La alternativa de colocar al Banco Central como parte de un Consejo Monetario, junto al Ministerio de Economía al estilo Brasil, es la opción que encontró el Gobierno para afrontar un año complicado, sin dejar fuera de su alcance ningún instrumento. Mucho menos, la política monetaria. Por ahora, el Banco Central mantiene la autonomía que le otorga su Carta Orgánica, pero su pertenencia al Consejo permitiría que no se desvincule de los lineamientos de política económica. En línea con ello, se produce el reemplazo de Martín Redrado por Mercedes Marcó del Pont. Sale un defensor de una política monetaria ortodoxa, que en la actual etapa impulsaba medidas que hubieran desembocado en una recesión, y entra una partidaria de políticas activas de estímulo a la actividad productiva. Un cambio de funcionarios y de organización que definen, en gran medida, la estrategia y la apuesta del Gobierno en materia económica para este año.

La idea del funcionamiento al estilo del Consejo Monetario Nacional de Brasil (CMN) le fue acercado a Cristina Fernández justamente por Marcó del Pont, que ya lo había mencionado en los fundamentos de su proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (ver página siguiente). En dicho consejo brasileño participan el Ministerio de Hacienda, el Banco Central y el Ministerio de Planificación.

El sistema de regulaciones financieras brasileño tiene en la primera jerarquía al Congreso Nacional, que delega cierto poder al Consejo Monetario. “El Consejo es un ente encargado de la regulación de los mercados financieros y esta tarea se realiza a través de la emisión de resoluciones”, describe Antonio Barreto de Paiva, del Banco Central de Brasil, en un reciente trabajo. “Hay también algunas regulaciones complementarias que emite el Banco Central a través de su Junta de Directores, circulares y cartas circulares que esclarecen aspectos relacionados con las resoluciones; pero no establecen nuevas legislaciones o leyes. A su vez, el Banco Central es responsable por la supervisión de las instituciones”, explica Barreto.

Si bien no se tomará fielmente este modelo en Argentina en una primera etapa, es hacia donde tenderá a perfilarse el sistema. La idea principal es la de coordinar políticas entre Economía y Banco Central. Es decir, una política monetaria que acompañe los objetivos de la política económica. Ello significará, en esta etapa, no solamente promover el crédito para estimular la actividad productiva, necesariamente con menores tasas de interés que las actuales, sino también facilitar el financiamiento del Estado, que volverá a tener en este año un rol hiperactivo en la economía. Durante el año 2009, la Administración Nacional debió recurrir por lo menos de tres formas al apoyo del Banco Central para equilibrar sus cuentas: el giro de las utilidades por diferencias cambiarias, la liberación de los recursos recibidos por la ampliación de capital del FMI y la demanda de un monto significativo (alrededor de 10.000 millones de pesos) de adelantos transitorios. Fue una manera de capturar recursos que hubieran permanecido inactivos en el Banco Central, pero que el Gobierno resolvió tomar en sus manos para volcarlos a la actividad económica. Con el mismo sentido propuso crear el Fondo del Bicentenario.

En el año en curso, el Ejecutivo seguirá la misma práctica, porque se evalúa en esferas económicas oficiales que, sin transferencia de recursos a las provincias y sin mantener el fuerte ritmo en obras públicas sostenido en los últimos ejercicios, la recuperación puede mostrar ciertos manchones que provoquen, al menos, desequilibrios regionales y sectoriales importantes. La apuesta política del Gobierno es impulsar el crecimiento mediante el aumento de la oferta monetaria. Si la economía responde con mayor producción, se cerrará el círculo virtuoso.

Redrado se encuadra con los que suponen que aumentar la oferta monetaria es sinónimo de convocar a la inflación. Por eso su reiterada invocación a “la protección del valor de la moneda” como mandato supremo. Su receta no es original: si las provincias o la administración nacional no tienen recursos, que ajusten sus gastos. Si además se puede retrasar el tipo de cambio (porque el superávit comercial viene con tendencia creciente), mejor, porque se desalentaría la remarcación de precios internos.

Claro que, en las circunstancias actuales, dicha receta no puede menos que arrojar un resultado recesivo. Un mal menor, en la consideración de Redrado. Pero un camino que el Gobierno no estaba dispuesto a recorrer. Por eso, también, su salida, y la apuesta a una funcionaria que expresa exactamente lo contrario.