Ya no quedan instancias internacionales de protección de los derechos humanos que no hayan reclamado al gobierno de Mauricio Macri por el arresto de la dirigente social de la Tupac Amaru Milagro Sala, quien fue detenida en enero luego de encabezar una protesta contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió ayer al estado argentino a “dar pronta respuesta a la decisión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria que califica la detención preventiva de Sala como arbitraria llamando a su liberación inmediata”. La Cancillería sacó rápidamente un comunicado para contestar el pronunciamiento, que deja al país en un lugar todavía más incómodo ante la comunidad internacional. El Gobierno señaló que “toma nota” de la opinión de la CIDH y que “se notificará de inmediato su contenido a la Justicia de la provincia de Jujuy para su conocimiento y acción, para que tome la intervención que corresponda”. Gastón Chillier, director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), uno de los organismos de derechos humanos que se presentó ante la CIDH y la ONU por el caso Sala, señaló que “la excusa de que es un tema del Poder Judicial y de la provincia de Jujuy está claramente fuera de lugar. La responsabilidad ante los organismos internacionales de protección es del estado argentino”.
La CIDH está integrada por siete expertos independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal. La Comisión tiene un vínculo histórico con la Argentina, ya que su visita de 1979 contribuyó a visibilizar y legitimó en el plano internacional las denuncias sobre los crímenes de la última dictadura. Luego, tanto la CIDH como la Corte Interamericana intervinieron en importantes casos para la Argentina, como el de Walter Bulascio, el atentado a la AMIA y la despenalización de los delitos de injurias y calumnias. En este momento su presidente es el norteamericano James Cavallaro y su secretario ejecutivo es el brasileño Paulo Abrao. La CIDH está sesionando en Panamá y esta semana realizó dos audiencias vinculadas con la Argentina: una sobre una comunidad Qom y otra sobre el sistema de justicia juvenil. La detención de Milagro Sala no estaba en la agenda oficial, pero el organismo tenía a estudio el reclamo que habían hecho el CELS, Amnistía Internacional y Andhes (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales) y por el que ya había recibido información por parte del Gobierno. Ayer, el organismo fijó su posición sobre el tema.
“Milagro Sala es una conocida líder de la sociedad civil en la provincia de Jujuy que fue detenida en el contexto de una protesta social. La Comisión y su Relatoría Especial han reiterado que la protesta es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión que debe ser facilitado y no sujeto a criminalización u otras formas de represión. Si bien una orden judicial dispuso la libertad de Milagro Sala, ella no salió en libertad pues se le imputaron otros cargos mediante decisiones judiciales bajo la jurisdicción de la provincia de Jujuy”, consideró la CIDH. En el comunicado también se menciona que la dirigente de la Tupac Amaru es una diputada del Mercosur, la invitación que hizo el Gobierno para que la CIDH visite el país y, por supuesto, la resolución del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas que determinó que la detención preventiva de Milagro Sala fue arbitraria y violatoria de los estándares del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Argentina es parte.
En su comunicado, la CIDH reiteró que “la presunción de inocencia es la base para la regla general de que toda persona sometida a proceso penal debe ser juzgada en libertad y que la prisión preventiva es excepcional, solo puede extenderse por un período razonable y no puede ser usada como una medida punitiva” y señaló que “las autoridades argentinas han reafirmado su compromiso histórico con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. Por eso, llamó “al Estado argentino, en particular a la provincia de Jujuy, a tomar acciones urgentes para responder las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo” de la ONU.
El Gobierno respondió que “ha adoptado todas las medidas a su alcance de conformidad con las normas constitucionales aplicables, con las especificidades propias de un Estado federal” y que confía en que “la Comisión aceptará la invitación que se le formulara para visitar la Argentina y en particular Jujuy a fin que sus integrantes puedan tomar contacto directo con los distintos actores y sectores sociales, políticos y judiciales de dicha provincia que se encuentran vinculados al caso de la Sra. Sala”.
Apenas conocido el reclamo de la ONU, que se hizo público el 21 de octubre pasado, en el Gobierno minimizaron el asunto, afirmaron que era una “opinión” e intentaron instalar que los expertos no tenían información suficiente porque solo se habían basado en la causa por la protesta contra Morales, en la que Sala ya había sido excarcelada.
Esto último se revelaba falso con solo leer el texto del Grupo de Trabajo, que señalaba que la detención de la dirigente social era “arbitraria” porque había sido realizada por ejercer su libertad de expresión, pero además, porque luego hubo un “entramado de acusaciones consecutivas e inicio de causas judiciales para sostener su privación de libertad de manera indefinida en el tiempo”. Uno de esos expedientes irá en los próximos días a juicio. Allí Sala está acusada por “amenazas y daño” por un “escrache” contra Morales del que ni siquiera participó. En otros casos la acusan por hechos de corrupción.
Las consecuencias de haberle restado importancia al planteo de la ONU están a la vista. Algunos integrantes del gobierno que consideraban que Argentina debía cumplir con el reclamo buscaron convencer a los que se oponían con argumentos pragmáticos. Señalaron que pronunciamientos similares iban a multiplicarse y que el costo político internacional iba a ir en aumento. El Gobierno se inclinó por la postura de buscar “convencer” a los integrantes de los organismos internacionales (sin tener en cuenta que los expertos se convencen antes de pronunciarse) y de desligar, en última instancia, la responsabilidad en la justicia jujeña. El vocero de esta posición es el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, quien estaba ayer en Panamá y se reunió con integrantes de la Comisión antes de que se conociera el pronunciamiento.
“Nunca tuvimos dudas acerca del reclamo, pero lo que dice la CIDH despeja cualquier duda que otros pudieran tener. Entendemos que el Gobierno esperaba la opinión de la CIDH y ahora debe implementar la decisión del Grupo de Trabajo de la ONU, sino habrá una responsabilidad política del Estado argentino”, señaló Chillier a PáginaI12.
Aunque formalmente el Gobierno nacional se deslinda del caso y apunta a la justicia jujeña, su incomodidad es cada vez mayor. La carta que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, envió a Sala esta semana, fue lapidaria. “El más firme apego al pleno respeto de los derechos civiles y políticos, a la libertad de expresión, así como a las garantías del debido proceso y al no abuso del instituto de la prisión preventiva me convencen de la necesidad de su inmediata liberación”, escribió el ex canciller uruguayo. Además, el Gobierno se encuentra con que muchos de los reclamos sobre la situación de Sala provienen de organismos que también fueron críticos con Venezuela por el encarcelamiento del opositor Leopoldo López, a quien Macri respaldó personalmente. El Presidente, además, debió escuchar al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau hablar sobre Sala en la conferencia de prensa que dieron juntos en la Casa Rosada. Y Avruj tuvo que escuchar críticas por este tema por parte de organizaciones argentina y francesas cuando viajó a París. Situaciones de este tipo podrían repetirse: integrantes del Comité por la Libertad de Milagro Sala fueron recibidos en la Delegación de la Unión Europea y por los representantes de las Embajadas de Italia, Francia, España, México y Canadá. Según informaron desde ese Comité, consejeros políticos de las delegaciones diplomáticas solicitaron precisiones sobre la situación de Jujuy y el impacto de las detenciones de los integrantes de la Tupac Amaru.
