El Gobierno intentará esta semana avanzar con la elección de directores en las empresas donde el Estado tiene participación accionaria. La Anses notificó al de-sarrollador inmobiliario Consultatio, propiedad de Eduardo Constantini, y a los bancos Macro y Galicia su decisión de votar “acumulativamente” en las asambleas generales que se llevarán a cabo entre mañana y el miércoles. De esta forma reiterará el criterio que intentó emplear, sin éxito, en las asambleas de Molinos y Siderar.

En Banco Macro, la Anses posee el 30,9 por ciento del capital, y cuenta con el 28,5 por ciento de los votos; en Consultatio, la participación en el capital social y en los votos de los representantes estatales es del 26,6 por ciento, en tanto en el Grupo Financiero Galicia tiene el 16,7 por ciento, y el 8,7 por ciento, respectivamente.

Mientras tanto continúa el debate sobre la decisión oficial de hacer valer los derechos políticos en línea con la representación accionaria. La diputada del GEN, Margarita Stolbizer, se pronunció a favor de que el Estado designe directores en las empresas privadas donde tiene acciones a través de la Anses, pero reclamó que las personas designadas para esos puestos sean “profesionales idóneos y no una bolsa de trabajo para La Cámpora”. En los últimos días se identificó a Axel Kicillof, el director estatal propuesto para Siderar, como integrante de esa agrupación política, pese a que no forma parte de ella.

Además, Stolbizer planteó que “deberíamos seriamente empezar a cuestionarnos por qué razón la Anses tiene que seguir teniendo plata invertida en empresas privadas mientras que no se les paga a los jubilados lo que se les tiene que pagar”. La legisladora cuestionó el uso de un Decreto de Necesidad y Urgencia para eliminar el tope de 5 por ciento en la representación que tenía el Estado en los directorios de las empresas con acciones de la Anses heredadas de las ex AFJP, y tildó la medida de “un atropello al Parlamento”.

En la misma sintonía, el director del Banco Ciudad, el macrista Federico Sturzenegger, juzgó que “no está mal que la Anses participe en el directorio de las firmas”. Sin embargo, evaluó: “La Anses viene a defender sus intereses, que son los jubilados, y tiene que tener una visión a largo plazo, y es aquí donde surgen las dudas. Porque cuando una empresa no distribuye los dividendos, no es porque quieren esconder la plata sino porque puede reinvertirlos para conseguir más ganancia a largo plazo”.

Del lado oficial, el jefe de los diputados kirchneristas, Agustín Rossi, defendió la medida y admitió que el Gobierno recurrió a un Decreto de Necesidad y Urgencia porque “si mandábamos al Congreso la iniciativa, teníamos para un año por la capacidad de lobby que tienen esas empresas”.

De todos modos, el también candidato a gobernador de Santa Fe aclaró que es un DNU “que tiene tratamiento legislativo”, por lo cual explicó que “si la oposición o las empresas consiguen que el Congreso los respalde, el decreto no tendrá vigencia; mientras tanto, tiene vigencia”. El legislador consideró además que la conducta del grupo empresario Techint, que postergó la elección de los directores estatales en Siderar, es una “actitud de intolerancia” que “no se puede sostener ni permitir”.

El presidente de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, también opinó sobre el tema y consideró que hay una parte del empresariado que hace “una defensa miope de sus intereses”, pero aclaró que hay distintos posicionamientos, y otros empresarios ven que el Estado como socio “implica beneficios importantes”.

Vanoli explicó además que la CNV declaró “irregular e ineficaz” la asamblea ordinaria celebrada el viernes 15 por Siderar por “el desconocimiento del decreto y con la irregular forma de voto”. “La votación desconoció el Decreto de Necesidad y Urgencia, que es un decreto vigente”, y además en la votación hubo una “doble manera de contar que no está prevista en la ley que regula el funcionamiento de las empresas, de las asambleas y de los directorios, que es la Ley de Sociedades Comerciales”.

Consideró que la resistencia de algunas empresas al DNU es porque “les molesta que el Estado tenga la participación que les corresponde, y quizás está circulando con cuestiones que combinan aspectos ideológicos propios del neoliberalismo que imperó en la Argentina durante 30 años hasta la crisis de 2001 y el cambio de paradigma en 2003”. Dijo que “también hay una defensa miope, quizá, de los intereses”, y aclaró que “en ningún caso esto implica ningún avance sobre las empresas sino que implica hacer lo que cualquier accionista minoritario quisiera hacer, que es poder tener información e injerencia en función del esfuerzo que hace día a día en la empresa”.

A su vez, Vanoli confió en que “la Justicia actúe como corresponde porque el DNU es válido, es legal y es un mecanismo constitucional”. “Es tan razonable lo que se está pidiendo que creo que sería desatinado que en el plano judicial hubiera otra visión que la de ratificar no solamente la validez del decreto, que solamente podría ser anulado con el voto en contra de las dos Cámaras del Congreso; que yo creo que pase esto es virtualmente imposible por el consenso que hay en las Cámaras y el consenso social que esto tiene”, remarcó.