DEPORTES › AUNQUE HAY ACUERDO EN AFA SOBRE LA QUITA DE PUNTOS

Por ahora no vuelve el fútbol

Mientras el juez Bergés interrogaba a más de medio centenar de hinchas detenidos por los disturbios de la Bombonera, la gente de AFA –no Grondona– se reunía con Castrilli. Hoy es un día clave.

Se fue el día en declaraciones (y negativas) de detenidos ante Bergés, en reuniones postergadas de dirigentes con el juez y de acuerdos significativos entre la conducción de AFA y Javier Castrilli, el ganador parcial de esta pulseada . Es que algo se avanzó en el movido tema del fútbol: habría consenso para reglamentar en AFA la sanción deportivaaumentando las penas a los a los equipos con hinchas revoltosos. Así fue: Julio Grondona, precisamente, primero se manifestó ayer a favor de una quita de puntos que podría tener un piso de nueve unidades y después, se confirmó en detalle, tras la reunión del Comité Ejecutivo. Mientras, en el juzgado de Mariano Bergés se negaron a prestar declaración indagatoria 30 de los 58 hinchas detenidos de Boca y Chacarita. Además, coherentemente, trascendió en la AFA que al final no se daría a conocer un programa tentativo para el caso en que se levantase la suspensión del fútbol antes del fin de semana; el recurso era concebido inicialmente como una forma de presionar a las autoridades encargadas de la seguridad y al propio juez. Y no cabe.
Grondona, quien mañana no se reunirá con el responsable del Programa de Seguridad en los Espectáculos Futbolísticos (Prosef), Javier Castrilli, en el Ministerio de Justicia, es probable que tampoco vaya a declarar ante Bergés, quien lo citó inicialmente a las 10 en su despacho. Bergés postergaría la requisitoria al titular de AFA, según confiaron fuentes judiciales, tal como lo hizo ayer con el presidente de Vélez Sarsfield, Raúl Gámez, habida cuenta de que hasta última hora estuvo tomando declaración a los 58 hinchas detenidos por los episodios violentos registrados el 31 de agosto en la Bombonera.
Por su parte, Grondona no asistió ayer a una reunión preliminar con Castrilli, que iba a celebrarse en el Ministerio de Justicia, pero envió en su lugar a algunos emisarios como el secretario de AFA, José Luis Meiszner y una nutrida delegación (ver aparte).
“La modificación sustancial en el artículo 80 del reglamento de Transgresiones y Penas de AFA, que habla de multas por desorden, estableciendo un piso de nueve puntos de quita a los equipos cuyos hinchas provoquen desórdenes, está consensuada con todas las partes”, anunció Grondona. “Por eso mañana (por hoy) cuando se realice la reunión habitual de los martes del Comité Ejecutivo se dará a conocer un calendario tentativo de los campeonatos, para el caso de que se reanude la actividad el próximo fin de semana”, advirtió. Sin embargo, la prohibición emanada del juzgado de Bergés a la Policía Federal para que no preste seguridad a los clubes de su jurisdicción antes del 23 de este mes sería inmodificable, lo que en caso de insistir la AFA con la reanudación de los campeonatos fuera de ese ámbito provocaría un desorden organizativo.
Por lo pronto, hoy será otro día agitado en todos los niveles, ya que las oficinas de Bergés estarán nuevamente atiborradas de declarantes que están alojados en el Escuadrón Buenos Aires de la Gendarmería Nacional, mientras en derredor del juzgado se llevan a cabo ruidosas protestas de familiares y allegados a los detenidos. Estas personas sostienen que, tal como ocurriera con Gregorio Ferreyra –el primer detenido, que debió ser liberado por falta de mérito– pueden demostrar que algunos de los detenidos son “completamente ajenos” a los hechos de la Bombonera.
De la única presencia de hinchas locales en los estadios (proyecto Gámez), de afianzar y solidificar los métodos preventivos para asegurar la seguridad de los concurrentes a las canchas, y de la interrelación con otros organismos para atacar un estado de violencia que excede el ámbito meramente futbolístico; de todo eso, ayer no se habló demasiado.
Si el juez recibe a Grondona sí podría haber un progreso.

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Un hincha detenido sube al transporte escoltado por efectivos de Gendarmería Nacional.
 
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