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La única certeza de cara a las próximas elecciones presidenciales es que predomina un clima pesimista. La mayoría de los ciudadanos, con prescindencia de su cercanía al oficialismo u oposición, concurrirá a las urnas con débiles expectativas. Ese escenario implica un desafío muy fuerte para la dirigencia política argentina. La reversión del desencanto popular es una condición necesaria para la construcción de una sociedad democrática más plena.
La irrupción de personajes tan disruptivos y peligrosos como Trump, Bolsonaro o Milei no es fruto de la casualidad. El ascenso de la ultraderecha interpela al conjunto de las fuerzas políticas democráticas. En ese sentido, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner planteó su "miedo a la fragmentación política", en su alocución en la Universidad de Río Negro.
La crisis de representatividad está muy ligada a la fragmentación social. En este punto, la crisis de 2001/02 dejó ciertas enseñanzas que no debieran olvidarse. Por caso, las últimas polémicas alrededor del Plan Potenciar Trabajo sirven como disparador para repasar las respuestas estatales al mundo de los excluidos en la historia reciente.
Piqueteros
El éxito antiinflacionario del Plan de Convertibilidad consolidó el liderazgo político de Carlos Menem. La ilusión del “1 a 1” fue una pieza fundamental para apuntalar la reelección del dirigente riojano en 1995. El apoyo social a un modelo económico inviable se iría resquebrajando poco tiempo después.
A mediados de 1996, los pobladores de Cutral-Có y Plaza Huincul apelaron a los cortes de ruta para visibilizar sus reclamos. La mayoría de esos “piqueteros” eran ex trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
La respuesta gubernamental fue criminalizar la protesta popular. Sin embargo, la apertura de causas judiciales apelando a figuras del Código Penal, como por ejemplo, la obstrucción de las vías públicas, no pudo impedir que se extendiera este nuevo método de protesta. Con sus luces y sombras, los movimientos sociales se consolidaron como vehículo de canalización de las demandas de los excluidos.
El 31 de julio de 2001, los cortes de ruta se multiplicaron en todo el país en el marco de la primera jornada de protesta convocada por la Primera Asamblea Piquetera Nacional, que había juntado en La Matanza a un variopinto abanico de organizaciones.
Esa acción unificada duró poco tiempo, porque afloraron fuertes diferencias entre el bloque conformado por la Federación Tierra y Vivienda y la Corriente Clasista y Combativa y las agrupaciones ligadas a la izquierda más “dura”, como el Polo Obrero, MTD, MTL y la Coordinadora Anibal Verón.
Más allá de eso, el corralito bancario de Cavallo-De la Rúa los encontró en las calles con un público clasemediero. El sociólogo Ricardo Sidicaro denominó a ese fenómeno como “la rebelión de los fragmentos” en su trabajo La pérdida de legitimidad de las instituciones estatales y de los partidos políticos (Cuadernos de la Argentina Reciente, Nº 3).
La consigna “piquetes y cacerolas, la lucha es una sola” transmitió una engañosa imagen de unidad. En su libro Camino al Colapso, el investigador Julian Zicari sostiene que “las sucesivas encuestas señalaban un alto nivel de rechazo, de entre el 67 y el 85 por ciento, a la metodología piquetera aún a pesar de comprender sus motivos y reconocer la existencia de un alto nivel de desempleo y pobreza creciente”.
Jefes y Jefas
La multiplicación de cortes de rutas y calles implicó un severo desafío para el gobierno interino de Eduardo Duhalde, que intentó apagar el incendio con el Plan “Jefes y Jefas de Hogar Desocupados”. Ese programa llegó a otorgar una ayuda económica no remunerativa a dos millones de personas.
En Transiciones ocupacionales: el caso del plan jefes y jefas (Revista Realidad Económica, Nº 202), la troika de investigadores Cortés, Groisman y Hoszowski plantea que "la crisis que se manifestó desde comienzos de 2002 contribuyó a que las políticas compensatorias pasaran de ser residuales, a formar parte explícita de las políticas de Estado. Las políticas hacia la pobreza continuaron con un fuerte signo de asistencialismo, pero su inclusión en el presupuesto y la naturaleza de su financiación a través de retenciones a las exportaciones son indicadores de una reorientación de la tendencia anterior".
Esto da la idea de un "cambio en el papel asignado a la asistencia social como política estatal. Este cambio no es menor, ya que una vez establecida la legitimidad de la asignación de fondos significativamente más altos que en la década anterior al rubro de gasto social focalizado, se crean las condiciones para generar un debate acerca de cuál debería ser el diseño más apropiado de estos programas”.
El Plan Jefes y Jefas ayudó a distender el explosivo clima social pero no pudo impedir la continuidad de las protestas callejeras. El tratamiento de esa cuestión dividió al equipo gubernamental, entre los que propiciaban profundizar el camino del diálogo y los que proponían desactivar los cortes de calle para aplacar el malhumor social.
A mediados de 2002, los funcionarios más “duros” ganaron la pulseada a los “tolerantes”. Los movimientos sociales y fuerzas de izquierda habían organizado una gran movilización que desembocaría en Plaza de Mayo. El entonces titular de la SIDE, Carlos Soria, planteó que esa marcha era parte de un plan para derrocar a las autoridades.
En función a ese diagnóstico, el gobierno ordenó impedir el ingreso de los manifestantes a la ciudad de Buenos Aires. La feroz represión policial culminó con la muerte de dos militantes sociales, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, en la Estación Avellaneda. “La crisis causó dos nuevas muertes” fue el inolvidable título del Diario Clarín y Duhalde tuvo que adelantar la convocatoria a nuevas elecciones.
