El expresidente de Panamá por el período 2009-2014, Ricardo Martinelli, inició este jueves al proceso para ser candidato presidencial para las próximas elecciones de 2024, mientras enfrenta demandas en los tribunales por presuntos casos de corrupción.
“He presentado todos mis papeles para correr como candidato presidencial independiente porque pienso ser el candidato de todos los panameños independientes y partidarios. He roto el retrovisor del odio y pase de facturas para ser el candidato y presidente de todos los panameños”, indicó el exmandatario a través de su cuenta de Twitter.
Martinelli subrayó que se presenta como candidato independiente porque aspira a ser candidato "de todos los panameños independientes y partidarios". Asimismo, enfatizó que su candidatura obedece a una estrategia "netamente política y no jurídica".
El portavoz del Tribunal Electoral de Panamá, Luis Camacho, dijo en declaraciones a Agencia EFE que el exmandatario también podría presentar su candidatura por su partido, Realizando Metas, fundado por el propio Martinelli.
En caso de que se autorice la candidatura del expresidente, tendrá desde el 31 de julio de este año hasta el 15 de agosto de 2023 para reunir las firmas necesarias para presentarse como postulante presidencial.
Martinelli, quien es uno de los imputados por el caso de la empresa brasileña Odebrecht, se iba a presentar en una audiencia el 18 de julio, sin embargo, esto no sucedió, ya que la sesión fue suspendida y pospuesta hasta setiembre por la ausencia de los abogados defensores.
Dos de los hijos de Martinelli confesaron ante la justicia de Estados Unidos haber recibido sobornos millonarios por parte de la empresa brasileña y fueron condenados en mayo a tres años de cárcel y dos de libertad vigilada. Asimismo, los hermanos del exmandatario también se declararon culpables de participar en pagos de sobornos por un total de 28 millones de dólares.
La constructora
El caso Odebrecht está vinculado con uno de los sucesos más grandes de corrupción de América Latina que duró más de 30 años y vinculó a los gobiernos de más 12 países (Angola, Argentina, Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Perú, Panamá, Guatemala, México y Mozambique). La constructora brasileña le pagaba sobornos a presidentes y expresidentes de estos países para obtener beneficios en contrataciones públicas.
El escándalo se acentuó en Perú (donde se vieron implicados los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuzcynski y la opositora, Keiko Fujimori entre otros) en Colombia (con Otto Bula como uno de los “mensajeros” para sobornar, el exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, el expresidente de Conficolombiana, entre otros) y en Brasil.
