Los trabajadores de la cooperativa Madygraf, ex imprenta Donnelley, presentaron en la causa por la quiebra varios documentos para demostrar el vaciamiento fraudulento que venía llevando adelante esa firma norteamericana meses antes de cerrar el portón de ingreso, el 11 de agosto pasado. Una de las pruebas con las que pretenden que la casa matriz de Estados Unidos sea alcanzada como responsable de la quiebra consiste en mostrar que la firma tiene como modus operandi cerrar plantas en todo el mundo, luego de vaciarlas, dejando incluso el mismo cartel en la puerta como el que se encontraron los operarios argentinos. “Lamentamos tener que comunicarle que, afrontados (sic) a una crisis insuperable estamos cerrando nuestras operaciones y solicitando la quiebra luego de 22 años de actividades en el país”, decía la nota, y debajo un 0800 para que las 400 familias pudieran tener “más detalles” de lo que les esperaba. Sin embargo, nadie lo marcó. En asamblea decidieron tomar la planta y desde entonces producen sin patrón y, aun con dificultades, cobran su salario.

A mediados de 2014, cuando R. R. Donnelley presentó un recurso preventivo de crisis, sus empleados denunciaron que, en realidad, los dueños habían empezado a vaciar la fábrica de Garín. “Llevaban las bobinas de papel a diferentes depósitos, los trabajadores los siguieron, luego empezaron a hacerlo de noche y era imposible frenarlos. Al mismo tiempo decían tener una baja en la producción, pero tercerizaban la impresión de revistas y folletería que históricamente se hizo allí”, recuerda el abogado del Ceprodh (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos) que los representa, Agustín Comas, en diálogo con Página/12. De hecho, una de las pruebas que ya tiene el Juzgado en lo Comercial de Gerardo Santicchia es la denuncia de un depósito de Quilmes que llamó a la Sindicatura General de Empresas porque tenía mil toneladas de papel de Donnelley. “La empresa nunca explicó nada al respecto”, apunta Comas. “Mientras tanto, los gerentes cobraban sueldos de 30 mil pesos y bonos de hasta 70 mil y la gerente de recursos humanos usaba Facebook para denunciar a la comisión de mujeres por una protesta en la puerta del country donde vivía uno de sus colegas. Esta gente cobró indemnizaciones millonarias luego de la quiebra, a pesar de que fueron parte de la maniobra”, agrega el abogado.

Al tiempo que la cooperativa sigue aumentando su producción y el proyecto de expropiación de la planta ya tiene sanción de Diputados en la Cámara bonaerense, uno de los abogados de Donnelley protestó ante la Justicia porque la autogestión de Madygraf imprimió cuadernos que fueron donados a las escuelas de la zona. “El juzgado nos retiene el 15 por ciento de lo que facturamos y nos cobra alquiler, siendo que nosotros pagamos la luz, el gas y los insumos. Producimos más revistas, lo que demuestra que la fábrica era viable, pero para consolidar esto hay que convertir la expropiación en ley en el Senado”, describe Comas. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner había advertido que los dueños consiguieron una “quiebra exprés” en la Justicia y que parte de su capital tenía origen “buitre”. En ese sentido, en el fuero federal tramita la causa por alteración del orden económico, que inició la AFIP.

En tanto, un grupo de ex empleados jerárquicos que se oponen a la expropiación imputó a la cooperativa por un faltante de papel. Ahora, fueron denunciados por los obreros gráficos como parte activa de la maniobra para ocultar el vaciamiento. “Sólo quieren que se liquiden los bienes, pero ahí habría algún conflicto de intereses porque los representa un letrado vinculado con el estudio de los patrones”, dice Comas.