Hoy se cumplen 24 años de la desaparición de Miguel Bru, un estudiante de Periodismo que fue visto por última vez el 17 de agosto de 1993 en Bavio, a 50 kilómetros de La Plata. Aunque la Policía Bonaerense quiso instalar que se había escapado por voluntad propia, luego se supo que fue torturado hasta la muerte en una comisaría platense como represalia por una denuncia ante un allanamiento sin orden. El caso fue emblemático porque puso en evidencia la vigencia más allá de la Dictadura de la impunidad represiva del Estado, que es quien ostenta los mayores “instrumentos del orden” en nuestra sociedad y el único que puede aplicarlos “en nombre de la Ley”.
La efeméride se recrudece tristemente con las escalofriantes coincidencias que arroja la búsqueda (o no) de Santiago Maldonado, ausente desde este 1º de agosto tras una represión de Gendarmería Nacional en un acampe mapuche en la localidad de Cushamen, al noroeste de Chubut. Ambos (Bru tenía 23, Maldonado 28) forman parte de una lista hiriente: la de los desaparecidos en democracia, que ya en 2015 la Coordinadora contra la Represión Institucional (Correpi) cuantificó en al menos 210 personas desde 1983. El relevamiento fue hecho con rigor, dolor y la certidumbre de que de todos modos se trata de una nómina incompleta, ya que las técnicas de desaparición siempre se sofistican para estar un paso adelante del descubrimiento público de las mismas.
Determinar los alcances legales del término “desaparecido” encuentra matices, aunque existe consenso para atender lo que indica la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas (con rango de ley en Argentina desde la última reforma constitucional, en 1995). La misma refiere a privaciones cometidas por “agentes del Estado” o personas que actúen con su autorización, seguido de “la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero”.
Santiago Maldonado nació en 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires, y se dedicaba a la artesanía. Se instaló hace un tiempo cerca de la zona donde Gendarmería ya había apoyado la bota en enero, sofocando a bala y garrote una ocupación mapuche en tierras de los Benetton, una de las tantas familias extranjeras beneficiadas con baratos latifundios en ese membranal de montañas, lagos y desierto todavía inabarcado por un Estado que se precia de bicentenario: la Patagonia.
Desde distintos estratos gubernamentales se intenta explicar que existen dos facciones mapuches: la Red Ancestral (RAM), en apariencia dialoguista, y el Movimiento Autónomo del Puelmapu (MAP), calificado como “terrorista”. Una descripción inexacta imperdonable, pues refrita la Teoría de los Dos Demonios en la que la represión estatal luce como un diablo pero menos malo que el que intenta sofocar.
No quedó claro el rol de Santiago Maldonado en este conflicto que precedía a su mudanza. Y, en verdad, tampoco importa. Lo que permanece, irónicamente, es su ausencia, que varios testigos le imputaron en sede judicial al accionar de la Gendarmería. Tal como pasó con Bru, a Maldonado también dicen haberlo visto en distintos lados (una parroquia de Mendoza, un micro a San Luis, a dedo en Entre Ríos). Pero ninguno de los dos fue hallado.
El documental Nunca digas nunca (libre en YouTube) profundiza el caso de Bru y tres similares: Luciano Arruga, Kiki Villegas y Jorge Julio López. Lo realizó un colectivo anónimo empujado por una inquietud angustiante: “Somos una generación que no vivió la Dictadura y se pregunta qué es desaparecer en democracia”.
