La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a tres años de prisión dictada en Jujuy contra la líder de la Tupac Amaru, Milagros Sala. Los camaristas Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani avalaron los testimonios de los dos únicos testigos que señalaron a Sala como instigadora del escrache ocurrido en 2009 contra el entonces senador y hoy gobernador jujeño Gerardo Morales. Está probado que la dirigente no participó de esa protesta, pero la Cámara Federal consideró que los hechos fueron "planeados y organizados" por la dirigente.

Milagro Sala permanece detenida desde enero de 2016, cuando fue arrestada por encabezar un acampe de protesta frente a la Casa de Gobierno de Jujuy. Luego, a instancias de Morales se activaron una serie de causas para mantenerla detenida ilegítimamente, algo que fue señalado por la ONU, por la CIDH y por organismos de derechos humanos de todo el mundo.

La causa por los huevazos a Morales en el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas data del año 2011, pero recibió un impulso de la justicia jujeña tras la detención de Sala. El 28 de diciembre del año pasado, el Tribunal Oral Federal 1 de Jujuy dictó la condena a tres años de prisión en suspenso contra la dirigente social y diputada del Parlasur. La misma pena recibió María Graciela López, mientras Gustavo Ramón Salvatierra fue condenado a dos años de prisión en suspenso. La defensa de los dirigentes calificó como “vergonzoso y arbitrario” el fallo y anunció que lo apelará ante la Corte Suprema de Justicia, que sigue sin resolver el planteo por la liberación de la diputada del Parlasur.

La condena de primera instancia, ahora confirmada por Casación, se basó en los testimonios los dos únicos testigos de cargo contra Milagro Sala: Cristina Chauque y su esposo René Arellano, conocido como Cochinillo. Sobre Arellano se probó durante el juicio que mintió en reiteradas oportunidades: dijo durante las testimoniales que estaba sin trabajo y nunca había trabajado para el Estado, pero se supo durante el correr de las audiencias que era y es un empleado del gobierno de Jujuy, que fue el que lo presentó como testigo.

Tras las apelaciones la causa llegó a la Cámara de Casación, que no hizo lugar a ninguno de los planteos de la defensa de Sala ni al dictamen del fiscal ante la Cámara, Javier De Luca. El único recurso al que respondieron favorablemente fue al de la querella de Morales, que pidió que se revoque el sobreseimiento por prescripción dictado en primera instancia al delito de amenazas. Los camaristas resolvieron que el TOF1 de Jujuy emita un nuevo fallo respecto a esa acusación, lo que podría sumar entre 3 y 6 años de prisión a la pena ya dictada.

“Esto ya lo dijimos en el alegato allá en diciembre, pero parece que es necesario recordarlo: en nuestro sistema jurídico solo se responsabiliza penalmente por actos, por acciones, por hechos. Nos regimos por un derecho penal de acto. Y después de leer las 90 páginas de esta sentencia de Casación seguimos sin saber aun exactamente de qué hecho participó cada una de las personas que fueron condenadas. Qué se le reprocha a cada uno, de qué se los acusa a cada uno”, expresaron en un comunicado las abogadas defensoras de Milagro Sala y Graciela López, Elizabeth Gómez Alcorta y Paula Álvarez Carreras.

Agregaron que los camaristas “omitieron de forma absolutamente deliberada y arbitraria contestar los principales planteos de la defensa que, entendemos, fueron contundentes”. En sus alegatos las letradas habían enumerado durante más de tres horas cada una de las arbitrariedades de la sentencia de primera instancia.

Los jueces Hornos, Borinsky y Gemignani sostuvieron que “si bien la defensa de Sala ha realizado críticas con respecto a los testigos Arellano y Chauque para invocar que sus dichos resultan inverosímiles, no se encuentra en ellas entidad que impida tener por veraces las manifestaciones que realizaron los mencionados testigos”. Llegaron incluso a afirmar que el hecho de que Arellano trabaje para el gobierno de Morales -y que lo haya ocultado- “no le quita veracidad a su declaración” y “no impacta sobre el núcleo de su testimonio”.

Durante la reciente visita de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Jujuy, "Cochinillo" Arellano no tuvo ningún reparo en pasearse por la gobernación y por el despacho de Freddy Morales, el hermano del gobernador, a pesar de haber dicho en el juicio que no tenía vínculos con el mandatario jujeño.

Hornos y Gemignani ya habían intervenido en otra causa emblemática para Jujuy: la abierta contra el dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Tadeo Blaquier, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. A pesar de las pruebas contra de Blaquier, la Sala IV de Casación le otorgó en marzo de 2015 la falta de mérito.