Nueva etapa
La figura emergente de ese caos económico-político-social fue tan inesperada como refrescante. Apenas asumió la presidencia, Néstor Kirchner levantó la bandera de no criminalizar la protesta social. En esa línea, el nuevo Presidente ordenó que la Policía Federal no debía portar armas cuando custodiara las movilizaciones callejeras. La decisión se cumplió a rajatabla a pesar de la resistencia de ciertos sectores policiales. Por caso, el Jefe de Policía, Eduardo Prados, presentó su renuncia por considerar que la orden presidencial era “humillante”.
Por otro lado, el santacruceño habilitó canales formales e informales de negociación con un variopinto universo de organizaciones territoriales. El resultado de ese proceso fue la incorporación de muchos militantes sociales como funcionarios nacionales y bonaerenses. Por ejemplo, el dirigente de Barrios de Pie Jorge Ceballos (designado Director de Asistencia Comunitaria del Ministerio de Desarrollo Social), el líder de la Federación Tierra y Vivienda Luis D´Elía (Subsecretario de Tierras para el Hábitat Social de la Nación) y Emilio Pérsico (Movimiento Evita - Subsecretario de Políticas Públicas del gobierno de la provincia de Buenos Aires), entre otros.
Por el contrario, una fracción del movimiento piquetero (el bloque comandado por el Partido Obrero (PO), el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) de Raúl Castells, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) liderada por Juan Carlos Alderete) continuó confrontando con el naciente kirchnerismo.
La recuperación económica y del empleo facilitó una baja paulatina de los “planes” sociales. Cuando CFK terminó su segunda presidencia, los dos programas más importantes (“Argentina Trabaja” y “Ellas Hacen”) tenían un padrón de 200 mil beneficiarios. En el gobierno de Mauricio Macri, la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley subsumió los diferentes programas en “Hacemos Futuro” y, además, sumó el "Salario Social Complementario".
En total, el padrón de beneficiarios se amplió a 550 mil personas. La buena relación de Stanley con los movimientos sociales causó resquemores en tribus oficialistas y opositoras. Al interior de Cambiemos, la ministra Patricia Bullrich acusó a su par de “financiar movimientos sociales”. En espejo, el Movimiento Evita fue rebautizado como Movimiento Carolina desde sectores kirchneristas.
Potenciar Trabajo
El gobierno de Alberto Fernández unificó los programas que administraba Anses (Hacemos futuro, Salario Social Complementario) en el Potenciar Trabajo. El programa social insignia del Frente de Todos establece el cobro de una prestación, equivalente a la mitad de un salario mínimo, como contraprestación por una jornada de cuatro horas de trabajo en tareas sociales/productivas tales como la construcción de veredas, casas e infraestructura barrial, tareas de cuidado, recolección y reciclado de los residuos urbanos.
En junio de 2022, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner planteó que “hoy tenemos 7 por ciento de desocupación, pero tenemos 1.300.000 planes. Hay algo que va a haber que revisar porque con esa desocupación del 7 por ciento deberíamos tener menos planes sociales”. La vicepresidenta también apuntó contra la “tercerización de las políticas sociales”.
Como era previsible, algunas organizaciones sociales recogieron el guante. Por caso, la UTEP señaló que "en nuestro país más de diez millones de adultos no tienen empleo registrado ni ingresos regulares. En la pandemia ellos se inscribieron para pedir un ingreso de emergencia. No por eso son vagos o planeros. Son todos trabajadores y trabajadoras. Lo que les falta son derechos. No se trató de una tercerización, sino de inventar algo nuevo dónde había vacío y abandono".
En su artículo publicado en Cash acerca de las paritarias en un régimen de alta inflación, el economista Martin Burgos explica que “se enfrentan dos visiones estructurales muy distintas: por un lado, la de Cristina Fernández de Kirchner, que apunta a que el desarrollo industrial pueda generar el empleo genuino para reducir el desempleo y la pobreza en Argentina, una visión peronista clásica del problema de la producción y del trabajo. Por otro lado, la visión de los movimientos sociales, que en la vertiente del Movimiento Evita considera agotado el capitalismo industrial de pleno empleo, y que plantea la necesidad de encontrar en otros modos de producción una alternativa que permita volver a homogeneizar la sociedad con derechos universales basados en la dignidad del trabajo, la reciprocidad y la responsabilidad hacia la comunidad”.
Lo cierto es que ese debate de fondo quedó planteado. En el corto plazo, el conflicto gira en derredor del Programa Potenciar Trabajo. En noviembre de 2022, el gobierno nacional oficializó que no habría más altas en el padrón que comprende alrededor de 1.400.000 personas. A comienzos de 2023, la ministra Victoria Tolosa Paz anunció que se suspenderían 154 mil beneficios por falta de validación de la identidad de los beneficiarios. Ese número se redujo luego a 85.000 personas.
La obligación de validar los datos es muy resistida principalmente por el bloque Unidad Piquetera. Mientras que el gobierno nacional sostiene que se busca transparentar el esquema de beneficios, el titular del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, denunció que se trata de un ajuste exigido por el FMI bajo el eufemismo de “focalizar la asistencia social”. Por lo pronto, la Unidad Piquetera anunció un plan de lucha nacional con cortes de rutas, calles y accesos para el próximo 5 de abril. La fractura social será telón de fondo de un convulsionado año electoral.
@diegorubinzal
