En las últimas semanas se ha lanzado una campaña de estigmatización de la situación política y económica del norte argentino, fuera de contexto histórico y sin datos reales de lo que allí ocurre en materia de desarrollo económico y social. Como un aporte para ilustrar mejor esta situación, nos gustaría presentar algunos resultados de un reciente estudio realizado entre la Universidad Nacional de General Sarmiento y la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación, que demuestra para el período 2003-2013, tanto en el NEA como en el NOA, importantes mejoras en el indicador de inversión pública municipal, que superan incluso la media nacional.

El indicador relaciona el peso de los gastos de capital en los gastos totales y permite apreciar, en este caso para el nivel municipal, las transformaciones, en general, referidas a infraestructura. El promedio nacional pasó de 14 por ciento en 1993-2002 a 17 por ciento en 2003-2013, lo que, sin dudas, es un dato alentador.

Los municipios de las regiones menos desarrolladas lograron un crecimiento de este indicador superior al resto del país. En el NEA, durante la convertibilidad la participación del gasto de capital en los presupuestos municipales no llegaba al 13 por ciento, mientras que en la etapa 20032013 dicho guarismo alcanzó el 22 por ciento. En el NOA el salto fue, para los mismos períodos, del 13 al 20 por ciento.

Interesa especialmente analizar el rol del Estado Nacional como impulsor de este proceso. Más allá de las obras de infraestructura ejecutadas directamente por la Nación y/o las provincias, hay un elemento institucional muy importante para el despliegue de estas políticas. Es el Fondo Federal Solidario (FFS) que ha tenido un rol destacado en el impulso de este importante nivel de inversión transformadora en el territorio.

Vale la pena recordar que el FFS distribuye entre todas las provincias argentinas el 30 por ciento de la recaudación de las retenciones a las exportaciones de soja. Dado que por ser recursos provenientes del comercio exterior no forman parte de la masa que integra la Coparticipación Federal de Impuestos, y que son de total potestad de la Nación, tal distribución nace de la voluntad del gobierno nacional, en el marco del conflicto con las patronales agropecuarias del año 2008, y ello constituye un hecho central como manifestación de la decisión política nacional de apuntalar la inversión pública local.

De lo recibido, los gobiernos provinciales se comprometen a destinar el 70 por ciento a la inversión pública y a distribuir el 30 por ciento restante entre sus municipios, que también deben asignar dichos recursos al gasto de capital.

El destino de estos recursos (siempre en el ámbito de la inversión pública) es una decisión autónoma de cada gobierno local (incluso en algunas experiencias dicha asignación la realiza el Estado junto con la sociedad por medio del Presupuesto Participativo). A la vez que, por tratarse de transferencias automáticas, en que el monto de recursos percibido por cada gobierno local se encuentra predeterminado, tampoco cabe ninguna suspicacia en términos de discrecionalidad.

En el promedio nacional, el FFS financió, en 2013, aproximadamente el 15 por ciento de la inversión pública municipal, sin embargo en el NEA ese guarismo trepó al 25 por ciento y en el NOA al 32 por ciento. En la contienda electoral de octubre, también se juega la necesidad de sostener esta dinámica que busca achicar la brecha de desarrollo entre las diferentes regiones y municipios del país. En ese sentido, como en tantos otros, el resultado de la elección no es neutro.

* Investigadores-docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento.