La Corte Suprema de Justicia decidirá mañana el futuro inmediato del tarifazo del gas, suspendido el jueves en todo el país por la Sala II de la Cámara Federal de La Plata y jaqueado antes por múltiples amparos en distintas provincias y localidades. La expectativa oficial es que el máximo tribunal acepte el pedido de per saltum y automáticamente caigan todas las cautelares hasta que se defina la cuestión de fondo. Sin embargo, esa posibilidad está prácticamente descartada. Los supremos no quieren aparecer en la tapa de los diarios del miércoles como los responsables de avalar un tarifazo implementado con la misma cintura que podría demostrar un elefante en una cristalería. Por lo tanto, en el mejor de los casos podrían comenzar a analizar el tema y postergar cualquier definición para agosto, después de la feria judicial.

El per saltum fue presentado por la Procuraduría General del Tesoro cuando comenzaron a surgir frenos judiciales a los aumentos en distintas provincias. El objetivo de esa herramienta es saltear las instancias judiciales previas y que sea directamente la Corte Suprema la encargada de resolver para evitar que la indefinición sobre el tema se extienda en el tiempo. El jueves se sumó una presión adicional ya que la Cámara Federal de La Plata suspendió el tarifazo del gas a nivel nacional. Además, las protestas de los vecinos en las distintas localidades se han ido incrementando y las asociaciones de consumidores convocaron a un cacerolazo para el próximo jueves a las 20 horas. En este contexto, es muy difícil esperar que la Corte Suprema le tire un salvavidas al gobierno, sobre todo luego de la gran cantidad de errores y desprolijidades que cometió el oficialismo.

El cuestionamiento más recurrente que recibió el ministro de Energía, Juan José Aranguren, es por la falta de audiencias públicas que garanticen la participación ciudadana. El argumento oficial fue que la audiencia pública que avala el aumento en las tarifas de gas se realizó el 6 de mayo de 2004, casi 12 años antes de que Aranguren anunciara el ajuste. Los abogados del ministerio han sostenido ante la Justicia que esa audiencia es válida porque el aumento implementado a través de la resolución 31, del 29 de marzo de este año, no es consecuencia de una Revisión Tarifaria Integral sino de una “adecuación transitoria” que continúa con una negociación contractual iniciada en 2003 y que aún no concluyó porque el gobierno de Néstor Kirchner la dejó inconclusa. “La audiencia pública para dicha adecuación transitoria fue oportunamente celebrada con plena participación de usuarios y consumidores, así como de las asociaciones que quisieron participar, por lo que -entiende - no tiene ningún sustento lógico pretender la celebración de una nueva audiencia pública a los mismos fines”, sostuvo la abogada del Ministerio de Energía, Jimena Diez, según reflejó el juez César Álvarez en su fallo del jueves. “Dicha afirmación no resiste análisis como justificativo de la ausencia de celebración de audiencia pública”, replicó Álvarez en su fallo sin tener que esforzarse demasiado para refutar ese asombroso argumento.

La falta de audiencia hizo tambalear el ajuste, pero no es el único punto débil del proceso. La falta de gradualidad en los aumentos anunciados inicialmente subestimó la reacción popular y los cambios introducidos después, fijando topes de 400 por ciento para hogares y 500 por ciento para pymes, resultaron insuficientes y confusos. A su vez, las empresas hicieron la plancha pensando que el ajuste ya era una realidad y ni se molestaron por asesorar a sus clientes. Recién el viernes, por ejemplo, Metrogas y Gas Natural Fenosa sacaron comunicados intentando explicar los fundamentos del aumento.

Ahora, tanto el gobierno como las empresas, esperan que sea la Corte Suprema la que salga en su rescate y mañana se inmole por ellos haciendo caer las cautelares. Sería toda una sorpresa si eso ocurre.

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