La política de seguridad social alcanza a un universo de quince millones de personas entre titulares de la Asignación Universal por Hijo, pensiones no contributivas, jubilaciones y pensiones y seguro de desempleo, sin contar las asignaciones familiares de los trabajadores registrados. A su vez, hay unos  4,5 millones de trabajadores informales. La desocupación afecta a más de 2 millones y la subocupación a más de 1,5 millón. En conjunto son unas 20 millones de personas. Para la inmensa mayoría de ellos la publicidad del nuevo sistema de fútbol pago por televisión que dice “no te quedes afuera” del espectáculo de los goles les pasa de costado, ya que no podrán pagar los 300 pesos mensuales del servicio más los 100 a 250 pesos –según la empresa y las promociones disponibles– para acceder al decodificador HD necesario para incorporar los canales premium de la superliga. Para aquellos que ni siquiera tengan televisión por cable, el costo se eleva entre 800 y 1000 pesos adicionales. En esta condición se encuentra casi la totalidad de los sectores que no llegan a cubrir la canasta básica alimentaria, de 6250 pesos en agosto para una familia tipo, y por lo cual son considerados indigentes. Desembolsar unos 1500 pesos para esas familias, el 6,2 por ciento de la población del país, 1,7 millones de personas de acuerdo al último informe del Indec, es virtualmente imposible. Para no quedarse afuera deberían destinar entre el 20 y el 25 por ciento de sus mínimos ingresos. En una situación similar están quienes no cubren la canasta básica total de 15.245 pesos, que determina la línea de pobreza, debajo de la cual se ubican 7,8 por millones de personas, el 28,6 por ciento de la población. También unos 3,5 millones de jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo de 7246 pesos. Todos estos sectores vulnerables agregarán en los próximos días un nuevo elemento a la larga lista de bienes materiales y culturales a los cuales no tienen acceso, obviamente la mayoría de ellos más relevantes que ver los partidos desde su televisor. Pero lo que expresa la publicidad “no te quedes afuera” es la naturalización de la exclusión. Invisibiliza la existencia de millones de ciudadanos, su realidad, y celebra la transformación de una política que tendía a ser universal, como Fútbol para Todos, por otra donde prima el individualismo y el negocio privado.

  La distribución regresiva del ingreso, es decir más fondos para los que más tienen y menos para las mayorías, y la concentración de la riqueza en los sectores dominantes es la filosofía de la política económica desde el primer día de gobierno de Mauricio Macri. La privatización del fútbol televisado va en esa línea y si bien es claramente un tema menor frente a decisiones de extrema gravedad como la quita de pensiones por invalidez, el recorte de la cobertura en salud para amplias capas de la población, la disparada de precios de los alimentos, los tarifazos de servicios públicos o la pérdida de poder adquisitivo del salario, entre muchas otras, permite visualizar fácilmente el esquema de ganadores y perdedores que impera con el modelo económico de Cambiemos. El fútbol argentino no es más para los hogares pobres, es para quien lo puede pagar. Las ganancias, a su vez, son para un par de empresas que refuerzan el carácter limitado de lo que antes buscaba ser para todos con ese mensaje de “no te quedes afuera”.

  En esa dinámica, es sabido que los gobiernos neoliberales llevan el ajuste hasta donde lo permiten los ajustados. Mientras la población convalide la transferencia de recursos de los bolsillos de muchos a los de unos pocos, como ocurre  ahora con el fútbol, el proceso continuará e irá abarcando cada vez más aspectos. Lo planteó con transparencia el ministro de Energía, Juan José Aranguren,  ex CEO de Shell, cuando dijo el año pasado que si alguien no podía afrontar el incremento de los combustibles que dejara de consumir. 

  En la jerga del oficialismo y de la inmensa red comunicacional que le da soporte y legitimación social, desde la prensa dominante hasta estrellas de la farándula, pasando por académicos y organismos internacionales, esa redistribución regresiva se está produciendo con gradualismo. No la niegan ni la ocultan, si no que la consideran apropiada para una economía “moderna e integrada al mundo”, y anticipan que irá ganando en intensidad. Pero se debe cocinar a fuego lento para que sea tolerada. El economista Mario Blejer, ex presidente del Banco Central, lo explicó esta semana al señalar que “los empresarios esperan que siga el gradualismo para mantener la paz social y el orden. Si no hay eso, tampoco habrá inversiones”. La monumental deuda pública que contrajo el Gobierno hasta ahora y la que proyecta seguir tomando el año que viene funciona en ese sentido como anestésico mientras avanza la transformación, explicó. “Lo que está haciendo el Gobierno es comprar tranquilidad y paz social con el financiamiento externo”, definió. Sin embargo, aclaró que debe ser una política “a corto plazo” porque su continuidad en el tiempo es “obviamente” insostenible. De todos modos, para este ex funcionario del Fondo Monetario Internacional “la dirección y los resultados parciales de la estrategia son positivos”. 

  Esa inversión en paz social mediante el endeudamiento masivo del Estado, como lo indicó Blejer, genera una carga de intereses a favor de los acreedores que crece sin ningún gradualismo. En el Presupuesto de 2018 es el componente del gasto que más aumenta contra el año anterior, con 28 por ciento, hasta los 280 mil millones de pesos. Nótese que Fútbol para Todos costaba 2 mil millones de pesos al año, el 0,7 por ciento de esa cifra. Es posible que a esta altura fuera el doble o el triple, 4 mil o 6 mil millones de pesos, es decir apenas el 1,4 o 2,1 por ciento de lo que se pagará el año que viene en intereses de la deuda del Tesoro. La comparación es incluso más grosera si se traza con los intereses de la deuda en Lebacs emitidas por el Banco Central, que ascienden a 750 millones de pesos por día. Es decir, un par de semanas de cancelación de intereses de los títulos del BCRA representa lo mismo que haber sostenido Fútbol para Todos a lo largo de un año.

  El argumento central del Gobierno para quitar la transmisión gratuita de los partidos es que el Estado no puede gastar 2 mil millones de pesos que se necesitan para otras prioridades. Como se ve, la comparación con lo que el Gobierno asume por intereses de la deuda ubica los esfuerzos en proporción. Aún más claro es si se compara con el total del gasto público presupuestado para el año próximo. Allí se advierte que Fútbol para Todos hubiera representado un insignificante 0,07 por ciento, dado que las erogaciones comprometidas para 2018 llegan a 2,9 billones de pesos. O, si se quiere, 0,14 o 0,21 por ciento actualizando el gasto de los partidos por TV. Supuestamente el Gobierno preferiría utilizar ese dinero, por ejemplo, para construir los 3000 jardines de infantes que prometió en campaña, de los cuales hasta ahora no se edificó ninguno, según denunció la Ctera. En conclusión, no hay jardines ni tampoco fútbol ni una lista cada vez más extensa para los millones de argentinos que se van quedando afuera.