El régimen de las AFJP se puso en marcha en julio de 1994. Unos meses antes, en octubre de 1993, tuvo su lanzamiento formal en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, bajo el lema: “La reforma previsional es muy buen negocio”. “Pero no para los trabajadores, sino para el sistema financiero”, agrega ahora el especialista Gerardo Gentile, autor de una exhaustiva investigación sobre la historia de “la previsión social en la Argentina”, que profundiza sobre “el fracaso de la previsión privada, sus vicios ocultos y efectos colaterales”. El trabajo acaba de ser distinguido por la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social y la Universidad de Alcalá, España. Allí se hace un análisis detallado de las promesas que se hicieron en aquellos años y los resultados concretos cuando las administradoras fueron disueltas, a fines de 2008.

El primer objetivo enunciado por Domingo Cavallo fue el de extender la cobertura previsional. El supuesto atractivo de aportar a una cuenta individual y no depender de la suerte del conjunto de la sociedad haría que los afiliados confiaran en el sistema y quisieran sumarse. Sin embargo, apunta Gentile, en 1994 la cobertura de la población mayor de 65 años era del 75 por ciento y en 2001 ya había bajado al 65 por ciento. Si el Estado no hubiera revertido la situación desde 2003 con un agresivo plan de inclusión y moratorias, las proyecciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ubicaban la tasa de cobertura en el 35 por ciento para el año 2020. El Banco Mundial reconoció a fines de los ’90 que “en Argentina disminuyó la cobertura a un promedio de un punto porcentual por año desde 1994 a 1999 y se proyecta que continuará descendiendo al mismo ritmo entre 2000 y 2030”.

La segunda promesa era eliminar la evasión previsional. “El sistema (de capitalización individual) tiene un incentivo por medio del cual la gente querrá aportar para tener cuentas particulares en las que verá reflejada su situación, cosa que no sucede en el sistema actual” de reparto, afirmaba en octubre de 1992 el entonces secretario de Seguridad Social, Walter Schulthess. En ese momento, siete de cada diez cumplía con sus aportes jubilatorios. Cuando terminó, sólo conseguían aportar cuatro de cada diez. La evasión, en conclusión, creció un ciento por ciento. En 1994 había 6,1 millones de afiliados a las AFJP, de los cuales 4,1 millones aportaban. En 2008 eran 10,3 millones, de los que aportaban 4,5 millones.

En 2004, el Banco Mundial admitía el fracaso: ese nivel de evasión “puede ser el resultado de decisiones racionales de trabajadores, quienes han decidido que los beneficios del nuevo sistema son insuficientes para inducirlos a contribuir, cuando ellos pueden ahorrar de maneras más efectivas para su propio retiro”.

El autor de la investigación reflexiona sobre este punto: “Los defensores de un sistema solidario siempre sostuvimos que el mayor incentivo a contribuir es la solidaridad y la garantía real de un beneficio cierto y digno al momento de la contingencia social”. Y agrega: “El sistema de capitalización es a contribución definida y beneficio indefinido, donde la mayor parte del riesgo, por el magro resultado de las inversiones que serán la base de su jubilación, los corre el trabajador y en última instancia el Estado, solidarizando las pérdidas entre toda la población”.

El discurso dominante en los ’90 era que las AFJP iban a dar lugar a un sistema previsional eficiente y eficaz, bajo administración privada. Sin embargo, catorce años después de su inicio el Estado debía afrontar el 77 por ciento del costo de las jubilaciones que pagaban las AFJP, con aportes extraordinarios para llevar esos haberes hasta el nivel de la prestación mínima. Las administradoras, por su parte, habían embolsado hasta octubre de 2008 11.721 millones de dólares en concepto de comisiones, el 29,8 por ciento del total de aportes realizados por los trabajadores. El negocio había sido bueno, en favor de las AFJP y el sistema financiero.