltan: en noviembre, Patricio
Bustamante fue condenado en un tribunal de La Matanza a un año
de prisión por intentar robar una sandía (delito agravado
por resistencia a la autoridad). Por la misma época, Marcos Toribio
era imputado en Lomas de Zamora por el robo de un sifón de soda
“en banda” –el robo en banda se castiga con penas que van
de 3 a 10 años–, como si se estuviera frente al jefe de una
organización criminal. Al joven también se le imputó
resistencia a la autoridad. Lo encerraron en la celda de una comisaría
bonaerense y lo trasladarían después a la cárcel
de Olmos. Pasó así tras las rejas un lapso aún más
prolongado que el ladrón de sandías; en total, 17 meses
y 29 días.
El caso del sifón de soda fue elevado a juicio oral; el fiscal
requirió que se condene al acusado a cuatro años de cárcel,
pero en las audiencias se demostró que ni siquiera había
pruebas sólidas contra él. Toribio fue absuelto hace muy
poco, el pasado 13 de agosto; para entonces, llevaba todo el año
y medio anterior pidiendo –sin éxito– su excarcelación.
Los abogados llaman a estos casos “delitos insignificantes”:
hurtos a veces menores que el robo de una gallina, que son cometidos sin
armas, pero que –en consonancia con la política de mano dura
del gobernador Carlos Ruckauf– están recibiendo cada vez castigos
más desproporcionados. El defensor oficial ante el Tribunal de
Casación Penal bonaerense, Mario Coriolano, advirtió que
existe un incremento de estos episodios, indicativos de una creciente
tendencia a criminalizar la pobreza. Tendencia que en la provincia de
Buenos Aires, marcó el defensor, tuvo un fuerte impulso a partir
de marzo del año pasado, cuando se reformó el Código
Procesal Penal.
Aquella reforma, entre otras cosas, limitó las excarcelaciones
para los acusados de robos simples (es decir sin armas) que se hubieran
cometido con algún tipo de violencia. Un empujón, el tironeo
del arrebato, empezaron a ser considerados desde entonces como una dosis
de violencia suficiente para sellar la suerte de los acusados.
Para los defensores oficiales, una de las consecuencias menos visibles
de esta reforma es que el sistema judicial –en colapso por el exceso
de causas y la escasez de recursos– está dedicando una parte
de su estructura a investigar este tipo de causas, en las que la nimiedad
del episodio investigado no implica que, una vez puesta en marcha la maquinaria
judicial, puedan resolverse de manera automática. “En el caso
del robo del sifón se tuvo que ubicar a los testigos, tomarles
declaración, buscar los antecedentes del acusado. La defensoría
mantuvo con el fiscal toda una discusión legal sobre si correspondía
o no que el imputado esperara en libertad su juicio”, graficó
en los tribunales de Lomas la defensora Marcela Piñero.
Están también los efectos ostensibles. El banco de datos
de las defensorías generales de la provincia registró que
a partir de la nueva regulación en materia de excarcelaciones hubo
un aumento continuo en el número de detenidos en comisarías.
u En noviembre del ‘99 había 2100 presos en las seccionales
de la Policía Bonaerense.
u En abril de 2001 esas mismas comisarías alojaban a 5797 personas.
u Hoy hay 6500 presos.
Esa superpoblación, como es obvio, no está constituida sólo
por ladrones de sandías; pero con cada detenido se agravan las
desastrosas condiciones dentro de las celdas, donde los presos llegan
a tener que turnarse para dormir, porque el espacio es insuficiente para
que todos puedan acostarse. Como se verá a continuación,
para cualquier imputado, por delitos insignificantes o no, la pesadilla
puede comenzar en el minuto siguiente de su detención.
Juan E. fue detenido el 2 de julio, en Ezeiza, cuando intentaba robar
un par de botas usadas del patio de una casa, donde se metió rompiendo
un alambrado. Pese a que no tenía antecedentes penales, quedó
preso en la seccional 3ª de Ezeiza, debido a que la imputación
en su contra fue la de robo calificado por efracción (rotura con
violencia) en grado de tentativa, figura a la que se destinan penas de
hasta siete años. En su tercer día de prisión intentaron
violarlo.
El preso fue revisado por un médico oficial que constató
sus heridas, tras los que se dispuso su traslado a otra seccional. Pero
allí fue nuevamente víctima de “golpes, vejámenes
y abuso sexual”, según se lee en los informes elevados por
su defensor. El juez de Garantías Maffucci Moore ordenó
entonces a la comisaría que aislara al detenido. En la comisaría
le respondieron que “ello era imposible y que lo único que
estaba a su alcance era hacerlo pasar la noche engrillado a los barrotes
del pasillo de imaginaria”. Advirtiendo que el Estado era incapaz
de asegurarle mínimas condiciones de seguridad, y considerando
que su detención se había transformado en “una tortura
del medioevo”, el juez dispuso la liberación del preso.
Un grupo de jueces y defensores oficiales de la provincia han mantenido
en las últimas semanas una serie de entrevistas con los legisladores
bonaerenses para plantear la situación que se vive en esas celdas
y pedir que se revisen las modificaciones al Código Procesal Penal.
Apelaron incluso a llevar fotos del interior de los calabozos, conscientes
de que ninguna descripción verbal podría transmitir enteramente
el horror que se vive detrás de los muros de las comisarías
bonaerenses.
Y que giran siempre en torno del mismo sector social. Cuando el ladrón
de los 80 gramos de jamón cayó preso, en la defensoría
recordaron que apenas diez días atrás habían recibido
a alguien del mismo apellido. Los dos resultaron ser hermanos. Al otro
lo habían detenido por averiguación de antecedentes (es
decir por portación de cara) en una plaza de Avellaneda. Según
quedó asentado en la denuncia, en el trayecto a la comisaría,
en un ataque de desesperación, rompió “con sus pies
el vidrio de la ventanilla derecha” del patrullero, “antes de
golpear con la cabeza en el enrejado”. El chico terminó encauzado
por “daños y resistencia a la autoridad agravados”.
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