La justicia jujeña no garantiza derechos a las y los ciudadanos en causas que tiene imputadas a dirigentes de organizaciones sociales, principalmente mujeres. Algunas de ellas son las mujeres militantes de la organización Tupac Amaru que cumplieron con los dos tercios de la condena y que deberían tener libertad condicional. Otro caso destacable es el de las docentes de la Biblioteca Niños Pájaros, Ana Ramos y Marisol Velázquez, que esperan su sobreseimiento en una causa en la que se las imputó por amenazas al gobernador Gerardo Morales por graffitis que aparecieron en la vía pública.
En la Tupac Amaru, además de Milagro Sala, están encausados otros integrantes de esta organización. A fines de la semana pasada María Sandra Condorí firmó su libertad condicional tras intensos trámites para que la justicia garantice sus derechos, ya que cumplió hace tiempo los dos tercios de la condena. Condorí recibió una pena de 8 años en 2019 en la causa conocida como “Pibes Villeros”, en la que están imputadas 29 personas, de las cuales muchas son mujeres de la Tupac Amaru.
La novedad de su libertad, fue anunciada por su abogado defensor, Luis Paz, quien celebró esta decisión, y convocó a seguir exigiendo la libertad de Graciela López, Adriana Noemí Condorí (hermana de María) y Javier Osvaldo Nieva.
El fallo de condena de 2019 fue recurrido por la defensa de Condorí, y por esta vía se llegó incluso a interponer un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hasta la fecha no fue resuelto.
En ese contexto, en 2021 la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) volvió a insistir con la libertad condicional de María y Adriana Condorí, Graciela López y Javier Nieva, quienes continúan detenidos con domiciliaria.
El año pasado una delegación de referentes de DDHH mantuvo encuentros con el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Federico Otaola, y el titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, a quienes les expresaron que las condenadas María Graciela López, Patricia Margarita Cabana, Mirta Guerrero, Adriana Condorí y María Condorí ya habían cumplido los dos tercios de su privación de libertad y que debían ser puestas en libertad condicional.
Por aquellos meses, y en horas, la Justicia cumplió parcialmente con el pedido otorgando la libertad condicional a Mirta Guerrero. Después de casi 8 meses, hizo lo propio con María Sandra Condorí.
La decisión fue notificada el jueves pasado por la Sala III del Tribunal en lo Criminal, tras los diversos pedidos que se habían realizado sobre María Condorí y otras imputadas de la Tupac Amaru en la causa Pibes Villeros.
La APDH ya expresó una fuerte crítica a la institucionalidad jujeña: “Lo hacen (la liberación de Condorí) tras haber logrado controlar a un Poder Judicial sumiso y cómplice, a su servicio, echando por tierra la división de poderes y el Estado de derecho”.
Es por ello que la APDH insistió con otra nota el viernes último, dirigida al juez de Ejecución Penal, Emilio Cattan, en la que exigió respuestas respecto del beneficio de la libertad condicional para Graciela López y las hermanas María Sandra y Adriana Noemí Condorí, sobre quienes sostuvo que sufren graves violaciones a los derechos humanos, situación que fue denunciada por los organismos.
Poniendo énfasis en la situación delicada de salud de Graciela López, la APDH señaló que a pesar de que las tres mujeres están con prisiones domiciliarias, no otorgarles la libertad condicional constituye una “vulneración a derechos y garantías consagradas en la Constitución y las leyes vigentes y en Tratados Internacionales de DDHH. La decisión de mantener esta situación sine die, derivaría en un grave daño de irreparables consecuencias para todos ellos y para nosotros como Estado”.
El abogado Luis Paz, defensor de las militantes de la Tupac Amaru, sostuvo que ante esta situación "se presentaron todos los requerimientos al juez de Control, Cattan, solo esperamos que resuelva la concesión de la libertad condicional" a las otras detenidas que aún siguen esperando.
Persecución a dirigentas
En junio se cumplirá un año de la imputación a las docentes Ana Ramos y Marisol Velázquez, de la Biblioteca Popular “Niños Pájaros”, de la Agrupación política AJI 20 (Agrupación Joven Independiente 20 de Agosto). El Ministerio Público de la Acusación les abrió una causa por "amenazas" al gobernador Gerardo Morales. Las responsabiliza por unos grafitis que aparecieron en las calles jujeñas con la leyenda "Se busca. GM. Aparición sin vida”. Pero las docentes niegan la autoría y han acercado pruebas de que el día en el que las leyendas aparecieron estaban en otros puntos de la ciudad.
El Ministerio Público de la Acusación destacó en la causa las publicaciones de Facebook de las docentes, que las vinculan con AJI 20, organización con la que efectivamente llevan a cabo actividades sociales. La dirigencia de AJI 20 viene realizando marchas para que la persecución cese, ya que afirma que la agrupación es hostigada permanentemente por el trabajo territorial que realiza.
Las docentes fueron candidatas a diputadas provinciales en 2021 en la capital provincial y la Agrupación sostiene que esa postulación fue la detonante para perseguirlas.
"Nosotras, junto a nuestras defensas, presentamos pruebas que comprueban que ese día nos encontrábamos en nuestras casas. Hemos pedido la localización de nuestro celular, tenemos pruebas suficientes para tener el sobreseimiento", sostuvo Ana Ramos. En la fecha que se las acusa, Ramos estaba monitoreada por el COE por un cuadro de covid y Velázquez estaba con su papá pasando el día del padre.
A días de cumplir un año de esa imputación, Ramos agregó: "esta persecución política es por parte del gobierno de la provincia de Jujuy. Es por eso que mañana martes nos vamos a presentar en el Ministerio Público de la Acusación para exhibir las pruebas que se encuentran en el expediente. Estas pruebas no hacen nada más que comprobar el trabajo barrial en Alto Comedero y en otros sectores de la provincia. Solo hay pruebas que nosotras somos parte de un partido AJI 20, somos parte de la biblioteca Niños Pájaros que tiene ya más de 20 años de trabajo. Somos parte de escuelas artísticas en los barrios junto a los niños, junto a los abuelos, en los comedores, en escuelas deportivas, en escuelas de oficio, granjas comunitarias. Eso es lo que hacemos", ratificó.
Las docentes sostienen que el fiscal Diego Funes no quiere recibir pruebas que son importantes para la defensa. Ambas están pidiendo ser sobreseídas y adelantaron que si no tienen respuesta, viajarán a Buenos Aires para federalizar la causa y demostrar que la Justicia jujeña responde a Gerardo Morales, adelantó Cecilia Cruz, de Aukasisa, colectivo que comparte trabajo territorial con AJI 20.
A casi un año de aquella acusación insólita, las docentes indicaron que las afecta la persecución que sufre el espacio al que pertenecen, y recordaron en tal sentido la infiltración de policías de civil en Radio Pueblo, medio comunitario de AJI 20.
Roberto Aragón, referente de Radio Pueblo, destacó que las docentes "cotidianamente padecen esta persecución política" y consideró que esta situación "no debe naturalizarse en la provincia".
