El millonario proyecto que Endesa y la acaudalada familia chilena Matte (Colbún) pretende levantar en la Patagonia chilena (7000 millones de dólares por 5 represas de 2750 MW y 2000 kilómetros de cables) sufrió un duro revés –luego de que fuera aprobada la primera parte de la iniciativa que afectará los ríos Pascua y Baker–. Ayer, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió tres recursos de protección y emitió una orden de no innovar, lo que paraliza –por el momento– los avances de las megacentrales hidroeléctricas.

Este fallo se suma a las numerosas y masivas marchas que se han llevado a cabo en Santiago y las principales ciudades del país, donde no sólo ambientalistas, sino la ciudadanía en general ha rechazado la intervención a uno de los parajes naturales más hermosos de Chile.

Esto le ha traído innumerables críticas al gobierno de Sebastián Piñera, que para bien o para mal se relaciona con el mundo empresarial. Las bajas en las encuestas respecto de la aprobación del propio mandatario y de su gestión avalan tal rechazo.

Por ello, la decisión de ayer del tribunal de alzada, que emitió la orden tras declarar admisibles los recursos presentados por los senadores Antonio Horvath y Guido Girardi y por los diputados Patricio Vallespín y Enrique Accorsi –junto a diversas organizaciones ambientalistas y de defensa de la Patagonia–, celebró. Guido Girardi, que además es presidente del Senado chileno, dijo que “esta es una gran decisión para Chile y esperamos que cuando se vea el fondo quede claro que este proyecto es ilegal, que se ha aprobado sólo producto del lobby, que está lleno de conflictos de intereses y que ha habido irregularidades gravísimas”.

Vallespín, por su parte, apuntó que con esto “no puede seguir adelante HidroAysén mientras la Justicia no resuelva el tema, porque podían existir leyes que no se cumplieron adecuadamente”.

El senador Antonio Horvath, que pertenece el partido oficialista Renovación Nacional, pero que se ha mostrado contrario al proyecto desde su inicio, espera que con la decisión de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt el gobierno reconsidere el apoyo que le ha dado.

“Me parece muy bien que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt haya acogido los tres recursos de protección y que paralelamente haya decidido no innovar”, indicó Horvath al diario La Tercera. Según el parlamentario este apoyo público por parte de algunos ministros del gabinete de Piñera “rompe la institucionalidad ambiental, porque los ministros son instancias de apelación”. El senador, además, considera que “aparte de las garantías constitucionales esto se superpone en un buen momento, porque hay una campaña pro HidroAysén millonaria”. En ese sentido, espera que esta decisión judicial les dé a los contrarios al megaproyecto la oportunidad de plantear energías alternativas “y que ayude a contrarrestar esta campaña”.

En tanto, el Consejo de Defensa de la Patagonia asegura que con ello se impone el Estado de derecho de la ciudadanía y que demuestra que la iniciativa aprobada ha sido “el proyecto más irregular de toda la historia de Chile”.

Desde la otra vereda, el abogado externo de HidroAysén, Mario Galindo, restó relevancia al fallo. A su juicio, esta decisión constituye un trámite judicial de tipo administrativo que no paraliza el proyecto energético, pues sólo se limita, de acuerdo su análisis, a iniciar el proceso de estudio de los recursos presentados por un grupo de parlamentarios y organizaciones ecológicas de defensa de la Patagonia.

Según el sitio electrónico El Dinamo, el jurista precisó que la resolución es “puramente formal y que no hay pronunciamientos sobre la legalidad o ilegalidad solicitada por la recurrente”.