Proyectos legislativos de la oposición que involucran a las cuentas públicas nacionales están poniendo a prueba a los economistas del establishment. Se enfrentan al dilema de respetar sus convicciones ortodoxas o acompañar los deseos políticos de deteriorar el frente económico de la administración kirchnerista. Como pocas veces, está quedando en evidencia que esos gurúes de la city intervienen en la sociedad enmascarados en un saber técnico supuestamente neutro pero que es eminentemente ideológico. Definición que no los desmerecería si no ocultaran sus intenciones. Cualquiera de las iniciativas presentadas en el Congreso por el autodenominado Grupo A hubieran recibido en otra instancia política el calificativo de “poco serio”, “inconsistente” o “delirante” por parte de esos economistas. Ahora son funcionarios del gobierno que apelan a esos términos para referirse a esos proyectos, como guardianes rigurosos de las cuentas públicas. Este cambio de roles hace más complejo el análisis del proceso económico, puesto que la ortodoxia no se ha cansado de señalar lo que suponen el despilfarro de recursos por parte del Gobierno. Mientras, la anterior y actual gestión se reconoce en la complejidad de expresar rupturas y continuidades con la ortodoxia en el manejo de las cuentas fiscales. A lo que se le suma que corrientes del centroizquierda hacen cálculos y análisis con la misma lógica de la ortodoxia para arribar a conclusiones consideradas progresistas, pero que tienen ese vicio de origen.

La revisión conjunta de los proyectos impulsados por el arco opositor expone que el principal objetivo es el de desfinanciar al Estado nacional sin importar la coherencia en materia fiscal, la rigurosidad conceptual y las consecuencias en relación a la estabilidad económica. Empezó el año con la resistencia al plan oficial de utilizar unos 6500 millones de dólares de reservas del Banco Central para pagar deuda, exigiendo el consiguiente ajuste del gasto público para hacer frente a esos compromisos. Sostenían que era preocupante la expansión fiscal que implicaba esa medida, equivalente a unos 25 mil millones de pesos, por el riesgo de alentar la inflación. Esa ortodoxia militante fue archivada sin pudor con la presentación de varias propuestas para disponer el 82 por ciento móvil a las jubilaciones. Medida que significaría una expansión de por lo menos 18 mil millones de pesos en el año si se aplicara como referencia el salario mínimo vital y móvil. Se adicionaría un monto similar con el proyecto que obliga a la Anses a cumplir en forma inmediata con el ajuste de los haberes por el fallo de la Corte Suprema por el caso Badaro. Este ordenó incrementar 88,6 por ciento las jubilaciones por arriba de la mínima por el período enero 2002-diciembre 2006. En total, ambas iniciativas totalizan unos 36 mil millones de pesos anuales. En esta oportunidad los abanderados de la ortodoxia fiscal ocultan su obsesión por la inflación en pos de un objetivo político mayor: imponer al Gobierno el costo de vetar un aumento a los jubilados.

Este comportamiento queda también exhibido en otros proyectos:

- Coparticipar el 100 por ciento del denominado impuesto al cheque, que representaría una pérdida de recursos de unos 10 mil millones de pesos anuales para el fisco nacional. Iniciativa que ya tiene media sanción del Senado.

- Distribuir los ATN acumulados entre las provincias por alrededor de 9600 millones de pesos.

- Recuperar para las provincias el 15 por ciento de la coparticipación que se destina a la Anses, que el año pasado representó unos 14.400 millones de pesos.

- Limitar la posibilidad de reasignar partidas y del excedente presupuestario estimado en unos 40 mil millones de pesos para este año.

- Casi duplicar la Asignación Universal por Hijo, lo que equivale a cerca de 7000 millones de pesos adicionales.

- Eliminar las retenciones al maíz, trigo, sorgo y girasol y disminuirla al 25 por ciento para la soja. Sólo por la reducción del Derecho de Exportación a la soja la recaudación del fisco bajaría 8000 millones de pesos.

- Subir los aportes patronales, disminuidos a la mitad en 1993 por Domingo Cavallo, exceptuando a las pymes, implicaría una mejora de ingresos por 17 mil millones de pesos.

Esta última medida no es mencionada por la mayoría de la oposición. Sólo la impulsan fuerzas de centroizquierda. Si bien es una iniciativa que ayudaría a mejorar la estructura tributaria, en los últimos años se la ha propuesto en diferentes circunstancias como si fuera la llave maestra de la cuestión fiscal: para cerrar la brecha financiera, para “resolver el problema de la pobreza”, para mejorar la asignación universal, para elevar las jubilaciones. Parece que es una exigencia excesiva depositarle a esa medida tantas cualidades.

En forma global, esos proyectos –excluyendo el alza de aportes patronales– se traducen en una merma de recursos de las cuentas públicas nacionales por 41 mil millones de pesos. A la vez, se exige una mayor erogación por 43 mil millones de pesos por los aumentos de las jubilaciones. Con estos números no es muy relevante precisar si la corriente de análisis es ortodoxa o heterodoxa para concluir que esos debates legislativos son un despropósito en términos económicos, no así en el campo político, aunque con objetivos que algunos no se atreven a confesar.