EL MUNDO › LA CONCEJALA RIBERA ORTIZ INVESTIGABA CORRUPCIóN

La CIDH repudió un asesinato en Beni

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato en Bolivia de Daguimar Ribera Ortiz, concejala del municipio de Guayamerín, localidad ubicada en el departamento del Beni, en Bolivia.

Según la información recibida por la CIDH, el 19 de junio de 2012 Daguimar Ribera Ortiz fue asesinada con dos disparos en la cabeza por parte de dos personas enmascaradas. Se sabe que Daguimar Ribera Ortiz era concejala electa por la agrupación ciudadana Primero el Beni, así como una activa participante de las actividades organizadas por la Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia, e investigaba presuntos actos de corrupción en el municipio de Guayamerín.

La CIDH recuerda que es obligación del Estado investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables. La CIDH insta al Estado boliviano a investigar este crimen, esclarecerlo judicialmente y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.

En su segundo informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, la comisión expresó su preocupación por las represalias cometidas contra líderes sociales por denunciar actos de corrupción de funcionarios públicos. La CIDH insta al Estado de Bolivia a abrir líneas de investigación que tengan en cuenta si el asesinato de Daguimar Ribera Ortiz fue cometido por motivos políticos y como una represalia por su labor fiscalizadora en la localidad de Guayamerín. Asimismo, la CIDH urge al Estado boliviano a adoptar en forma inmediata y urgente todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las defensoras de derechos humanos, que ejercen su labor desde cargos públicos, de liderazgo social y de elección popular.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA.

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