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Por Roberto Navarro

La caída de la recaudación impositiva de febrero será más profunda de lo que esperaba el equipo económico. El director de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Alberto Abad, reveló a Página/12 que los ingresos del mes serán un 20 por ciento inferiores a los del mismo período del año pasado. Estimación que corrige la declaración del segundo de Economía, Jorge Todesca, que anteayer aseguró en el Congreso que el derrape de ingresos sería del 15 por ciento. Ayer Abad puso en funciones al nuevo titular de la Dirección General Impositiva. El puesto quedó a cargo de Horacio Castagnola, un funcionario de carrera con más de 20 años de experiencia en la DGI. Abad adelantó a este diario una serie de medidas con las que piensa remontar la recaudación en los próximos meses. Entre ellas, la posibilidad de que los contribuyentes puedan ingresar a la moratoria pagando las cuotas con los plazos fijos que están atrapados en el corralito.
Tanto Abad como Castagnola estiman que a partir de marzo la recaudación comenzará a subir. Confían en una lenta recuperación de la economía y en que el lanzamiento de una batería de medidas que esperan anunciar la semana próxima mejore la performance del organismo fiscal. “La flexibilización del corralito va a tener un doble efecto sobre la recaudación”, explicó Abad. Va a reactivar la venta de automóviles y de viviendas y va a permitir pagar impuestos con los mismos plazos fijos.” El funcionario señaló que la idea es que también se pueda ingresar a la moratoria con los certificados bancarios. Las primeras dos cuotas se pagarán directamente con los certificados y el resto se debitará de las cajas de ahorro. Para eso el Banco Central emitirá una resolución permitiendo el pasaje de fondos de plazo fijo para tal fin.
Con respecto a la lucha contra la evasión, Abad señaló que en los próximos días saldrá el decreto que pone fin al bloqueo fiscal que implementó Cavallo en 1995. Esta legislación restringe el poder de fiscalización de la DGI al último período fiscal para todos los contribuyentes a los que no se les haya comprobado evasión en el último año. Es decir, en la actualidad, si un contribuyente pagó bien los últimos doce meses, la DGI no puede controlar su comportamiento fiscal en períodos anteriores. Luego del decreto, la DGI volverá a poder fiscalizar los últimos cinco años de presentaciones impositivas.
El titular de la AFIP adelantó, además, que en marzo saldrán a hacer un fuerte operativo de fiscalización en la comercialización de cigarrillos, combustible y productos agropecuarios. El funcionario aseguró que haciendo un trabajo “en serio” sobre esos sectores se puede encontrar importantes focos de evasión. En la asunción de Castagnola, Abad aseguró que la AFIP tiene cuatro enemigos: la evasión, el trabajo en negro, el contrabando y la corrupción interna de sus propios cuadros de fiscalización.
El nuevo director de la DGI, un funcionario de 51 años que hasta ayer se desempeñaba como subdirector de Planificación, también señaló a Página/12 que la corrupción instalada en el ente recaudador era uno de los principales problemas a solucionar. “Una de las medidas que tomaremos -indicó el funcionario– es citar a los contribuyentes en las agencias. Se acabaron las interminables inspecciones en las empresas que terminaban haciendo amigos al evasor y al inspector.” Castagnola consideró que los problemas de la DGI son similares a los que están sucediendo en la mayoría de las dependencias estatales. “Es una cuestión de organización, pero también de desincentivación”, opinó.
El flamante recaudador está convencido de que controlando a los primeros dos mil contribuyentes del país la batalla está ganada. Son los que aportan el 80 por ciento de la recaudación. Pero piensa que, con la legislación vigente, la tarea no es sencilla. “Hay una serie de resoluciones y reglamentaciones ambiguas, que las empresas aprovechan en su favor para eludir al fisco”, explicó. “De esta manera se nos complicala fiscalización y también la cobranza.” El funcionario tiene la expectativa de que esta legislación, que obstaculiza el funcionamiento eficiente de la DGI, sea reformada. Pero confesó a Página/12 que, “a veces, hay restricciones que impiden conseguir que el Congreso apruebe las herramientas que necesitamos”.