Luego de más de dos horas de audiencia, el juez neoyorquino Thomas Griesa decidió ayer tomarse unos días más para definir sobre el pedido del Citibank para canalizar sin trabas los pagos de futuros vencimientos de deuda en dólares bajo legislación argentina a los poseedores de esos títulos. La entidad había sido autorizada en tres oportunidades a transferir el dinero, a partir de sucesivas presentaciones ante Griesa en las que argumentó que no se puede discriminar entre los títulos que nacieron del canje y los que se emitieron en operaciones posteriores. En cada oportunidad, la autorización del juez fue por “única vez” y los abogados del Citi y de la Argentina pretenden que se levante cualquier restricción de manera definitiva, lo que permitiría al país emitir deuda bajo legislación local a través de los canales habituales sin riesgo de bloqueo. El magistrado volvió a pedir algún mecanismo que permita diferenciar entre bonos de deuda externa y doméstica, y sostuvo que “teme que su decisión le dé lugar a la Argentina para hacer cosas ilegales”, señalaron a este diario fuentes que asistieron a la audiencia.

“La Argentina espera que el juez Griesa deje de actuar como cómplice del intento de extorsión de los fondos buitre, que resuelva la discusión jurídica planteada en su juzgado hace ya más de ocho meses conforme a derecho”, reclamó el Ministerio de Economía en un comunicado luego de la audiencia. “Es la historia sin fin, después de ocho meses Griesa aún necesita más tiempo para decidir”, se quejó esa cartera.

Con el objetivo de forzar el acatamiento de su sentencia en favor de los fondos buitre, el juez del Segundo Distrito de Nueva York (Manhattan) dispuso bloquear el cobro de los servicios de deuda reestructurada a sus tenedores en todo el mundo. Esta barrera incluyó no sólo a bonos con legislación estadounidense, sino también argentina e inglesa, nominados tanto en dólares como en pesos, euros y yenes. En el caso de la emisión en pesos Griesa autorizó los cobros, pero mantuvo el bloqueo para el resto. Los bonistas europeos accionaron ante la Justicia inglesa, que se expidió a favor de los tenedores ingleses (ver aparte). Por su parte, el Citibank, a través del cual se realiza la transferencia de los fondos a quienes mantienen los títulos, debió pedir autorización en cada uno de los pagos que hizo el país.

El argumento utilizado por el Citibank en cada una de las solicitudes desnudaba el enredo legal y técnico detrás de la orden de bloqueo de Griesa. La filial local del holding estadounidense paga los servicios de bonos en dólares con legislación argentina que nacieron con el canje, pero también los resultantes de emisiones posteriores a la reestructuración, como la que se realizó para pagarle a la petrolera Repsol por la nacionalización de YPF. El Citi explicó en cada oportunidad que no existe manera de discriminar entre los bonos a qué momento de la emisión responden. Griesa concedió excepciones a su propia orden y permitió en tres oportunidades (en julio, septiembre y diciembre) que el Citibank desembolse “por única vez” y cumpla así en esos casos puntuales con los vencimientos. Con el advenimiento de un nuevo vencimiento –del bono PAR el 31 de este mes–, el Citi y la Argentina solicitaron que se permita el pago de servicios de los bonos bajo legislación argentina, ya que no se trata de deuda externa.

La audiencia comenzó a las 14.20 (16.20 hora argentina) en el despacho de Griesa, en el piso 26 del edificio de la calle Pearl al 500, al sur de Manhattan, y se extendió hasta las 16.50 (18.50), con presencia de los abogados del Citi, la Argentina y los fondos buitre. La extensión de la audiencia respondió a las constantes repreguntas del magistrado, que incluso solicitó durante el encuentro que se diera lectura a una orden emitida anteriormente por él para tener “precisión” sobre el temario de esa reunión. Los representantes de la Argentina y del Citibank reiteraron que los bonos bajo ley argentina “no están sujetos” al fallo del magistrado y que, por lo tanto, deberían ser liberados y abonados a sus tenedores sin que medie una autorización especial. Los abogados de los buitres insistieron en que se mantengan las trabas para forzar al país a cumplir el fallo de Griesa en su favor –para cobrar en efectivo el ciento por ciento de su reclamo–.

Tal como hizo en cada una de las autorizaciones excepcionales que brindó al Citi, el octogenario juez volvió a pedir algún tipo de mecanismo para diferenciar el destino de los fondos depositados por la Argentina para establecer qué es deuda externa. La representante del Citibank, Karen Wagner, sostuvo que estaba claro que los bonos bajo ley argentina en posesión del banco es deuda interna y localizada exclusivamente en la Argentina, por lo que esto los deja afuera de su fallo de 2012. Wagner señaló a su vez que el Citibank funciona como custodio y que poner a la entidad bancaria en la posición actual, donde no puede cancelar vencimientos de intereses con sus clientes sin tener participación en el proceso de pago, significa un gran peligro al no poder cumplir con lo que dictan las leyes argentinas. En coincidencia con el planteo de los buitres, el juez Griesa evitó emitir su decisión para analizar mejor el alcance de una eventual autorización. Los buitres habían alertado a Griesa que si el Citi hace llegar el dinero a los bonistas se incurriría en una violación del fallo y de la Justicia estadounidense. “No voy a tomar una decisión esta tarde”, dijo el juez cuando ya habían transcurrido dos horas de la audiencia y dejó abierta su respuesta “por unos días”.